La Comisión del Pacto de Toledo echó a andar el pasado noviembre con un propósito claro: cerrar unas nuevas recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones antes de primavera para poder enviárselas al Gobierno. Pero ya ha empezado febrero y de momento siguen escuchando la opinión de expertos y sin visos de sentarse a negociar. Al menos hasta que el Gobierno y los sindicatos, que están reuniéndose en paralelo, presenten un documento con las principales líneas de trabajo de la reforma.

Ni siquiera les basta un compromiso firme o unas declaraciones cargadas de buenas intenciones. Quieren un documento para no trabajar en balde. "Son ellos quienes tienen que dar el primer paso", señalan fuentes parlamentarias. El problema es que el Gobierno y los sindicatos siguen también muy alejados y sus negociaciones van muy despacio. Según los representantes de los trabajadores, es el Gobierno quien no da pasos al frente y no se moja al hablar de líneas de trabajo.

De momento, lo único que ha hecho el Ejecutivo es aumentar las bases de cotización este año (un 3% la máxima y un 8% la mínima) y anunciar la emisión de deuda para garantizar las prestaciones. De hecho, el Gobierno ha decidido no agotar el Fondo de Reserva este año, que solo cuenta ya con unos 15.000 millones, y tirar de Tesoro para las dos pagas extra de 2017, lo que le obligará a emitir unos 16.000 millones a lo largo del año.

También está dispuesto a hablar del destope de las bases máximas de cotización, que posiblemente iría acompañado también del destope de la pensión máxima. Y quiere estudiar cambios en la cotización de los autónomos y convertir las actuales reducciones de cotizaciones de las tarifas planas en bonificaciones para que se financien vía Presupuestos y reducir así el agujero de las pensiones.

De momento solo se ha hablado de medidas para tapar el agujero del sistema, no de grandes reformas

Estas medidas servirán para hacer frente al problema de la Seguridad Social a corto plazo, pero no van orientadas a plantear una verdadera reforma del sistema que garantice su viabilidad en el futuro. Y esto es, precisamente, lo que quieren algunos de los participantes de la Comisión. Por eso no quieren meter prisa y trabajar en función de un calendario. De hecho, recuerdan que las últimas recomendaciones pactadas por el Pacto de Toledo se negociaron durante uno o dos años.

Por eso, fuentes parlamentarias aseguran a este periódico que las negociaciones van para largo. Es el momento de las pensiones y no conviene precipitarse. Hay que ir despacio, estudiar todas las posibilidades y ofrecer a los ciudadanos garantías reales de que el sistema seguirá garantizando unas prestaciones dignas en el futuro. "Toca reflexionar con tranquilidad y es el momento de hacerlo", sostienen.

Nuevos expertos

Además, las comparecencias seguirán la semana que viene y algunos partidos quieren llamar a nuevos expertos ante la importancia que están adquiriendo algunos temas en el debate, como el de las cuentas nocionales, una posibilidad que han planteado varios expertos que han pasado estos meses por el Congreso y que gusta a algunos grupos de la Cámara. Así que no habrá recomendaciones en primavera. Y puede que ni siquiera lleguen antes del verano. 

Una cosa está clara, la reforma del sistema de pensiones es uno de los grandes retos del Gobierno y su intención, o al menos eso dice, es llegar a un acuerdo con el resto de las formaciones y con los agentes sociales. El sistema es un pilar básico del estado de bienestar español y tiene que estar preparado para los duros retos demográficos que se avecinan: En el año 2026 se jubilarán unas 800.000 personas al año y solo 400.000 se incorporarán al mercado laboral