Publicado: 04/10/2022 07:27
Actualizado: 04/10/2022 08:41
Las dos formaciones que forman el Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- han alcanzado este martes a primera hora un acuerdo 'in extremis' sobre el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros de esta jornada.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación a Efe, el acuerdo se formalizará este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.
Así, los miembros del Ejecutivo aprueban este martes el proyecto de Presupuestos, que contará con un techo de gasto de 198.211 millones e incorpora el paquete fiscal del Gobierno, con bajadas de IRPF para rentas bajas. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe que estas cuentas incorporarán el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar y suponen una nueva muestra de estabilidad.
Los socios de Gobierno negocian desde hace semanas el proyecto de las cuentas públicas, el tercero de la legislatura, que el Ejecutivo quería presentar a tiempo para que esté en vigor el 1 de enero. Tras las negociaciones de la pasada noche, esta madrugada se ha conocido que, finalmente, los 'morados' y los socialistas han llegado a un acuerdo.
Según el Ejecutivo, las cuentas públicas para 2023 garantizarán el poder adquisitivo de pensionistas y mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, dicen las mismas fuentes, que destacan también que la sanidad, la educación, la dependencia y las becas serán ámbitos donde el Ejecutivo hará especial hincapié.
Las cuentas de 2023 incorporarán también los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretenden orientar la economía española hacia un modelo "más digital, más verde y más productivo".
Todo apunta a que las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC.
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1% el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9% del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.
Revalorización de las pensiones y subida salarial
Todo apunta a que las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como una subida salarial para los empleados públicos del 2,5%, a la que se podría sumar un 1% adicional en función de la evolución del producto interior bruto (PIB) y la inflación, según el acuerdo cerrado este lunes.
También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.
Por el lado de los ingresos, Hacienda ya presentó la pasada semana su paquete fiscal, que en parte será incluido en el texto presupuestario, como las nuevas bonificaciones en el IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros.
El nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas.
El paquete también incluye un aumento de la tributación para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la rebaja del impuesto de sociedades para micropymes, la bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, rebajas en el IRPF para autónomos o una limitación temporal a la compensación de pérdidas dentro de los grupos empresariales.
Patrimonios de más de tres millones
En cambio, el nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas, recogidos en una proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso.
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