Presupuestos 2024: las cuentas que marcarán el futuro de la coalición

Las dificultades que encara la tramitación de la proposición de ley de amnistía palidecen ante las que esperan a los Presupuestos. Unas Cuentas que deben contener ajustes de más de 10.000 millones ante la vuelta de las reglas fiscales y la vigilancia de Bruselas y, en las que a la vez los socios de Pedro Sánchez esperan concesiones multimillonarias, y que se enfrentan al veto inicial del Senado, y a las que incluso puede acechar la venganza de Podemos.

Respecto a la vigilancia de Bruselas sobre el gasto, hay que recordar que aunque las cesiones en los acuerdos de investidura más llamativas no tendrán un coste inmediato y en todo caso son difíciles de implementar -el caso de la transferencia de Rodalies a Cataluña y la de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco- el pacto con Sumar ya prevé gastos muy voluminosos y se esperan partidas cuantiosas en las Cuentas para el resto de socios. El año pasado, sin la tensión incrementada de los pactos de la recién inaugurada legislatura, los socios de Pedro Sánchez se llevaron cerca de 3.000 millones en los Presupuestos de 2023.

Más allá de los problemas económicos que todo esto puede suponer en una situación delicada para las cuentas públicas, la parte más política se presenta de una complejidad extrema. El Gobierno ha negociado con sus socios el apoyo a los Presupuestos junto a la investidura, lo que ya se percibía a la vuelta del verano que era su intención, refrendada por la presencia de María Jesús Montero en los encuentros.

Montero dijo en TVE que el Presupuesto "formó parte de las conversaciones" de investidura, pero admitió que aún así el Gobierno tendrá que ponerse en contacto con los diferentes grupos para garantizar que ambas partes cumplirán sus compromisos.

A nadie se le escapa que los socios no dejarán escapar la ocasión para reclamar partidas y que unos objetivos de estabilidad de cierta contención pueden propiciar disensiones, que en el caso de Podemos podrían proporcionarle una excusa para explicar a sus bases su voto en contra. La situación en la que se encuentran las comunidades autónomas va a dificultar además el cumplimiento de objetivos. 

Cabe recordar que Hacienda ha comunicado a las CCAA que en 2024 recibirán los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, 134.658 millones de las entregas a cuenta, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

La condonación de la deuda de Cataluña, que puede extenderse al resto de autonomías de régimen común, es también problemática. De entrada, debilita la credibilidad crediticia de España. Este rescate no eleva la deuda del Reino de España ante los mercados financieros, pero dificultará el cumplimiento del objetivo del déficit de 2024 y lanza un mensaje muy negativo a los mercados, de falta de cumplimiento, el llamado riesgo moral, que puede tener consecuencias para la financiación de la deuda estatal. 

Esta operación pone muy difícil cumplir con el déficit del 3% comprometido en 2024. El déficit se está concentrando en la Administración General del Estado y la condonación ahonda el problema. El año que viene las comunidades no pagarán intereses y el Estado sí, con lo que sólo cabe que las autonomías acaben con superávit. La AIReF ha puesto esta condición para cumplir con el déficit de 2024, a la que ha añadido la supresión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Sin embargo, en el Plan Presupuestario que ha remitido el Gobierno a Bruselas se plantea que las comunidades van a tener un déficit del 0,1%.

El Gobierno acaba de aprobar un paquete de ayudas que extiende buena parte de ellas y que puede tener un coste de cerca de 2.500 millones hasta junio.

Todo son incentivos para gastar cuando además se abre un periodo electoral en Cataluña.

Desde la Comisión Europea, han alertado de que la situación fiscal de España es "muy difícil". "Esperamos que el déficit esté por encima del 4% este año y por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025. Además, los niveles de deuda siguen muy elevados, alrededor del 108% este año y por encima del 106% en los dos siguientes. Así que la situación fiscal de España es difícil y requiere de una estrategia fiscal creíble", han comentado fuentes de la Comisión.

Montero ha fiado el cumplimiento del objetivo del déficit del 3% al crecimiento económico, que repercutirá en un aumento de los ingresos. "El crecimiento absorberá el grueso de la deuda y el déficit y seguiremos siendo capaces de sustituir el gasto no eficaz". Y prevé una recaudación del 9% para sostener sus planes.

Cómo burlar el veto del PP en el Senado

Un informe de la Abogacía del Estado para dar cobertura a la amenaza de un ajuste duro. Es el as que se guardaba el Gobierno para burlar el veto del Senado a los Presupuestos. Un "informe jurídico" cuya existencia ha desvelado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 11 de diciembre, que primero ha dicho que tenía "desde hace tiempo" y luego el Ministerio ha admitido que desde hace pocas semanas y de cuyo efecto los expertos dudan.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir -según la ley orgánica, ha dicho- en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.

En caso de que en dos ocasiones no se aprueben por las dos Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, en el Programa de Estabilidad, un objetivo del cero para las comunidades en lugar del déficit del 0,1% que ahora plantea. Es decir, la amenaza es que si el PP no avala los objetivos, a las CCAA se les impondrán unos más exigentes.

A este informe de la Abogacía fía Hacienda el éxito de sacar adelante los Presupuestos lo antes posible y de acuerdo con los estándares de estabilidad presupuestaria y de rendición de cuentas con la UE en plena vuelta de las reglas fiscales. "Es lo que me llevaba, cada vez que me han preguntado, a afirmar que sí o sí habrá proyecto de presupuesto", ha enfatizado Montero. Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto y los objetivos de estabilidad.

Así se explica que el Gobierno no haya promovido ahora una reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con este poder del Senado que creó Cristóbal Montoro en 2012, un veto que la propia Montero intentó eliminar en 2018 y en 2020 en proyectos que decayeron.

En este sentido ha advertido al Partido Popular de que "se equivoca" si piensa que con su estrategia de intentar bloquear los objetivos en la Cámara Alta va a poder impedir que haya Presupuestos.

"Lo que está es tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes", ha alertado Montero.

¿Qué fuerza tiene este informe? ¿Puede realmente sortear el veto del Senado? Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli lo dudan y alertan de que este escenario aboca a un nuevo choque institucional y a un incumplimiento del déficit.

El problema es que no habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes. El Estado podría sacar adelante sus Presupuestos pero no podría exigir a las comunidades que cumplan.

Montero dijo en un primer momento que si el Senado no avala sus objetivos, los Presupuestos de las comunidades quedarán anulados, lo que luego corrigió.

De hecho, todo esto ya ha pasado. En 2018, el Senado entonces también dominado por el PP vetó los objetivos de Montero y Sánchez optó por seguir adelante con los Presupuestos de 2019 sin objetivos de estabilidad. ERC dejó caer finalmente esas cuentas. Y muchas comunidades sacaron adelante sus Presupuestos de 2019.

El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas. Y cómo pretende vincular a las comunidades con un objetivo diferente al 0,1% que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre en el Plan Presupuestario. No habría verdaderos objetivos para controlar el gasto.