El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha remitido este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le pide que respete la Constitución y no avance en las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para homogeneizar los impuestos en todo el territorio nacional y subir de facto los tributos en Madrid.

"Le exijo respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Respeto, en última instancia, a los ciudadanos de Madrid. De no ser así, nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no sólo a los madrileños sino al conjunto de la Nación española", pide el consejero en la misiva, fechada el 30 de noviembre y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Lasquetty advierte a la ministra de que si avanza por este camino, la Comunidad presentará un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, planteará un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.

No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid"

"El anuncio de crear una 'comisión bilateral Gobierno-ERC' para adoptar decisiones sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid no sólo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional (...) No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid", señalan.

Vulnera las leyes

Lasquetty argumenta que la intención de armonizar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones va en contra de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de Comunidades Autónomas, y de la Ley 22/2009, por la que se regula el Sistema de Financiación Autonómica y se determina la cesión a éstas de las facultades normativas en esos tributos. "Constituye un directo y notorio ataque a la Constitución Española", apunta.

"Lo que ustedes han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños, conforme a las disposiciones legales presentadas ante la Asamblea de Madrid y aprobadas por esta", defiende.

Considera, además, que no existe ningún tipo de competencia desleal ni 'dumping fiscal', como argumenta la Ministra, dado que "las reglas del juego son iguales para todos" y todas las comunidades de régimen común tienen "la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias".