La llave para que las empresas del Ibex puedan blindarse ante opas hostiles la ha encontrado el Gobierno en la ley de Sociedades de Capital y simplificación de fusiones y escisiones que se tramita en el Senado. Una iniciativa defendida por el PP entierra la conocida como ‘enmienda Florentino’, patrocinada por el Gobierno de Zapatero en 2010 para facilitar el control de Iberdrola por parte de ACS mediante la eliminación de los blindajes empresariales. En ella se prohibieron las limitaciones a los derechos de voto con las que contaban entonces algunas compañías en sus estatutos, como la propia Iberdrola, Repsol, amenazada hace dos años por Sacyr, o Telefónica.
La enmienda se introdujo con unas condiciones de mercado bien distintas a las de ahora, a pesar de la presión que ejerció en contra la propia Iberdrola, arropada sin éxito en el Congreso de los Diputados por el Partido Nacionalista Vasco. Los nacionalistas presentaron in extremis y sin éxito una propuesta para evitar la desprotección de las compañías vascas al defender el mantenimiento de la limitación de estos derechos, salvo cuando la empresa se hiciera con, al menos, el 75% del capital en una opa.
Solo se limitarán los derechos de voto cuando tras una opa se logre el 70% como mínimo de las acciones de una compañía
La situación para las empresas del Ibex ha cambiado de forma radical por la caída brutal de sus cotizaciones y ahora el PP, al que no dieron vela en aquel entierro, ha salido en su auxilio, después de las alertas dadas en Moncloa por algunas de las principales compañías. El Gobierno establece en sus enmiendas nuevos requisitos para limitar los derechos de voto de forma que queden protegidos los intereses de los accionistas minoritarios de las sociedades cotizadas. En la justificación de su iniciativa, el Gobierno recuerda que hay limitaciones a los derechos de voto en buena parte de los países de la UE y que la propia Comisión Europea ha elaborado un informe en el que constata que el 44% de 464 compañías analizadas tienen en pie algún mecanismo de protección.
El PP deja claro que con su enmienda no quiere imponer ninguna medida limitativa del derecho de voto, sino que deja a las compañías libertad para adoptarla. Con ello, el Gobierno persigue que las empresas puedan impedir que un accionista con un porcentaje relevante pueda controlar por sí solo una sociedad, aunque permite que haya ofertas públicas de adquisición de las que se puedan beneficiar todos los partícipes. De esta forma, la enmienda prevé que las limitaciones a los derechos de voto pierdan su eficacia solamente cuando tras una opa se consiga un porcentaje de acciones igual o superior al 70%. Un porcentaje, como se ve, muy parecido al que propuso el PNV en abril de 2010.