Alrededor de 324.000 personas con 65 años o más estaban trabajando en el segundo trimestre del año. Es la cifra más elevada de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 2002. De hecho, el crecimiento ha sido tan intenso en los últimos años que, tras el repunte del último trimestre (2,2%), ya hay el doble de ocupados en edad de jubilarse que en el mismo trimestre de 2016, tal y como refleja la Encuesta de Población Activa (EPA).
La edad ordinaria de retiro se fijó en los 65 años en el año 1919 y no se había modificado hasta 2011, cuando la reforma de pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reguló su retraso gradual durante 15 años, hasta alcanzar los 67 años en 2027. Desde 2013 se han ido aumentado los años cotizados necesarios para jubilarse a los 65, así como la edad de jubilación en caso de no cumplir con esos años.
Así, en 2013 un trabajador se jubilaba a los 65 años si había cotizado 35 años y 3 meses. Si había cotizado menos, ese momento se retrasaba un mes. En 2016, ya se necesitaban 36 años cotizados para jubilarse a los 65 o había que esperar cuatro meses más. En 2023, el periodo de cotización va por los 37 años y 9 meses y la edad de jubilación en caso de no cumplirlo, por los 66 años y 4 meses.
Más allá de la prolongación de la vida laboral por voluntad propia, este podría ser el principal motivo del incremento de los trabajadores mayores de 65 años. También podría tener incidencia la jubilación demorada, que premia (especialmente desde 2022) a los trabajadores que podrían retirarse pero lo retrasan para cobrar incentivos. Asimismo, está la jubilación activa, que permite compatibilizar el cobro de un porcentaje de la pensión con un trabajo por cuenta propia o ajena.
El sistema público de pensiones
El objetivo de todas estas medidas es hacer el sistema público de pensiones sostenible ante el importante incremento que se espera con las jubilaciones futuras de los 'baby boomers', aquellos que nacieron entre 1957 y 1977. Se prevé que se alcancen los 15 millones de pensionistas en 2047.
A día de hoy estamos en niveles récord de mayores de 65 años activos, pero también de jubilados, lo que, junto a las últimas revalorizaciones de las pensiones con el IPC, ha llevado el gasto hasta su máximo histórico. La factura mensual rompió la barrera de los 12.000 millones por primera vez en julio.
De hecho, si se tiene en cuenta a toda la población mayor de 65 años, 9,48 millones de personas en 2022 según el padrón continuo del INE, la tasa de ocupación entre aquellos en edad de jubilarse se sitúa en apenas el 3,4%. En 2016, hace siete años, esta tasa era prácticamente de la mitad, del 1,8%.
El pasado julio el Círculo de Empresarios propuso a los futuros legisladores y gobernantes el retraso voluntario de la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años, acompañado de un sistema de incentivos. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo", explicó en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.
Fundación Adecco también destacó este martes que "vivimos en un invierno demográfico en el que urge potenciar el talento sénior como palanca de competitividad". Francisco Mesonero, director general de la Fundación, apuntó que "su aporte es clave para la sostenibilidad del país y es fundamental ofrecer palancas de formación y reciclaje profesional" para estos trabajadores.
Asimismo, BBVA Research analiza en un nuevo estudio las razones y los beneficios de retrasar la edad de jubilación en España y apunta que, más allá de mejorar la sostenibilidad del estado de bienestar, prolongar la vida laboral permite a las empresas aprovechar el talento sénior, complementario al de los jóvenes, e impulsar la productividad.