España tuvo que crear a partir de 1976, una vez aprobada la Constitución, un sistema público de ayudas para financiar tanto a los agentes políticos como a los sociales y empresariales, en su labor representativa y negociadora para atender a los cambios democráticos y laborales que se iban a producir. Ese sistema de subvenciones no sólo se ha mantenido en estos casi 50 años, sino que ha aumentado exponencialmente sin que ningún Gobierno haya procedido en algún momento a su revisión, adaptación a las circunstancias o a su supresión.
De esta forma, las Administraciones públicas (Estado, autonomías, diputaciones, cabildos y ayuntamientos) se han convertido en los principales ‘mantenedores’ de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como de un ingente puzzle de asociaciones de todo tipo (hasta 5.400), federaciones, confederaciones, uniones o unión de uniones tanto nacionales como regionales o comarcales, que en muchos casos no se sabe para qué sirven. Y se ha configurado una ‘bola de nieve’ de gasto que supera con creces los 300 millones de euros anuales.
Hasta ahora, se sabía de su existencia pero se desconocía la cantidad que percibe con ‘nombre y apellidos’ cada una de estas asociaciones. En todo caso, aunque se ha tardado y la información tiene muchas lagunas porque muchas Administraciones, sobre todo regionales y locales, no facilitan los datos o no los aportan en su integridad, Hacienda ha elaborado un listado de los grandes beneficiarios de estas ayudas públicas (a partir de los 100.000 euros de consignación) en aplicación de la Ley de Transparencia de 2013.
Subvenciones para los políticos
Según los cálculos realizados, los partidos recibieron en 2022 (últimos datos disponibles con información actualizada a finales de 2023), los partidos recibieron más de 67 millones en subvenciones, mientras que el conjunto de los sindicatos obtuvo 101 millones; y 88 millones, la patronal CEOE, así como sus organizaciones satélite. Por su parte, otras asociaciones empresariales, de tamaño regional o local, consiguieron más de 13 millones mientras que las organizaciones agrarias tuvieron a su disposición ayudas superiores a los 18 millones. Por su parte, las agrupaciones de autónomos alcanzaron los siete millones y las cooperativas se situaron por encima de los cinco millones.
El PSOE es el partido que más subvenciones públicas recibió en ese ejercicio hasta superar los 25 millones. Obtuvo 17,8 millones de forma directa, mientras que el PSC (Cataluña) se aproximó a los dos millones. El resto de las ayudas publicadas vienen del Grupo Socialista del ayuntamiento de Sevilla (624.000 euros) así como de otras dos diputaciones, de la Fundación Pablo Iglesias y Fundación Carolina (adscrita al Gobierno).
Es toda la información que aparece en el listado de Hacienda. Lo que significa una evidente falta de transparencia ya que faltan muchos datos por computar y mucho dinero sobre todo del ámbito autonómico y local mientras que el legislador se ha olvidado de establecer un régimen sancionador para quienes no cumplan con esta obligación legal. Es posible que la cifra real total del conjunto de los partidos triplique esos 67 millones que aparecen en este listado.
El PP figura en segundo lugar con 15,3 millones, pero, a partir de ahora, la cifra será superior por el resultado electoral en 2023. De ellos, 12,9 millones son subvenciones directas mientras que hay datos del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid (1,6 millones) y de cuatro diputaciones (por ejemplo, las de Jaén y Sevilla recibieron casi 200.000 euros cada una).
A partir de aquí, la información existente se circunscribe a las subvenciones nacionales. El listado aporta estos datos: Vox obtiene 8,7 millones; Podemos, 4,9 millones; Ciudadanos (3,4 millones); ERC (1,9 millones); Izquierda Unida (1,5 millones); PDeCat (1,3 millones), partido fundador de Junts; PNV (1,1 millones incluyendo las ayudas recibidas por el grupo municipal en Bilbao); Catalunya en Comú (casi 900.000 euros); Bildu (700.000 euros); CUP (500.000 euros); BNG (373.000 euros); UPN (261.000 euros); Coalición Canaria (209.000 euros); Nueva Canarias (198.000 euros); y Partido Regionalista de Cantabria (197.000 euros).
Los sindicatos se llevan 93 millones
La información de las subvenciones públicas de los sindicatos y organizaciones empresariales es más amplia, pero también existen grandes ausencias en los datos autonómicos y locales. Los dos sindicatos mayoritarios de clase se reparten más de 93 millones de euros (53 millones para UGT y 40 millones para UGT), incluyendo la parte correspondiente que perciben las Fundaciones e Institutos dedicados a impartir cursos de formación, que en algunos casos comparten con la CEOE (por ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción percibe 25,5 millones), así como algún centro aislado también de formación en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Aquí se encuentran también las subvenciones de algunas confederaciones, federaciones o uniones regionales. En el caso de CCOO, la de Cataluña percibe 3,4 millones, 2,4 millones la Valenciana y 2,3 millones la de Castilla La Mancha; y en el de UGT, UGT Cataluña obtiene 3,1 millones y 2,6 millones la de Castilla y León mientras que la Federación de Servicios Públicos tiene asignados 3,3 millones.
El resto de los sindicatos se reparte más de nueve millones en ayudas. Destacan los casi 4 millones de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF); los 1,1 millones de la Confederación Intersindical Galega; el casi millón de USO; así como los 1,5 millones del Sindicato de Pagesos de Cataluña; los 300.000 euros de que dispone la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (FEDECA); o los 200.000 euros del Sindicato Profesional de Médicos de Murcia.
De los casi 88 millones que recibe CEOE, directamente obtiene casi 16 millones, de los que 15,3 millones corresponde a fondos europeos, casi nueve millones proceden de la Fundación Laboral de la Construcción a través de la CNC; mientras que Cepyme obtiene 5,1 millones y la patronal catalana Fomento Nacional de Trabajo alcanza los 2,5 millones. La ‘tarta’ es amplia también en las organizaciones regionales dependientes. Por ejemplo, Castilla y León ingresa 2,8 millones; Madrid, 2,5 millones; y Andalucía, 1,9 millones mientras que la Cepyme de Aragón supera los 1,8 millones y la de Guadalajara los 1,5 millones. A nivel sectorial el metal se lleva 2,6 millones y 1,9 millones el transporte de mercancías.
Otras asociaciones empresariales
Existe también otro grupo de asociaciones empresariales a escala más local que se llevan casi 13 millones en subvenciones. Por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Constantina (Sevilla) percibe 1,7 millones, los mismos que la Asociación de Empresarios Emprendedores de Lanzarote o la de Móstoles (600.000 euros) o la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (500.000 euros) así como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (300.000 euros) o la Asociación de Fabricantes de Ladrillos (100.000 euros).
De los más de 18 millones que reciben las organizaciones empresariales agrarias, la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) consigue más de siete millones y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) llega los seis millones. Por su parte, las cooperativas que reciben ayudas públicas están muy diseminadas en este listado ya que algunas aparecen en la relación de empresas subvencionadas en lugar de las asociaciones. En todo caso, es la Confederación de Cooperativas de Cataluña (2,2 millones) la que más dinero obtiene. Le sigue la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia con 1,1 millones.
En cuanto a las organizaciones de autónomos, tampoco están todas las que son en realidad. De los más de cinco millones que perciben globalmente en el listado de Hacienda, la que más recibe es la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (1,7 millones). De las organizaciones de ámbito nacional hay pocos datos. Es el eterno problema de la información pública: se tarda en crear normas de transparencia y, cuando se configuran, se limita a datos incompletos y desagregados. Lo que evidencia una clara falta de compromiso con la ciudadanía y los contribuyentes.
