Asalto del Gobierno a Indra: la CNMV guarda silencio mes y medio después

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investiga desde finales del pasado mes de junio lo sucedido en la junta de accionistas de la empresa pública tecnológica Indra. Hasta siete consejeros fueron cesados o abandonaron su sillón el día de la junta de accionistas del pasado 23 de junio y en los días posteriores, lo que acabó dando el poder del consejo al Gobierno de Pedro Sánchez a través de consejeros afines que sustituyeron a los cesados o dimitidos.

Este diario ha contactado con la CNMV, organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y también de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. "Estamos investigando a personas y organizaciones de una forma muy rigurosa", se han limitado a decir fuentes oficiales de la CNMV. Respecto a si la investigación se retrasará más allá del periodo estival, han manifestado que "ahora mismo no podemos decir nada más allá de que estamos investigando lo sucedido".

De las declaraciones se extrae que, de momento, no existe ninguna prueba concluyente que pueda ayudar a esclarecer si los hechos sucedidos durante la junta de accionistas vulneran la ley. Desde entonces ha pasado casi un mes y medio.

El caso es que la CNMV ha obrado de una manera contundente en hechos similares a los sucedidos en Indra. Es el caso de la OPA de Abanca a Liberbank en 2019. Entonces, la entidad asturiana estaba en conversaciones con Unicaja, apareció Escotet y el organismo, que por aquel entonces presidía Sebastián Albella, obligó a Abanca a lanzar una oferta por Liberbank. En ese momento el banco gallego hizo pública una carta enviada a los accionistas en la que proponía lanzar una oferta pública de adquisición por 0,59 euros la acción, lo que suponía valorar a Liberbank en 1.700 millones de euros. Esta oferta se realizó en paralelo a la operación de fusión que había en marcha entre Liberbank y Unicaja. 

La CNMV presionó mucho a Abanca para que fuera lo transparente en esta operación y también lo hizo con Liberbank, obligando a ambos bancos a pronunciarse a cada paso que daban, haciéndose valor de la Ley de OPAs, esa misma que ahora parece obviar en el escándalo de Indra.

Durante la junta de accionistas de Indra fueron fulminados los consejeros independientes Enrique Leyva, Alberto Terol, Ana de Pro, Carmen Aquerreta e Isabel Torremocha

En virtud de esa norma, la CNMV ya tendría que haber obligado a la SEPI y a Amber Capital a lanzar una OPA por Indra. La regulación contempla que, si un accionista de forma individual o concertada tiene más de un 30% de una compañía cotizada o nombra a más de la mitad de los consejeros, se trata de una toma de control y es obligatorio del lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones.

La junta de accionistas de Indra

Durante la junta fueron fulminados los consejeros independientes Enrique Leyva, Alberto Terol, Ana de Pro, Carmen Aquerreta e Isabel Torremocha. Todos ellos eran díscolos con respecto a la toma de control de la compañía por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales.

Silvia Iranzo e Ignacio Martín dimitieron también como consejeros independientes días después del calificado como "escándalo" por los medios de comunicación, y se dio entrada a otros perfiles afines a los intereses del Ejecutivo, como es el caso de Jokin Aperribay Bedialauneta -en calidad de consejero dominical-, accionista del grupo vasco SAPA y presidente de la Real Sociedad, para tomar el control de la compañía.