La Unión Europea refleja en su página web de transparencia que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) cuenta con 7 millones de euros para hacer lobby en favor del independentismo catalán. El leitmotiv de la asociación es la consecución de un estado independiente para Cataluña.
El portal de transparencia, consultado por Vozpópuli para elaborar esta información, refleja el presupuesto de la organización enfocada al independentismo durante 2019. El gasto en lobby en la Unión Europea se circunscribe al mantenimiento de reuniones y encuentros con personal de Bruselas para favorecer los intereses de la empresa u organismo que hace presión, en este caso el independentismo catalán.
Se trata de algo muy común -hacer lobby- entre las grandes corporaciones empresariales. Telefónica o Banco Santander, por poner un par de ejemplos de compañías españolas, invirtieron 1,5 millones de euros y 700.000 euros respectivamente en el último ejercicio (2019) publicado por el portal de transparencia de la Unión Europea.
Hay que recordar que Carme Forcadell presidió el Parlamento de Cataluña de 2015 a 2018 si bien antes, de 2012 a 2015, presidió también la Asamblea Nacional Catalana. Jordi Sànchez la sustituyó al frente de esta asociación, donde ejerció como presidente desde 2015 a 2017. Poco después, de 2018 a 2019, fue diputado del Parlamento de Cataluña. Forcadell y Sànchez fueron encarcelados tras ser procesados por rebelión y sedición después de la fallida declaración de independencia de Cataluña.
Carme Forcadell y Jordi Sànchez, en su día presidentes la Asamblea Nacional Catalana (ANC), fueron encarcelados tras ser procesados por rebelión y sedición
La web de transparencia de la Unión Europea refleja que el objetivo de la Asamblea Nacional Catalana, presidida por Elisenda Paluzie, es "promover las condiciones sociales y políticas necesarias para lograr un Estado catalán independiente, de derecho, social y democrático. Reunir a todas las personas que trabajan por objetivos similares de la Asamblea Nacional de Cataluña, agrupaciones, movimientos sociales, partidos políticos o particulares. Facilitar, impulsar y acoger todo tipo de iniciativas democráticas enfocadas al logro de los objetivos anteriores".
Google, un presupuesto como el del independentismo
Las grandes tecnológicas norteamericanas se encuentran entre las que más presión ejercen en la Unión Europea para beneficiar sus intereses.
Google es la más activa en este sentido, con 263 reuniones registradas hasta 2020, último periodo publicado por el portal de transparencia de Bruselas. Por su parte Google ha tenido un total de 157 encuentros con políticos de la Unión Europea. Microsoft, por su parte, ha tenido un total de 162 encuentros.
En total, estas tres tecnológicas suman un total de 583 reuniones. Las diez empresas que más lobby hacen en la Unión Europea suman en torno a las 2.000 reuniones. Google ha destinado un total de 6 millones de euros a ejercer presión, mientras Microsoft se ha dejado poco más de un millón de euros. Facebook, por su parte, ha destinado un total de 5,5 millones de euros.
Las grandes corporaciones son conscientes de ello, motivo por el que invierten cifras millonarias en contratar lobistas y cerrar reuniones con comisarios y funcionarios en Bruselas, a fin de flexibilizar legislaciones contrarias a sus intereses o empujar otras que soplen a favor de los mismos.
Las grandes corporaciones son conscientes de la importancia que tiene el lobby en el viejo continente, motivo por el que invierten cifras millonarias en contratar lobistas y cerrar reuniones con comisarios y funcionarios en Bruselas. Generalmente, el objetivo es flexibilizar legislaciones contrarias a sus intereses o empujar otras que soplen a favor de los mismos.
Iberdrola hizo lobby contra el Gobierno de Sánchez
Iberdrola activó su lobby en Bruselas ante la inestabilidad que le generaban las decisiones de Moncloa. Los representantes de la eléctrica mantuvieron un encuentro con los miembros del gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen 24 horas después del segundo decreto de la ministra Teresa Ribera. Una normativa que corregía el polémico ‘hachazo’ a los ingresos ‘extra’ que reciben las eléctricas por los altos precios del gas en la actual crisis energética.
