Publicado: 28/11/2021 04:45
Ni siquiera en la Oficina Económica de Moncloa son capaces de identificar al vuelo proyectos privados que hayan recibido ya fondos europeos de recuperación. La anécdota invitaría a la guasa si no se tratara de un asunto tan serio. A estas alturas, 215 días después de que Pedro Sánchez presentara su Plan de Recuperación, no hay constancia de iniciativas empresariales que ya estén rodando con el combustible de las ayudas comunitarias.
Es cierto que ya se han desbloqueado partidas de fondos, pero son diminutas en comparación con lo presupuestado para este año (casi 27.000 millones). Dos detalles más: son difíciles de cuantificar -no es sencillo, precisamente, 'bucear' en la web oficial de Moncloa- y la inmensa mayoría la han absorbido hasta ahora proyectos promovidos por las administraciones.
Para medir el retraso en la ejecución hay que hablar de previsiones, cifras y fechas. De entrada recordemos que la estimación oficial de crecimiento para 2021 se basa, precisamente, en el empujón esperado de los fondos. En abril, el Ministerio de Economía pronosticó que el PIB crecerá un 6,5%. Su apuesta no ha variado desde entonces, pese a que todos los servicios de estudios han aplicado recortes drásticos. Si Nadia Calviño la mantiene es por la plena confianza en que las ayudas europeas tendrán un potente efecto tractor sobre la economía en el tramo final del año.
Sánchez se lo juega todo a la baza de los fondos: la recuperación, el clima social y la duración de la legislatura. Es más que ilustrativa una infografía recién distribuida por la Comisión Europea (ver gráfico adjunto), que compara cómo piensa financiar cada país sus medidas anti crisis. España es, de lejos, el socio de la Eurozona que tirará más del dinero comunitario (en verde en la infografía) y menos del estatal (colores azules). Ese 'liderazgo' obedece tanto a la esperanza en sacar el máximo partido a los fondos europeos, como al elevado nivel de deuda y déficit que soportan nuestras cuentas públicas.
Vayamos a las cifras. El dinero europeo sí está fluyendo hacia España, pero llega con cuentagotas al sector privado. El 17 de agosto, la Comisión Europea realizó una primera transferencia de 9.000 millones (el 13% del total asignado). Y estamos a las puertas de recibir una segunda partida de 10.000 millones, solicitada el 12 de noviembre. No hay dudas sobre su concesión, ya que está supeditada a los objetivos cosechados desde febrero de 2020 hasta junio de 2021. En ese periodo, el Gobierno sacó adelante con éxito medidas como la 'Ley rider' o la primera fase de la reforma de las pensiones.
Pese a contar con 27.000 millones disponibles en los Presupuestos y 19.000 millones europeos ya en la cartera, el Ministerio de Hacienda apenas ha ejecutado 5.000 millones hasta octubre. Pero esta partida aún no está fluyendo por la economía real. Al contrario, la inmensa mayoría de los fondos están retenidos en las arcas autonómicas, que son las destinatarias de las transferencias del Estado y las encargadas de canalizar los fondos hacia los proyectos. El atasco es monumental y está provocado por la burocracia y las trabas que impiden aunar con fluidez la oferta (subvenciones disponibles) y la demanda (iniciativas empresariales).
"Para poder acceder a las ayudas y que un proyecto sea aprobado, la agilidad es crucial. El plazo de vigencia de las convocatorias es muy reducido y las convocatorias vencen en los plazos establecidos, sin posibilidad de ampliaciones o prórrogas", recuerdan desde KPMG.
El atasco es monumental y está provocado por la burocracia y las trabas que impiden aunar con fluidez las subvenciones y las iniciativas empresariales
Volvamos de nuevo a las cifras. El único dato oficial disponible es de agosto y lo aporta la Intervención General del Estado: 104 millones de euros. Ese es el dinero que había llegado, de verdad, a pie de calle. Sin embargo, las estadísticas de septiembre y octubre no desglosan ya esa información. Por dos posibles razones: las dificultades para cuantificar rápidamente lo distribuido o el interés del Gobierno en postergar unos datos que no le convienen de cara a la opinión pública.
Fuentes inmersas a la negociación de los proyectos admiten que, como mucho, la cifra ascenderá a unos cientos de millones a final de año. Y no todas las subvenciones servirán para financiar nuevas iniciativas. Al contrario, los pocos fondos desbloqueados se están quedando en las administraciones, para impulsar inversiones que encajan en los objetivos del Plan de Recuperación. Muchas de ellas estaban diseñadas con anterioridad y se materializan con contratos públicos, que pueden acabar adjudicados a empresas privadas... o públicas.
Los nuevos proyectos privados, los que en teoría van a impulsar y transformar la economía, no acaban de arrancar. Ni los grandes ni los pequeños. "Existe un sentimiento de frustración cada vez más extendido por la llegada de los fondos a las empresas. Se creó un 'suflé' entre enero y mayo por la publicación de un amplio número de Manifestaciones de Interés, que se ha ido desinflando por la lentitud en la publicación de las convocatorias", admite Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos en CEOE. "Se han manejado mal las expectativas y eso, si seguimos con un bajo nivel de ejecución, puede traducirse en un impacto mucho menor del previsto en el PIB y, por tanto, en la velocidad de la recuperación económica", añade.
Existe un sentimiento de frustración cada vez más extendido por la llegada de los fondos a las empresas. Se creó un 'suflé' entre enero y mayo que se ha ido desinflando"
En las patronales de grandes empresas se critica lo mismo que en las que agrupan a pymes o autónomos: "De entrada, hay un problema de comunicación, muchos empresarios no tienen muy claro para qué valen los fondos", apunta el presidente de una de ellas. Esas lagunas informativas actúan como primer cuello de botella. Pero hay otros, bastante más graves. "Aunque el Gobierno no deja de insistir en la buena coordinación con las comunidades autónomas, lo que ocurre es lo contrario. Los trámites son lentos, cuesta intercambiar información, y eso afecta directamente a la ejecución de los proyectos, que dependen en último término de las autonomías", asegura un directivo que está sufriendo' los procedimientos.
¿La complejidad de los trámites justifica los enormes retrasos? A juicio de quienes aspiran a usar los fondos, no. Principalmente, porque el Ejecutivo disponía de margen suficiente para desarrollar los mecanismos. Vayamos ahora a las fechas. Si Pedro Sánchez contaba con la baza de los fondos para disparar el PIB es porque ha tenido tiempo de sobra para diseñar el despliegue.
El presidente sabe desde el 21 de julio de 2020 que España tiene concedidos 140.000 millones de dinero comunitario, la mitad a fondo perdido. También los criterios exigidos para aprovecharlos. Ese mismo día de 2020, tuiteó desde su cuenta oficial que el Fondo de Recuperación de la UE es "un auténtico Plan Marshall para dar una respuesta contundente a la crisis del COVID19, centrada en las transformaciones necesarias para lograr una economía más resiliente, verde, digital e inclusiva".
El líder socialista lo veía tan claro que el 7 de octubre anunció que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluirían una partida cercana a los 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos futuros. Sánchez asumía ya que España era capaz de articular en tiempo récord proyectos merecedores de las subvenciones y de sacar adelante las reformas que Bruselas exigiría a cambio. Por eso empezó a definir las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El 7 de marzo avanzó un 'aperitivo'. En una tribuna dominical en El País, 'vendió' el primer 'megaproyecto': la creación de una fábrica española de baterías de vehículos eléctricos. Se encargaría de promoverla a través de un PERTE -el primero- un consorcio público-privado liderado por Iberdrola, Seat y Volkswagen. Un mes más tarde, el Gobierno destapó el resto de la 'artillería'. El 27 de abril, Sánchez presentó con fanfarrias el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un documento de 114 páginas que desglosaba ya cientos de iniciativas.
La Comisión Europea dio luz verde al documento dos meses después, el 16 de junio. A Bruselas le gustaba cómo sonaba la música que emitía Moncloa, donde aún mandaba mucho Iván Redondo. El problema es que la realidad ha hecho que al Gobierno se le atragante la letra.
El caso más paradigmático es el del propio PERTE del sector automovilístico, con una inversión de 24.000 millones de euros, de los que 4.200 millones procederán del sector público. Es, en teoría, el más avanzado de los tres confirmados (los otros dos afectarán a los ámbitos de la salud y la cultura). Sin embargo, a estas alturas, ni quiera han salido los pliegos.
Reyes Maroto mantiene un seguimiento continuo y contactos telefónicos constantes con los CEOs, pero se topa con muros internos, con Calviño y Diaz"
"El PERTE del automóvil es, sobre el papel, el más fácil de poner en marcha, porque están bien identificados los objetivos y las empresas y los organismos que pueden promoverlo", asegura otro alto directivo de una de las multinacionales presentes en el proyecto. La suya y el resto de rivales interesados llevan meses adelantando números, confiando en que sus previsiones encajen con los parámetros que exigirá la Administración.
Fuentes empresariales aseguran que la ministra de Industria, Reyes Maroto, está remando, de verdad, por agilizar el proyecto. "Mantiene un seguimiento continuo y contactos telefónicos constantes con los CEOs, pero se topa con muros internos", añaden. Entre ellos, los del Ministerio de Economía y Trabajo, cuyas titulares, Nadia Calviño y Yolanda Díaz deben centrar buena parte de las fuerzas en las reformas que ahora exige Europa.
Algunos empresarios consultados coinciden en que el aluvión creciente de críticas llevará a Sánchez a realizar algún anuncio importante antes de fin de año y el PERTE del automóvil tiene todas las papeletas. Pero ninguna medida servirá para recuperar el tiempo perdido. Los empresarios miran ya a 2022. Y cruzan los dedos.
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