La cifra es tabú para los dos grandes partidos políticos españoles. Hace una década que una comisión parlamentaria puso sobre la mesa la cifra de funcionarios que sobran en España: 370.000 empleados públicos, distribuidos en los tres niveles de la administración. Ni el PSOE de Pedro Sánchez ni el PP de Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a abordar un asunto tan espinoso; máxime en un año en el que compiten por controlar ayuntamientos, autonomías y, por encima de todo, el Estado.
La última medición de los empleados públicos 'prescindibles' la hizo la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). La cifra la repescó recientemente el Círculo de Empresarios, en un compacto informe elaborado junto a Equipo Económico (Ee). La CORA presentó en 2013 más de 200 propuestas concretas de actuación. Una de ellas apuntaba a la reducción de esos 370.000 empleados públicos. Diez años después, la evolución del mercado laboral permite concluir que la cifra, lejos de decrecer, ha aumentado.
Por eso mismo, y porque estamos en año electoral, el Círculo de Empresarios ha intentado reabrir el debate sobre la eficiencia de las administraciones. Con poco éxito a nivel institucional, habida cuenta de que ni Moncloa ni los ministros económicos han querido recibir a los autores del informe.
El recelo ante el asunto es tal que hasta la página oficial del Palacio de La Moncloa hace referencia a la CORA y expone supuestos avances que chocan con la realidad y con las estadísticas independientes. Tras recordar que esta Comisión hizo "una exhaustiva radiografía de la Administración, realizada por profesionales de la propia Administración", el Gobierno se atribuye el mérito de haber metido la tijera. "Desde el inicio de la legislatura se ha corregido el crecimiento artificial del empleo público del periodo anterior. El empleo público (gracias a una tasa de reposición 0, salvo en sectores prioritarios; y sin recurrir a despidos) se ha reducido en 379.100 trabajadores (-11,5%)", señala Moncloa en su web.
El Ejecutivo habla, 'casualmente', de una cifra prácticamente idéntica a la que identificó en su día la CORA. Sin embargo, las cuentas oficiales chocan frontalmente con el recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la Encuesta de Población Estadística (EPA), a lo largo de la legislatura, el número de empleados públicos ha aumentado en 408.000, desde los 1,74 millones de 2018 a los casi 2,1 millones actuales. La mayor parte de ese incremento obedece a la fiebre empleadora de las comunidades autónomas, que han agrandado sus plantillas en 317.000 personas.
El patrón es idéntico al de la última década. De poco sirvió el trabajo de la CORA, en vista de que hoy día hay más de medio millón de empleados públicos en comparación con 2018. Las autonomías siempre han actuado como locomotora. Los gobiernos regionales han engordado sus plantillas en 413.000 trabajadores. Los ayuntamientos también han aportado su grano de arena, con 111.000 asalariados públicos más.
La Administración Central es la única que ha hecho algunos deberes. En la actualidad, según la EPA, cuenta con 524.600 empleados, frente a los 537.500 de 2012. Su plantilla también se ha recortado en 10.400 desde el inicio de la legislatura.
Durante este periodo, el ratio de asalariados públicos frente a los privados ha pasado de 3,7 a 3,9. Otro indicador que evidencia el nulo esfuerzo por reducir el peso de las administraciones. Según el mencionado informe del Círculo de Empresarios, el peso del sector público en el PIB rondaba el 20% en 1970. "En 1980 alcanzó el 33% y a finales de los años 80 se situó por encima del 40%. Actualmente, ha alcanzado su máximo y se sitúa por encima del 50%", señala el documento. Entre 2002 y 2021, añade, "España ha pasado de tener el 15,5% de empleados públicos sobre población ocupada al 17%, a pesar de los avances tecnológicos y la mayor colaboración con empresas privadas en la prestación de servicios.
Más funcionarios por las duplicidades
Buena parte del incremento se debe a las duplicidades. "La estructura administrativa de la administración central no se ha suprimido al hacerse la transferencia de competencias hacia las CCAA", recuerda el mismo informe. Otras tienen que ver con "la prestación atomizada de servicios municipales en numerosos ayuntamientos que podrían recurrir a fórmulas de cooperación (mancomunidades)".
En esa tesis coincide plenamente el Instituto de la Empresa Familiar, que agrupa a compañías más que acostumbradas a manejar grandes plantillas y presupuestos (Mercadona, Gestamp, Antolín, Iberostar o Barceló). "El proceso de descentralización de competencias en España ha supuesto en muchos casos la creación de estructuras administrativas en áreas ya cubiertas por otras administraciones, generando actuaciones redundantes y mayor complejidad administrativa", señala en un informe publicado en 2017.
El Instituto de Estudios Económicos también cuantifica la 'grasa' sobrante: España podría ahorrar hasta 60.000 millones de gasto público apostando por una mayor eficiencia. ¿Cómo? "A través de la conjunción de diversos enfoques entre los que destacan las rediciones de cuentas permanentes, la evaluación constante de las políticas públicas, la colaboración público-privada y la corresponsabilidad fiscal", señalan desde el organismo.
El Círculo de Empresarios da algunas ideas de por dónde meter la tijera. Un ejemplo claro es la maraña de "entes e instituciones parapúblicas". Lo ha contado en Vozpópuli Francisco Núñez: sólo las administraciones locales cuentan con una red paralela de 4.291 entes dependientes, mucho más difíciles de controlar y aptos para la práctica del 'enchufismo'. El estudio del Círculo incide, precisamente, en ese ámbito y propone eliminar ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo: constituir mancomunidades, áreas metropolitanas o comarcales alrededor de municipios de mayor tamaño "para mejorar la capacidad de compra y obtener economías de escala".
En línea con ese planteamiento está la reestructuración de las diputaciones y, por supuesto, la supresión de los entes más improductivos, que generan mucho gasto y escaso beneficio. Todas las recetas pasan por aligerar la nómina de empleados públicos. Lo saben perfectamente en Moncloa y son igual de conscientes en Génova. A estas alturas, nada hace presagiar que PSOE o PP se atrevan a ponerle el cascabel al gato.
