El Gobierno gastará 1.000 millones en 2023 en las zonas urbanas de bajas emisiones

El desarrollo de la movilidad eléctrica en España sigue avanzando muy lentamente a pesar de las continuas promesas del Gobierno de acelerar la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias. Y es que la falta de puntos de recarga sigue siendo un hándicap insalvable a día de hoy para poder movernos con cierta seguridad por las carreteras españolas; algo complicado y que requiere demasiada planificación que, además, falla en muchas ocasiones con puntos de carga que no funcionan o que siguen sin estar operativos por problemas puramente burocráticos.

Falta sin duda agilizar el proceso y más inversiones, y de cara a 2023 el Gobierno apenas va a aumentar en un 2%, de 445 a 455 millones de euros, los fondos que destinará a impulsar la movilidad eléctrica y de pila de combustible de hidrógeno y a aumentar la expansión de la infraestructura de recarga.

Una cuantía que irá destinada al plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, así como a impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y también a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.

Al mismo tiempo, se busca también fomentar proyectos singulares de innovación relacionados con la cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilístico en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde.

Esta partida de 455 millones de euros para la movilidad sostenible se incluye en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene un presupuesto total para 2023 de 1.803 millones de euros.

Casi mil millones a las ZBE

Bajo este paraguas se incluirán actuaciones para lograr una transición hacia la movilidad urbana "limpia, segura e inteligente". Así, se repartirán 989,7 millones de euros a la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y para la transformación del transporte urbano y metropolitano.

De esta forma, el Ejecutivo busca delimitar estas zonas de bajas emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia, de cara a fomentar la movilidad activa y otras medidas orientadas a reducir la utilización de coches privados, a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte público y a mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios ferroviarios de corta distancia.

Así, en 2023 se financiarán con casi 990 millones de euros inversiones que ejecutarán tanto ayuntamientos como comunidades autónomas y también empresas prestatarias de servicios de transporte público (públicas y privadas) para el diseño e implementación de zonas de bajas emisiones, medidas de transformación sostenible y digital del sistema de transporte público, fomento de la movilidad activa y otras medidas complementarias con el fin de conseguir una menor utilización del vehículo privado en los entornos urbanos y metropolitanos.

El Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos recoge, de esta forma, una partida de 358,99 millones de euros que irán a parar a la puesta en marcha de actuaciones de mejora de la calidad y la fiabilidad del transporte de Cercanías.