La menor de las García-Cereceda cuestiona la legalidad del cambio accionarial en La Finca

Yolanda García-Cereceda cuestiona el cambio de propiedad en La Finca. La menor de las herederas de Luis García-Cereceda entiende que se le ha privado de sus derechos como accionista en la antesala del acuerdo sellado entre la presidenta de La Finca, Susana García-Cereceda, y el fondo norteamericano Värde Partners.

Värde ha vendido a Susana por cerca de 130 millones de euros su 38% en el vehículo de oficinas de la promotora de lujo. En una primera edición de este artículo se informó que la operación se terminará de cerrar tras una Junta Extraordinaria de Accionistas en marzo -en la que se espera que una mayoría accionarial ratifique el contrato de compraventa-. Dicho contrato se consumó entre los dos accionistas en acuerdo de traspaso ya este 15 de febrero, como estaba previsto, con anterioridad a la Junta en la que otra accionista, Yolanda, propondrá suspender la operación.

Según reivindican fuentes cercanas a la menor de las García-Cereceda, la operación entre Susana y Värde es el último capítulo de una forma de gestión que le mantiene ilegalmente alejada de la toma de decisiones, pese a que la menor de las García-Cereceda es la persona física con mayor presencia en el capital (11%).

Fuentes cercanas a las partes inciden en la reciente admisión a trámite de una querella por administración desleal de Yolanda contra Susana -adelantada por Confilegal y confirmada por este diario-. Dicha querella, admitida en el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón por hechos acaecidos en 2016 y 2017 -cuando entró Värde-, podría ampliarse en función de lo que suceda con el nuevo cambio de acciones, advierten las fuentes consultadas.

Susana, el asesor legal de La Finca Diego Lozano, y uno de los consejeros de la compañía, Jorge Morán -respaldado en su momento por Värde-, están citados a declarar en mayo por la querella de Yolanda - quien reclama ya nueve millones de euros -. Se prevé que la salida del capital de La Finca por parte de Värde Partners se mantenga blindada el próximo 1 de marzo tras la referida Junta Extraordinaria de Accionistas.

Yolanda dejará constancia en ella de que no ha suscrito la operación. También, de que es conocedora de las penalizaciones que podría sufrir La Finca por el juicio que enfrenta Susana por sus vínculos con el excomisario jubilado José Manuel Villarejo en el ejercicio de actividades presuntamente irregulares con impacto en el negocio de la propia compañía. En dicho juicio, la menor de las Cereceda se mantiene como una de las acusaciones particulares. Denuncia haber sido víctima de prácticas de espionaje y daños morales por parte de su hermana mayor con el telón de fondo del reparto de la herencia de 1.000 millones de su padre.

Cuestionamiento al cambio de propiedad en La Finca

La menor de las García-Cereceda ha exigido que en el orden del día de la Junta de marzo se someta a debate la idoneidad de la continuidad de la presidenta de La Finca y la suspensión del contrato de compraventa entre ella y Värde. Yolanda reivindica que no se le ha permitido ejercer un derecho de retracto y tanteo contemplado en los estatutos.

En esa línea, apela al código ético de La Finca y Värde, y exige, como accionista expuesta, que se debata "el alcance de las garantías comprometidas en el contrato de compraventa suscrito entre Varde Partners y La Finca Global Assets de fecha 11 de enero de 2022, y en especial aquellas que hayan de adoptarse en virtud de las posibles penas accesorias que se deriven de la previsible condena en el rollo de sala 10/2010 de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, pieza 3 Land, tanto a los consejeros Susana García Cereceda y al que fuera consejero Francisco Peñalver así como a la propia sociedad LFGA en cuanto a la pérdida de los beneficios fiscales que se deriven de dicha condena".

Fuentes cercanas al entorno de Susana se limitan afirmar que Yolanda "está ejerciendo sus derechos con el 10,8% que tiene" y aseguran que no habrá imprevistos ya que la Junta se resolverá en virtud de la posición de "una mayoría accionarial"

En definitiva, propone "la inmediata suspensión de la ejecución del contrato de compraventa de 11 de enero de 2022 hasta cumplimentar los requisitos legales y estatutarios para el ejercicio de derecho de tanteo y retracto de adquisición de las acciones por la socio Yolanda García Cereceda López".

Fuentes cercanas al entorno de la presidenta de La Finca se limitan a afirmar que su hermana "está ejerciendo sus derechos con el porcentaje que tiene" y aseguran que no habrá imprevistos ya que la Junta se resolverá en virtud de la posición de "una mayoría accionarial". Fuentes cercanas a Yolanda inciden en que "la mayoría accionarial no da legalidad per se a los acuerdos" y alegan que con la menor de las Cereceda "se ha aplicado una política de hechos consumados que vulnera su derecho a la información como socio relevante". Otras fuentes conocedoras sugieren que el resultado final será un acuerdo extrajudicial entre las hermanas.