A Pepe Álvarez, líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), no le vale con lo conseguido en las negociaciones de la reforma laboral y reclama para comenzar el año una nueva negociación sobre mercado de trabajo, porque, según opina, "nos hemos quedado a medio camino en los cambios necesarios". Adelanta en una entrevista concedida a El Periódico de España que el sindicato va a "presionar más" a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para lograr un acuerdo general de salarios y que centrará su acción sindical durante los próximos 12 meses en "las mujeres y los jóvenes". También establece líneas rojas: Álvarez se niega a dialogar sobre alargar el periodo de carrera para calcular la pensión. "Ni siquiera nos sentaremos en la mesa", asegura.
Pregunta: ¿Qué balance global hace de 2021?
R: Teniendo en cuenta que ha sido un año de pandemia, yo creo que el balance es positivo. Tengo la sensación de que se ha ido más allá de lo que es estrictamente la gestión de la pandemia y hay toda una serie de cuestiones que hemos abordado que son estructurales, de fondo, y que van a perdurar en el país a lo largo de los años. Y cuando estamos en una situación como la que estamos, es de agradecer que se visualice que se hacen cosas que no son solo salir del paso. Es evidente que hay problemas que están ahí: el precio de la luz, más allá de si la media es menor que la de 2018 o no, es un serio problema; en parte coyuntural y en parte de fondo. Tenemos un sistema energético que está muy lejos de ser el óptimo, y eso merece que se tomen medidas pensadas para tener los instrumentos que hagan que nunca más el precio de la energía se desborde sin control. Ahí nosotros pensamos que es imprescindible que el Estado intervenga; nunca tenía que haber dejado este sector y ahora se pone más en evidencia que la presencia del Estado hubiera sido imprescindible para controlar el precio de la energía, no solo para el consumidor, sino también para la industria, que es también muy importante.
P: Afrontamos un año electoral, con citas con las urnas al menos en Castilla y León y Andalucía ¿teme que se enrarezca el clima político y social?
R: Yo creo que es muy difícil que se pueda enrarecer más de lo que ya está. Pero lo que es evidente es que un año electoral como este va a dar poco margen para las políticas de fondo, porque se vivirá con un ojo puesto en las urnas.
P: También es año electoral para CEOE, que ha firmado la reforma laboral por los pelos y se ha descolgado del último pacto en pensiones ¿serán meses difíciles para el diálogo social?
R: Bueno, siempre pensamos que van a ser meses difíciles. Yo, antes de acordar la reforma laboral, tampoco daba por seguro ni de lejos que se fuese a pactar con la patronal. En todo caso, yo creo que el diálogo bipartito se va a abrir camino. Va bastante más allá de la coyuntura política porque tenemos pendiente la negociación colectiva, que si no se aborda con un acuerdo marco estará con toda seguridad llena de conflicto, y tampoco podremos introducir algunas de las cuestiones que hemos pactado en la reforma laboral para que puedan desarrollarse en los convenios colectivos.
Me atrevería a decir que queda la parte más importante. Tenemos pendientes las causas del despido, el procedimiento de los ERE o el propio coste del despido
P: Precisamente UGT y CCOO habéis protestado recientemente ante la sede de CEOE para exigir ese acuerdo marco ¿veis posible el pacto?
R: Cerrada la fase de negociación con el Gobierno, parece que no hay ninguna excusa para no hacerlo ¿no? Yo creo que no solo vamos a tener que presionar más, sino que vamos a ir subiendo nuestro nivel de exigencia en los convenios colectivos, que es la puerta que obligará a la CEOE a sentarse a negociar un acuerdo general.
P: Pactada la reforma laboral ¿qué queda por negociarse en materia de mercado de trabajo en los próximos meses?
R: Me atrevería a decir que queda la parte más importante. Hasta ahora, solo hemos abordado las tres cuestiones en las que el Gobierno se había comprometido con la Unión Europea. Tenemos pendientes las causas del despido, el procedimiento de los ERE o el propio coste del despido. Estas son cuestiones que vamos a tener que abordar con el Ejecutivo; seguramente, de manera inmediata va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a insistir, porque en realidad nos hemos quedado a medio camino de los cambios de fondo que necesita la legislación laboral de nuestro país.
P: ¿Qué recomendaría a los grupos parlamentarios a la hora de proponer enmiendas para la reforma laboral, ya que es un texto acordado por empresarios, sindicatos y Gobierno?
R: Tampoco estamos ante un tema nuevo; acordamos con el Gobierno la cuestión de los interinos y en el debate parlamentario se abrió en canal, así que nosotros mismos negociamos con algunos grupos para que algunas de las enmiendas fueran propuestas que se cayeron durante el periodo de negociación. También pactamos la reforma de las pensiones, y esta ha pasado prácticamente intacta por el Congreso de los Diputados. Yo creo que con la reforma laboral habrá que ir viendo en las próximas semanas de qué manera la quieren modificar los grupos que dan apoyo al Gobierno. Nosotros hemos llegado a un acuerdo de buena fe, que pensamos que es muy positivo, pero también es evidente que nos hemos dejado cosas en el tintero, y si los diputados y diputadas tienen a bien modificarlo, habrá que trabajar dentro de esa coyuntura.
Es evidente que nos hemos dejado cosas en el tintero y si los diputados y diputadas tienen a bien modificarlo, habrá que trabajar dentro de esa coyuntura
P: Los grupos nacionalistas quieren más negociación colectiva autonómica, y la patronal se niega porque dice que amenaza a “la unidad de mercado” ¿qué opina de dar más poder a los convenios autonómicos?
R: Yo creo que los convenios territoriales tienen poder. Sobre todo los sectoriales, que no son tanto autonómicos como provinciales; tienen un peso importantísimo en las relaciones laborales de nuestro país. No sé cómo se puede conseguir más poder; en todo caso, los marcos de relaciones laborales completos en las comunidades autónomas harían que estuviésemos ante una locura de competencias poco razonable. Por ahí se empezó con las políticas impositivas, y hoy es uno de los principales lastres que tiene el marco económico de nuestro país. Creo que deberíamos reflexionar sobre las consecuencias de dar un paso de este tipo, porque no siempre son al alza; a veces, son a la baja.
P: La reforma laboral prevé más sanciones para los empresarios que incumplan las normas; pero esas multas las pone la Inspección de Trabajo, y los sindicatos se quejan de que su plantilla es muy insuficiente ¿qué se puede hacer?
R: Nosotros propusimos durante la negociación que se multiplicaran por dos los efectivos de la Inspección de Trabajo en cuatro años. No solo las plantillas, sino todos los medios. La Inspección lleva mucho tiempo infradotada, tanto de personas como de otros elementos, como el poder acceder a otras bases de información de la propia administración. Yo creo que esto es fundamental si queremos que las nuevas normas tengan efectos en la práctica. A nadie se le ocurriría aprobar un Código de Tráfico sin tener policías para hacerlo cumplir, y en este caso pasa lo mismo: podemos tener leyes laborales de primera, que sin inspectores de trabajo suficientes no estaremos en el buen camino. Por eso, el Gobierno tiene un acuerdo de incrementar la dotación, y se trata ahora ver cuánto y de qué manera se puede avanzar, también tecnológicamente.
Lo que queda pendiente en el acuerdo de pensiones es romper los topes máximos de cotización, pero por mucho que insistan el FMI u otros, no tenemos previsto abrir otra negociación
P: Una de las negociaciones pendientes para este año es la nueva fase de la reforma de pensiones. Entre los cambios que pide Europa, está el aumento del número de años que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión ¿cómo afrontáis esta negociación?
R: No hay nada de qué hablar; no hay caso. El acuerdo de pensiones ha tocado todos los extremos, y lo que queda pendiente es romper los topes máximos [de cotización], pero por mucho que insistan el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros, no tenemos previsto abrir otra negociación. El acuerdo está hecho, la Seguridad Social continúa aplicando el pacto de 2011, que por cierto no termina de desplegarse hasta 2027, y este año ha entrado en vigor precisamente la extensión del periodo de cómputo hasta los 25 años. Y no hay nada más de qué hablar. Con nosotros que no cuenten, ni siquiera para sentarnos en una mesa, para hablar de esos temas.
P: 2021 ha sido un año de cambios para UGT, con un Congreso en el que han renovado equipos y hasta el nombre: Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ¿Qué prioridades se plantean para 2022?
R: La prioridad del sindicato es la negociación colectiva y la subida de los salarios: éste es el eje central de nuestra política para 2022. De hecho, la media de salarios en España está prácticamente estancada desde 2008. Es cierto que los convenios han ido subiendo, pero porque hay mucha gente que ha entrado en convenios de baja intensidad salarial. Por otra parte, la entrada en vigor de la normativa que se acaba de aprobar requiere que extrememos la acción sindical, por supuesto en las empresas donde estamos pero también intentando extender el sindicato para poder controlar qué pasa con los contratos eventuales y si se aplican las nuevas normas en materia de convenios o de subcontratación.
Y el sindicato tiene que continuar creciendo, tiene que seguir haciéndose más transparente, más abierto a la sociedad, sobre todo de una manera muy especial a los jóvenes y a las mujeres. La aprobación en el último Congreso de situar en primer lugar en el nombre a las trabajadoras es toda una declaración de principios de hasta qué punto queremos dedicar la acción sindical a la mujer, que es un colectivo claramente discriminado en el mundo del trabajo. Las mujeres, y los jóvenes también, padecen la mayoría de los contratos temporales; de ahí la importancia que tiene el desarrollo de la normativa recién aprobada, y ahí vamos a centrar nuestro trabajo.
