El Tribunal de Cuentas ha publicado este lunes un informe en el que reconoce que los ministerios del área político-administrativa del Gobierno de Mariano Rajoy no cumplieron con su obligación de remitir información a este Tribunal sobre un total de 330 expedientes de contratación por importe de 265.792.544,64 euros.
Ante esta falta de cumplimiento de los ministerios de Defensa, Educación, Interior, Justicia, y Presidencia y Administraciones Territoriales, el Tribunal "recomienda a las entidades del sector público fiscalizadas mayor diligencia, precisión y rigor", ya que se han detectado incidencias en todo el proceso de contratación.
El Tribunal explica que en la fase de preparación han detectado que en algunos casos la justificación de la necesidad de contratación es demasiado genérica, en otros no existe una memoria o documento económico que justifique el presupuesto, y en otros no está recogida la documentación sobre los criterios de adjudicación.
También hay errores en los pliegos: "en algunos contratos examinados, no se precisan los requisitos mínimos exigidos para acreditar la solvencia económica y técnica que deben reunir los licitadores", ponen de ejemplo, mientras que en otros "la solvencia exigida no se ajusta a los dispuesto".
Cuestiones medioambientales e igualdad
El Tribunal de Cuentas no recibió información que había solicitado en algunas ocasiones, relativa a las actas de la mesa de contratación, la justificación por el adjudicatario de la solvencia exigida o la notificación de la adjudicación a los licitadores.
La publicidad, la ejecución de los contratos o el cuidado de los aspectos medioambientales son otros de los aspectos en los que el Tribunal ha detectado incidencias, así como la igualdad.
"En materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el informe pone de relieve que, con carácter general, las entidades fiscalizadas no hicieron uso de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", explica.
Esto se debió a que no establecieron en los pliegos "la preferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, o bien al no incluir condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo".