Sánchez asume peticiones de las grandes promotoras y promete un plan de choque en la vivienda

Pedro Sánchez exhibe una nueva sintonía con los grandes promotores. El presidente del Gobierno ha hecho acuse de recibo de los reclamos de las empresas inmobiliarias al trasladar su posición en la reunión mantenida este jueves en la Moncloa con los diferentes representantes del sector de la vivienda.

Según ha podido saber este diario, el titular del Ejecutivo ha evidenciado asumir al menos dos de las tres grandes peticiones que diferentes empresas inmobiliarias a título particular trasladaron en los encuentros privados con el secretario de Agenda Urbana y amigo del presidente, Iñaqui Carnicero.

Fundamentalmente, la adopción de medidas en aras de agilizar los trámites administrativos en torno a la promoción inmobiliaria -como la Orden ECO/805/2003 de tasación de bienes inmuebles, que se "actualizará", lo que supondría acelerar las promociones una media de seis meses-, y la apuesta en firme por la reforma de la Ley del Suelo para favorecer la "seguridad jurídica" que el inmobiliario representado por la Asociación de Promotores y Constructores de España ha reclamado a fin de que cuestiones formales que sean subsanables no supongan la paralización de proyectos urbanísticos.

Se trata de dos ejes de actuación que el sector considera necesarios y beneficiosos a la hora de reducir el coste de nuevas promociones. El Gobierno ha prometido convertirlos en líneas maestras, así como al objetivo de "modernizar" la construcción apoyando su "industrialización" en una reunión que la ministra de Agenda Urbana Isabel Rodríguez ha calificado de "muy buena" en pos de un futuro "plan" a partir de reuniones "semestrales" frente al problema de la vivienda, no exento igualmente de incógnitas.

Principales incógnitas

En el tintero de los promotores habría quedado el reclamo de una política de desgravación fiscal para que la promoción de vivienda deje de ser equiparable a la de un "bien de lujo" como lamentan los promotores.

Tampoco se habría ido más allá en cuanto al aterrizaje del presupuesto para financiar las 184.000 viviendas asequibles prometidas al electorado para esta Legislatura, que sería de unos 15.000 millones de euros.

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno en mayo de 2023 ha fijado el compromiso del Ejecutivo de elevar la cuota de la vivienda pública hasta el 20% en un plazo de veinte años, lo que requeriría una inversión global, público-privada, de alrededor de 150.000 millones, según estimaciones del sector.

Sin la ayuda privada, el Gobierno tendría que duplicar al menos la partida para vivienda de sus presupuestos, cuyo grueso procede actualmente de los fondos europeos.