El sector de las autoescuelas vive con enorme preocupación la dejadez de la DGT con los exámenes de conducir, que entre otras cosas está afectando a muchos españoles en la parte laboral, que se quedan sin oportunidades de trabajo por no poder examinarse a tiempo para obtener sus permisos de conducción. A partir de los datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico y analizados por el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), en España habría actualmente más de dos millones de personas esperando examinarse para obtener su carné de conducir, en su mayoría, para obtener el permiso de categoría B de turismos.   

Con una plantilla de examinadores operativos como la actual, de 704 personas, que realizan 12 pruebas diarias, solucionar la lista de espera le llevaría a la DGT unos 33 meses, siempre y cuando no se incorporaran nuevos aspirantes a la misma.  Para ITT, la falta de examinadores no es un problema puntual, fruto de la situación de pandemia, sino una situación estructural que se viene arrastrando desde hace décadas y a la que nadie pone solución definitiva y que con la pandemia no ha hecho sino agravarse.

La situación actual en las Jefaturas Provinciales de Tráfico es prácticamente de caos. Miles de aspirantes esperan una fecha para poder examinarse del práctico de conducir, pero la  falta de examinadores no permite que los alumnos puedan examinarse de la prueba de circulación en un tiempo prudencial. Esto deja en una situación de desprotección total tanto a las autoescuelas, como a los ciudadanos, los verdaderos damnificados, que pagan sus tasas por adelantado pero no reciben el servicio por el que pagaron.

Y es que el problema viene de lejos ante una clara falta de previsión, pues en los últimos 20 años la plantilla de examinadores se ha reducido en más de un tercio, pasando de los casi 1.000 funcionarios que ejercían su labor en las jefaturas en el año 2006 a los 704 que están actualmente operativos. Según datos oficiales, en el año 2020 la DGT contaba con 791 examinadores en activo, de los cuales 70 realizan labores de coordinación y otros 17 están adscritos a la Subdirección General de Formación y Educación Vial, dirigidas por María Jesús Aparicio.

Eso deja una plantilla de poco más de 700 examinadores para realizar más de 2 millones de pruebas, lo que conlleva a una situación de colapso del sistema de pruebas, generándose enormes retrasos por la gran cantidad de alumnos que demanda su prueba y la poca capacidad de exámenes que tienen las jefaturas.

Sistema CAPA, el problema

Esta situación de colapso ha venido propiciada, además de por el descenso en la plantilla de funcionarios examinadores, por la repercusión que han dejado las huelgas que éstos llevaron a cabo en los años 2015 y 2017, y que trajeron consigo una reducción de las pruebas diarias a realizar a únicamente 12. Todo ello se vio agravado por la situación derivada de la covid-19 y la implantación progresiva en las jefaturas del sistema CAPA. Un sistema que la DGT ha puesto en marcha para adaptar la alta demanda de pruebas a la escasa oferta de las jefaturas.

Este sistema, según palabras de la Subdirectora  de Formación y Educación Vial de la DGT, María José Aparicio, es un “algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráfico” entre sus autoescuelas, asignando a cada una de ellas, el cupo de alumnos que puede presentar a examen en el periodo correspondiente, según la tasa de alumnos aprobados en el teórico que tenga, y el cómputo total de aspirantes que la Jefatura tenga para examinar en esa categoría durante ese periodo. Algo que limita mucho el número de alumnos que las autoescuelas pueden presentar a examen y dilata los tiempos para obtener el permiso. 

Esta situación, por no poder examinarse, está generando un fuerte malestar social tanto en las autoescuelas como en los ciudadanos, en última instancia los grandes perjudicados, que ven cómo pasan meses para la realización de las pruebas prácticas después de haber superado la parte teórica, generando un colapso que no se soluciona. La DGT se escuda en que parte de ese colapso viene dado por la mala preparación de los alumnos que se presentan, trasladando la culpa a las autoescuelas y no reconociendo que el problema viene por la falta de examinadores.