Publicado: 26/12/2023 04:45
Actualizado: 26/12/2023 04:47
El Gobierno anunció que los fondos europeos iban a convertirse en el “proyecto de trasformación de la economía y del país”. Sin embargo, una parte importante de las ayudas del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se está empleando para subvencionar organismos públicos que nada tienen que ver con el cambio de modelo de crecimiento ni con la modernización de la estructura económica y social que Sánchez presentó como objetivo en 2022. Lo que confirma el elevado grado de improvisación y la escasa planificación de la distribución y ejecución de las ayudas europeas, de las que el primer beneficiario es la propia Administración Pública.
Es decir, no se están utilizando prioritariamente estas ayudas en incentivar al sector privado, sobre todo pymes, y relanzar la economía productiva española. Además, parece evidente que la concentración de los fondos en pocos años, con la mera obligación de activar su gasto sin una planificación bien orquestada, esta posibilitando un ‘manguerazo’ de ayudas de forma indiscriminada reduciendo, y es lo más importante, la posible eficiencia de estas aportaciones de la UE.
Según los datos de la Intervención General del Estado, correspondientes a la ejecución presupuestaria de los fondos de la UE en 2023, el Ejecutivo tiene previsto cerrar este año con un gasto de más de 3.300 millones de euros en transferencias (corrientes y de capital) y libramientos en un cúmulo de organismos. Entre ellos están la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el Instituto para la Juventud o de la Mujer, Patrimonio Nacional, o incluso el Consejo Superior de Deportes y el SEPE. Todos ellos son ajenos a las grandes transformaciones y al carácter reformista de este MRR anunciado por Sánchez.
Esa cifra representa casi el 10% del gasto total previsto de los fondos (otra cosa será el grado de cumplimiento). Es más, el presupuesto inicial en estos centros casi se ha duplicado a medida que transcurría el año, mediante modificaciones presupuestarias al alza. Lo que da a entender que se han asignado partidas en una especie de ‘tómbola’ para cumplir el expediente de adjudicación sin que se haya determinado su trascendencia para la economía y la causa objetiva de la asignación.
El listado de estos centros de gasto favorecidos de este reparto de los fondos de la UE es largo. Por ejemplo, el SEPE (antiguo INEM) tiene consignados casi 1.000 millones (en octubre se habían ejecutado la mitad) por parte del Ministerio de Trabajo. Pero no se sabe nada de su destino ni su incidencia a la hora de cambiar ese modelo de crecimiento económico. Obviamente no se emplean para abonar prestaciones ni para digitalizar los procesos (se habría cargado la partida en el capítulo de inversiones), ni para incrementar las políticas activas de empleo
Al Consejo Superior de Deportes (adscrito en los Presupuestos de 2023 al ministerio de Cultura) se han fijados 185 millones en dos partidas: una de 109 millones y una segunda de 76 millones para “gastos de funcionamiento”. En total, Cultura reparte 350 millones frente a los 175 iniciales. De ellos: unos 50 millones recibe el Instituto de Cinematografía y Artes Visuales; 43 millones van al Instituto de Artes Escénicas y de la Música; 13 millones percibe la Biblioteca Nacional; casi 10 millones son para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; y, por su parte, lo que más llama la atención, a la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte se le asigna 253.000 euros.
Sse han asignado partidas en una especie de ‘tómbola’ para cumplir el expediente, sin que se haya determinado su trascendencia para la economía y la causa objetiva de la adjudicación
La Seguridad Social también obtiene fondos europeos: 209,5 millones figuran como aportaciones a su presupuesto y otros 25 millones “para operaciones de capital” figuran para la Tesorería a cuenta del ministerio de Sanidad. Mientras, al CNI se les han asignado, a través del ministerio de Defensa, 63,6 millones de créditos definitivos cuando inicialmente sólo tenía habilitados 2,9 millones. Es decir, el presupuesto inicial se ha multiplicado por 22 veces.
El ‘chorreo’ de partidas entre los diversos organismos no deja de sorprender. Por ejemplo: Hacienda destina a la Mutualidad de Funcionarios (que se encarga de gestionar la sanidad privada de estos empleados públicos) 4,7 millones, cuatro veces más de la cifra inicial, mientras que al Instituto de Administraciones Públicas (dedicado a la formación y a la selección de los cuerpos de funcionarios) se le adscriben 3 millones y 2,9 millones al Instituto de Estudios Fiscales (encargado de asesorar en materia tributaria y de ingresos y gastos).
El ministerio de Justicia, por su parte, asigna 1,3 millones de los fondos de la UE al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (dedicado también a la formación). Por su parte, Exteriores otorga dos millones a la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y Defensa aporta otros 136.000 euros al Instituto de Vivienda de los militares.
Mientras, al Instituto de la Mujer (Igualdad) se le consignan 100.000 euros; 1,6 millones se destinan al Instituto de la Juventud también para operaciones de capital; 2,9 millones se añaden para el Imserso y 1,8 millones al Real Patronato sobre Discapacidad. Para recibir fondos europeos también aparece el Plan España Protege contra la Violencia Machista (Igualdad). Tiene asignados 70,7 millones, que parecen cuestionar la dotación del Presupuesto ordinario del Gobierno en esta materia. Consumo adscribe 2,7 millones de estos fondos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Mientras, Ciencia e Innovación destina genéricamente 667 millones (de los 1.008 que se le habilita para estas subvenciones corrientes y de capital) a la Agencia Estatal de Investigación y Sanidad habilita 3,5 millones para la Agencia Española del Medicamento.
Fondos europeos para mantener inmuebles
Por su parte, el organismo Patrimonio Nacional recibe varias partidas. Para “el mantenimiento de inmuebles” percibe casi 15 millones del presupuesto de los fondos del ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y otros 22 millones tiene asignado para la transición energética de sus edificios por parte de Transición Ecológica. Este último departamento tiene además fijados 83 millones para los Parques Nacionales y 22 millones más al CSIC para asesoramiento sobre la biodiversidad marina y los servicios climáticos mientras que para “la estrategia” del Instituto para la Transición Justa habilita 170 millones.
Además, el Centro Español de Metrología cuenta con 7,4 millones del presupuesto del MRR de Industria; el Instituto de Turismo de España dispone también de 11 millones; y Agricultura asigna 100 millones al Fondo Español de Garantía Agraria cuya misión es hacer que las ayudas de Política Agraria Común (PAC) se apliquen estrictamente a lograr los objetivos previstos. A todos estos organismos públicos les ha tocado el ‘premio’ en el reparto del Gobierno de los fondos europeos.
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Hay que ver cuantos quiringuitos hay.Y solo salen unos cuantos,los hay a miles.De todas las múltiples administraciones.Del Reino,internacionales a montones.
Los Fondos Europeos, siempre se tienen que justificar. No se regalan , se gastan y se justifican., como cualquier otro gasto..
Que vergüenza, por algo querían controlar ellos directamente el reparto, claro que en las que describe el artículo tienen a una experta con experiencia en el reparto de los ERE. Es una inconsciencia por parte de la UE poner en manos de los socialistas millones y millones de euros con los precedentes del mayor escandalo de malversación de dinero publico europeo.
La táctica es la siguiente, el poco dinero que llega a las empresas para digitalización esta super controlado, auditado y encajonado, de echo, calculo que el 40% no se hará debido a eso que tiene que ajustarse a lo planificado por el gobierno, no a lo que necesita el cliente. Por cualquier tontería pierdes la ayuda y todo esto en una plataforma con pagos a 3 meses y un año para en ese momento controlar que se esta utilizando el proyecto. En todo esto no han pasado de 3000 millones para todas las pymes y esto es lo que justifican y enseñan en la UE, ahora viene la otra parte como lo que comentan en el artículo, reparto, untando a todas instituciones, con millones y millones y habría que ver lo que se pierde por medio. Por algo no querían involucrar a las comunidades.
Si los burócratas de la UE hicieran su trabajo y supervisaran el destino de los fondos, esto no pasaría.
¿Pero es que no hay asociaciones independientes y partidos políticos que no denuncien esto ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo?, ¿que no denuncien esto ante los Tribunales Españoles y Europeos?