Italia endurece sus leyes y aboca a la dueña de Abertis a pagar más por su deuda

La presión sobre Atlantia, principal accionista de la española Abertis, arrecia en Italia. La concesionaria transalpina vuelve a estar en el foco de los mercados tras la aprobación por parte del Gobierno local de un decreto que allana el camino para una potencial retirada de las concesiones que la compañía mantiene en el país, una amenaza latente desde hace un año y medio, tras la tragedia del puente Morandi. A corto plazo, Atlantia está abocada a pagar más por su deuda dado que lo más probable es que las agencias de rating vuelvan a rebajarle la calificación.

Los títulos de Atlantia se desplomaron este lunes cerca de un 5% en la primera sesión tras la larga reunión del consejo de ministros italiano del pasado sábado, en la que se aprobó el decreto que, entre otras medidas, reducía la compensación a pagar en el caso de que se revocara una concesión. La medida ha caído como una bomba en la empresa, que rápidamente se pronunció asegurando que el decreto es inconstitucional y que no dudará en acudir a los tribunales en defensa de sus activos y de los accionistas.

A comienzos de este mes la agencia Moody’s rebajó la calificación de la deuda de Atlantia hasta Ba1, lo que supuso que la concesionaria abandonara el grado de inversión y entrara de lleno en el especulativo. Además, la entidad estadounidense consideró que sería muy improbable que, a corto plazo, el rating de la compañía mejorara. Eso sí, podría ir aún a peor si las decisiones que tomara el Gobierno italiano incrementaran el riesgo de revocación de las concesiones o bien repercutieran de forma negativa en el perfil de riesgo de la empresa.

Precisamente, el acuerdo del pasado sábado parece redundar en ambos aspectos. Por un lado, el mercado ha interpretado la medida del Gobierno como un paso previo para una posible retirada de las concesiones. Por el otro, el acuerdo tiene un impacto notablemente negativo en los números de la compañía.

Según un informe de JP Morgan, la revocación de las concesiones de Atlantia en Italia está valorada en unos 20.000 millones de euros, una cifra que el recién aprobado decreto podría adelgazar de forma notable.

Arrecia la presión

De ahí que lo más probable es que la empresa italiana vuelva a sufrir una rebaja de rating que encarezca aún más el coste de su deuda, que se vio incrementada de forma notable con la adquisición de Abertis, realizada conjuntamente con ACS y culminada a finales de octubre de 2018.

La crisis política vivida en Italia, que dio lugar a un nuevo Gobierno, con la entrada de los socialdemócratas para acompañar al Movimiento Cinco Estrellas, hizo albergar esperanzas a Atlantia sobre el futuro de sus concesiones en el país ya que el nuevo Ejecutivo contaba con un perfil más moderado. Sin embargo, los acontecimientos acaecidos desde entonces han ido en contra de la dueña de Abertis.

Las investigaciones en torno a la tragedia del puente Morandi, en la que murieron 43 personas tras el hundimiento de una infraestructura que formaba parte de una de las concesiones de Atlantia, pusieron de manifiesto que filiales del grupo italiano manipularon informes sobre el estado de conservación del tramo afectado por el accidente, una circunstancia que desencadenó la renuncia del hasta entonces consejero delegado del grupo Giovanni Castellucci, una de las figuras relevantes de la operación con Abertis.

Frustrado salvamento de Alitalia

Esta circunstancia llevó al nuevo Gobierno a replantearse su estrategia original, consistente en esperar al final de las investigaciones para tomar una decisión al respecto. Además, la presión de Movimiento Cinco Estrellas, desde el principio partidario de retirar las concesiones a Atlantia, se ha radicalizado.

Tampoco contribuye a la distensión el hecho de que los planes para que Atlantia participe en el plan de salvación auspiciado por el Gobierno para la salvación de la antigua aerolínea de bandera Alitalia se hayan venido abajo. Desde que la opción apareció en el horizonte, el mercado interpretó que podría ser una moneda de cambio del Gobierno para no tocar las concesiones de la compañía.