En plena guerra por el impuesto a la banca, Hacienda ha tenido que compensar 421 millones de euros a los bancos por DTA (Activos Fiscales Diferidos), según los datos de los diferentes informes mensuales de recaudación de la Agencia Tributaria consultados por Vozpópuli.
Cabe destacar que la partida más grande se solicitó este último mes, de 200 millones de euros. Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por este medio han señalado que no se trata de devoluciones como tal, sino más bien compensaciones por pagos que tendrían que realizar una o varias entidades.
Estos son unos pagos extraordinarios que no se dan todos los meses. De hecho, en lo que llevamos de año sólo se ha solicitado tres veces -60 millones en febrero, 161 millones en abril y 200 millones más en julio-.
La banca tiene un tipo nominal en el Impuesto sobre Sociedades superior a la media, del 30%, cinco puntos por encima del resto, pero lo tiene así precisamente para que pueda compensar las pérdidas que acumula, en concreto, cerca de 30.000 millones de euros de DTA o activos fiscales diferidos.
Esta subida de cinco puntos la lanzó Cristóbal Montoro en 2014 y aunque la vendió como un golpe fiscal a la banca, en realidad era lo contrario: cuanto más alto sea el tipo en Sociedades más créditos fiscales puede compensar la banca.
Guerra con la banca
Llama la atención que justamente en julio se haya producido este movimiento, paralelamente a la batalla abierta entre el sector y el Gobierno por el nuevo impuesto que recaerá sobre éste. El Grupo Socialista y Podemos, como socios del Gobierno de coalición, registraron una proposición de ley para gravar con un tipo del 4,8% los ingresos por el negocio tradicional y por las comisiones netas.
Y se controlará, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y del Banco de España, que las entidades no repercutan a los clientes el nuevo impuesto, con la amenaza de sanciones del 150% del importe trasladado. Estos planes chocarían con la normativa bancaria vigente, que obliga a los bancos a conformar el precio de sus productos teniendo en cuenta todos los costes, incluidos los impuestos.
El BCE está expectante para conocer la letra pequeña del gravamen extraordinario desde el 12 de julio, cuando Pedro Sánchez lo anunció en el Congreso. La intención del Ministerio de Hacienda es consultar con el supervisor único si el tributo es compatible con la ley bancaria, como publicó El Economista.
El organismo presidido por Christine Lagarde se ha limitado a hacer una declaración general. Luis de Guindos, vicepresidente del organismo con sede en Francfort, ha insistido en varias ocasiones que este tipo de impuesto no debe restringir ni tampoco encarecer el crédito. Pero se trata de una advertencia consideraba muy tibia en el sector, que esperaba más contundencia.
El Ejecutivo de Sánchez lleva tiempo con una actitud combativa con la 'sucursal' del BCE en España, que en la práctica es el Banco de España. Las reforma laboral y la de las pensiones han enfrentado a miembros destacados del Gobierno, como Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, con el gobernador, Pablo Hernández de Cos.
