Nuevos ERTE: Calviño introduce la intervención estatal

El retorno de Nadia Calviño a la mesa de negociación de la reforma laboral viene cargado de sorpresas. Tras el enfrentamiento con Yolanda Díaz por el control de la mesa de hace dos semanas, la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos ha presentado una propuesta de nuevos ERTE que aumenta el intervencionismo estatal por encima de lo que había planteado Díaz. Estos nuevos Expedientes pospandemia, denominados 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo', requerirán de la autorización del Gobierno en el Consejo de Ministros, a propuesta, en primer lugar, del Ministerio de Asuntos Económicos, seguido de los de Trabajo e Inclusión, a partir de un informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que preside la propia Calviño. Así lo recoge el borrador que ha remitido el Gobierno a los agentes sociales y que se va a analizar hoy en la mesa de la reforma laboral.

El nuevo modelo, que ha adelantado Lainformación, es completamente inédito, ya que se trata de la primera intervención gubernamental en este asunto. Hasta la fecha, ha habido intervención administrativa a través de la autoridad laboral. En la reforma laboral de 2012, se redujeron sus potestades, ya que se eliminó la necesidad de que diera su autorización administrativa previa en los ERE, aunque siguió teniendo cierta participación, reducida al control de ciertos requisitos formales exigidos al empresario y a tareas de mediación.

El pasado mayo, el Gobierno ya apuntó que se planteaba recuperar la autorización administrativa previa ante la llegada de una avalancha de ERE que se estaban anunciado, algunos de ellos, de la banca, que fueron censurados por el propio Pedro Sánchez.

Pues bien, la nueva propuesta no sólo recupera la autorización administrativa sino que ésta deviene además gubernamental. Se trata de un nuevo artículo 47bis en el Estatuto de los Trabajadores que establece que el Ministerio de Asuntos Económicos “podrá establecer parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores que determinen la presunción de las causas de activación" de los nuevos ERTE. Habrá de tres tipos: de fuerza mayor, de reestructuración y sectorial.

Los Expedientes podrá activarse si concurren dos tipos de causas: estructurales y cíclicas. Las estructurales, en el supuesto de que en un sector de actividad se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o la introducción de métodos de trabajo y procesos de producción novedosos, que generen pérdidas de competitividad. En este escenario, la empresa podrá recualificar trabajadores para que mantengan su puesto o lo encuentren en otras. Las cíclicas serán “causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización". El Consejo de Ministros podrá exigir a las empresas la implantación de la distribución irregular de la jornada.

El nuevo ERTE podrá tener una duración máxima de doce meses si hay acuerdo y de seis meses si no lo hay. El de causas estructurales podrá tener sólo dos prórrogas de seis meses cada una.

Respecto al procedimiento para la solicitud, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral y la apertura simultánea de un periodo de consultas de un máximo de siete días. En el caso del mecanismo por causas estructurales, deberá acompañarse la comunicación de un informe justificativo de los efectos para la empresa de las causas recogidas en el acuerdo del Consejo de Ministros y de un plan de recolocación de los trabajadores afectados.

Formación para recolocar

El nuevo mecanismo prevé que la empresa forme al empleado para recolocarlo en otra empresa, y se creará un Fondo, llamado RED, para financiarlo. La recolocación en otra empresa fuera del grupo empresarial tendrá que ser aceptada por el trabajador de forma voluntaria mediante su dimisión. En ese momento, la empresa de origen transferirá al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación, con el fin de constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación. El trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales. En el marco de aplicación de la modalidad estructural, la recolocación de los trabajadores en una empresa en el mismo grupo empresarial conllevará la subrogación de su contrato de trabajo en la nueva empresa, incluyendo la antigüedad del trabajador.

En caso de un eventual despido por causas no atribuibles al trabajador en la empresa receptora, el Fogasa le abonará una indemnización de importe equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido en caso de haber sido despedido en la empresa de origen. Si el trabajador lo rechaza, se mantendrá vigente su contrato de trabajo. Los trabajadores que, tras la finalización de estos procesos de recolocación de la modalidad estructural, no pudieran ser recolocados ni dentro del grupo empresarial ni en empresa distinta, o no acepten las ofertas de recolocación, podrán ser despedidos, sin perjuicio del mantenimiento de su contrato de trabajo en la empresa en reestructuración si ello resulta viable y posible.

Las empresas que contraten a personas trabajadoras afectadas por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos de trabajo de carácter indefinidos, incluido los contratos para fijos-discontinuos, tendrán derecho a la aplicación de una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% durante un período de 6 meses.

Sigue la prohibición del despido

El mecanismo mantiene algunas de las exigencias de los ERTE Covid, algunas de las cuales han causado gran malestar a la patronal, sobre todo la prohibición de despedir durante seis meses. "El mantenimiento de los beneficios en materia de cotización vinculados al Mecanismo RED estará condicionado al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas por el Mecanismo durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de referencia de aplicación del mismo", establece. CEOE viene exigiendo su retirada, sobre todo desde antes del verano, en la negociación de la penúltima prórroga de los ERTE. De esta forma, la propuesta prohíbe las horas extra y las externalizaciones  durante la aplicación del mecanismo, ni se podrá contratar salvo perfiles que no haya en plantilla. Se mantiene la cláusula de mantenimiento del empleo y habrá rebajas de cotizaciones sociales en línea con los ERTE de la pandemia. Esta prohibición del despido también estaba en la propuesta de ERTE postCovid que remitió Trabajo en julio y que ocasionó el plante de CEOE y que llevó al Ministerio que dirige Yolanda Díaz a retirar esta exigencia.