La tormenta dista de amainar en Can Barça. Los mensajes del presidente y abogado Joan Laporta apenas han aplacado el creciente temor a consecuencias tras desvelarse la sucesión de pagos millonarios del club al número dos del arbitraje entre 1994 y 2018, el barcelonés José María Enríquez Negreira. Tres cuartos de lo mismo tras la alocución del titular de la patronal de los clubes, Javier Tebas, pese a su "no habrá sanciones deportivas al Barça".
La posible condena administrativa se ha evaporado -al menos, a corto plazo- al haber prescrito las presuntas infracciones, pero ello, a expensas de la vía penal. Y es que las diligencias que está practicando la Fiscalía de Barcelona han reabierto la vía para un castigo deportivo sin precedentes. "Si finalmente la Fiscalía interpone una querella, podría acabar habiendo sanciones pese a la prescripción administrativa", apuntan a Vozpópuli fuentes del gobierno del fútbol nacional. "Es difícil que pase", matiza un directivo.
La jurisdicción penal dentro de la que está actuando la Fiscalía contempla sanciones y penas de cárcel para los directivos presuntamente implicados a título personal, como el propio Joan Laporta -presidente del Barça entre los años 2003 y 2010, en los que se habrían continuado e incluso incrementado los pagos-. Pero también abre la puerta a consecuencias para el club: de uno a cinco años sin poder ejercer su actividad, esto es, una inhabilitación.
Se trata del escenario más extremo -pero factible para el caso, según fuentes jurídicas- dentro de un complejo abanico que incluye multas económicas, pérdida de ayudas públicas y sanciones en línea con las previstas en la jurisdicción estrictamente deportiva: en esencia, la pérdida de categoría, según prevén el Real Decreto de 1993 en materia de disciplina deportiva y el código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.
Todos estos riesgos laten detrás de un proceso que podría extenderse meses y que recuerda a la causa de conspiración arbitral que costó la categoría al equipo más ganador y entonces vigente campeón en Italia, la Juventus de Turín.
Fue en torno a la temporada 2004/2005 que la policía comenzó a interceptar conversaciones telefónicas que apuntaban al intento de directivos de la Vecchia Signora de influir en designaciones arbitrales. Las escuchas -y presumiblemente su filtración a la prensa- motivaron una investigación fiscal y judicial que acabó forzando la irrupción en el caso de los tribunales deportivos. En cuestión de dos años, la Federación italiana acabó condenando a la Juventus con la pérdida de dos scudettos y el descenso a la Serie B.
El caso del Barça
En el caso de los blaugrana, el club correrá riesgos deportivos desde el momento en que la Fiscalía interponga una querella y el juez la admita a trámite, lo que pondría fin al plazo de prescripción penal y avivaría el alcance jurídico a todas las partes afectadas. El tipo de delito que se investiga no prescribiría hasta mediados de este 2023 ya que le correspondería un plazo de al menos cinco años desde el fin de la comisión. La relación contractual del Barça con Dasnil 95 finalizó al cierre de la temporada 2017/2018, por lo que el ministerio público habría de presentar su querella y un juez, admitirla a trámite antes del verano para que no prescriba, presumiblemente.
En ese hipotético escenario, LaLiga se podría presentar como acusación particular. Por su parte, la RFEF se ha personado ya, abriendo también un expediente al club y al Comité Técnico de los Árbitros que, al fin de cuentas, depende de la misma Federación. En otras palabras, la propia entidad que encabeza Luis Rubiales podría también ser eventualmente sancionada por la Justicia -por ejemplo, con la pérdida de subvenciones públicas-, si bien no necesariamente con la intensidad que el Barça. De hecho, la propia Federación podría apelar a un castigo al club como forma de atenuar el foco sobre sí, de acuerdo a fuentes jurídicas.
Las cuentas de la empresa acumulan más de 3,6 millones en ingresos entre 2008 y 2018 y dejan de registrar entradas de dinero tras la salida de Enríquez Negreira del comité del arbitraje
El juez debería determinar si el Barça buscó influir o no en la competición y estimar o no una condena al efecto en función de las pruebas y los testimonios de las partes, como podría ser el de LaLiga en representación de los demás clubes. Y ello, a tenor de las implicancias de una relación contractual de casi dos décadas y de millones de euros con cargo a "asesorías verbales" como la que ha tenido el Barça con el número dos del comité arbitral en España.
Lo anterior podría comportar castigos en la vía penal para el club blaugrana de índole deportiva y extradeportiva si se comprueba tras esa relación contractual con Dasnil "la finalidad de predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva". Una definición que enlaza con el tipo más grave de infracción previsto por la Ley del Deporte.
Las fuentes consultadas matizan que el Barça podría ver una hipotética pena atenuada en caso de constatarse que los directivos implicados en los presuntos ilícitos lo hicieron eludiendo modelos de actuación previamente fijados por el club.
Por lo pronto, la inspección de Hacienda sobre los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de Dasnil ha revelado que más del 95% de la cifra de negocios correspondía a pagos del Barça por asesoramiento "técnico" a la entidad para "asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, en palabras de Negreira, 'que todo fuera neutral'". Las cuentas de Dasnil acumularon más de 3,6 millones en ingresos entre 2008 y 2018 -la época dorada de los culés en lo deportivo- y dejaron de registrar entradas de dinero tras la salida de Enríquez Negreira del comité técnico del arbitraje español.
"Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades", fue la amenaza reproducida por El Mundo del propio Negreira -ya fuera de su cargo en el arbitraje, en 2019- al entonces presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu tras comunicarle que rompía el vínculo económico. Los pagos habían comenzado en 2001 y rondarían los siete millones de euros.
