El Gobierno planea aprobar un préstamo extraordinario a la SEPI para financiar su desembarco en Telefónica ante la situación ruinosa en la que se encuentra la Sociedad Estatal. Entre las fórmulas que existen para entrar en la cotizada es la única viable a corto plazo una vez que inversores han rechazado armar un grupo nacional y la situación financiera de la SEPI le impide emitir deuda. Y cuando la venta de Minsait por Indra está en stand by.
Una vez que la SEPI ha comunicado al mercado sus intenciones, y cuando no se estima que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 puedan entrar en vigor hasta junio, la vía es que este crédito extraordinario se apruebe en el Real Decreto-ley que prevé validar el Consejo de Ministros el próximo miércoles 27 de diciembre, junto con la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos y otras ayudas, además de algunas actualizaciones necesarias para la prórroga presupuestaria.
El crédito también podría articularse a través de una operación puente, por la que la SEPI pediría un crédito a un banco para ir comprando que devolvería en el momento en que hubiera Presupuestos de 2024. Es una fórmula que se usa para cuantías mucho menores, dado que la adquisición de una participación de hasta el 10% en Telefónica puede acercarse a los 2.500 millones de euros.
La prisa de la SEPI apremia, además. Fuentes de la Sociedad Estatal han señalado a Europa Press que contratarán un intermediario en Bolsa para comprar "en el menor tiempo posible". Hasta el momento, como ha informado Vozpópuli, la SEPI no ha participado en el diseño de una operación que atribuyen directamente a Nadia Calviño.
Se trata de un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda a la SEPI, de una partida no prevista que supone una ampliación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 vigentes con cargo a deuda.
Estupor con la operación
La SEPI no tiene posibilidad de emitir deuda y se encuentra con un pasivo creciente, tras agotar el fondo de maniobra con que contaba, con pérdidas recurrentes en Correos, Navantia y Hunosa de cerca de 700 millones al año. En su caso tampoco es posible una ampliación de capital por ser una entidad pública y de articularse, debería acudir al Estado con la misma necesidad presupuestaria.
En el seno de la SEPI no ven sentido económico a la operación, a diferencia de lo que ocurrió con Indra, y apuntan a la pretensión del Gobierno de influir en Telefónica, bajo el paraguas de una reacción a las pretensiones de Arabia Saudí.
El anuncio de la compra sin saber a qué precio ni cómo se considera una "chapuza inaudita" en el mercado que encarecerá la operación para el contribuyente, un modus operandi opuesto al de Arabia Saudí, que compró con todo sigilo para que le costara lo menos posible.
También distinto al que siguió la SEPI en su entrada en Enagás en 2007. Antes del anuncio todo el equipo de banco de inversión contratado preparó la operación con cautela y sin publicidad. La cotización de Telefónica ha repuntado un 3,2% en Bolsa este miércoles.
Incertidumbre en Telefónica
Telefónica sólo ha transmitido oficialmente un mensaje escueto desde que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente la entrada en su capital. "Tras el reciente anuncio de la SEPI (…), la compañía continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado (…), para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes".
Desde los despachos de su sede central, en Madrid, se incidía este miércoles en la incertidumbre que genera este movimiento. Primero, porque existen dudas acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo alcance la participación del 10% y no se quede con una menor, algo que, a su juicio, depende de la fuerza compradora que demuestre Saudi Telecom.
Es decir, si los árabes comunican al Gobierno su intención de adquirir el 5% de las acciones sobre las que tiene opciones (que se sumarían a su 4,9% actual), lo más lógico es que la SEPI crezca hasta igualar la participación de Saudi Telecom. Sin embargo, si no se producen más movimientos desde Riad, es posible que el Estado realice una inversión menor en Telefónica.
Tampoco consideran muy posible que la compra de la participación pública se realice por la vía rápida y en un solo movimiento en el mercado. En este sentido, recuerdan que el Consejo de Ministros autorizó a SEPI en febrero de 2022 a crecer hasta el 28% en Indra y, de momento, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tan sólo aglutina el 25,16%.
Ahora bien, en ese caso, inciden en que el Gobierno tan sólo tardó unos meses en coordinarse con SAPA y con Amber Capital para destituir a varios consejeros independientes y tomar el control de este órgano.
Dentro de Telefónica no esperan la misma beligerancia por parte de SEPI en el corto y el medio plazo. De hecho, apuntan a que la opción más plausible -aunque es sólo una proyección- es que los cuatro accionistas significativos cuenten con la misma presencia en el Consejo de Administración una vez se cierren las operaciones que han anunciado.
Eso implicaría que el Gobierno, Saudi Telecom, CaixaBank y BBVA mantengan un consejero dominical cada uno. Este órgano está compuesto por 15 personas. Así se decidió para dar cumplimiento a las recomendaciones de buen gobierno de la CNMV y, en principio, la telco no prevé incrementar su tamaño.
Por lo tanto, para que entraran los nuevos vocales haría falta que alguno de los independientes actuales presentara su dimisión o no renovara en su puesto. Eso… o que se impulsara a renunciar a su puesto a Javier de Paz, el hombre más cercano a Ferraz de la operadora de telecomunicaciones -fue secretario general de las Juventudes Socialistas-. La incertidumbre es tan elevada que nada se puede descartar.
Ahora bien, esta última opción iría en la dirección contraria al movimiento que impulsó José María Álvarez-Pallete hace una semana, cuando remodeló el órgano de gobierno de Telefónica y asignó a De Paz las competencias sobre Sostenibilidad y Calidad, que se unieron a las que tenía sobre Asuntos Internacionales y Regulación.
