El presidente que se presenta como azote de los ricos es el que menos está ayudando a los pobres. Pedro Sánchez agotará en ocho meses una legislatura en la que se ha ensanchado más aún la brecha entre las rentas altas y bajas. Por mucha saliva que gaste en atacar a las grandes fortunas y corporaciones, en alinear a Alberto Núñez Feijóo con el Ibex, el líder socialista ha fallado estrepitosamente a la hora de limar los desequilibrios sociales en España. Más que un borrón en la gestión es un bochorno para una coalición de izquierdas, empecinada en promover medidas que han acabado beneficiando poco a los que menos tienen y algo más a los que no lo necesitan. El mundo al revés.
Para lidiar con la doble crisis provocada por la pandemia y la guerra, el Gobierno ha gastado mucho… pero mal. PSOE y Podemos han sacado adelante tres Presupuestos Generales del Estado consecutivos con techos de gasto récord (198.221 millones en 2023). Sin embargo, la coalición ha tropezado, por decisión propia, una y otra vez en la misma piedra. Del Consejo de Ministros casi nunca han salido ayudas verdaderamente focalizadas en los segmentos de la población (hogares, autónomos o empresas) más castigadas.
Uno de los pilares centrales de la estrategia electoral de Moncloa será la confrontación entre la España rica y la pobre. En la primera cohabitan Feijóo y los “capitalistas despiadados”: Amancio Ortega, Juan Roig, Ana Patricia Botín, Ignacio Sánchez Galán y todo aquel que tenga muchos ceros en su cuenta bancaria. “Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es”, le espetó Sánchez al presidente del PP este miércoles en el Congreso. Pocos días antes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había contrapuesto su “Gobierno de los trabajadores” con el partido “del mercado” que representa Feijóo.
En la segunda España viven los hogares más vulnerables y esos tramos de clases medias que se acercan peligrosamente al suelo de la pirámide social. Les defienden, en teoría, los dos partidos que gobiernan de la mano. A PSOE y Podemos les une no solo la ira común contra los poderosos; también una ‘sordera’ creciente ante las medidas que aconsejan economistas poco sospechosos como los del Banco de España, Fedea o Funcas. La cerrazón ideológica, o la falta de sentido común, ha provocado la paradoja con la que arranca este análisis: Sánchez está haciendo un flaco favor a los más desfavorecidos. Estas son algunas de las razones.
Mucho gasto y poca eficiencia
El Banco de España ha puesto cifras esta semana al dispendio. El Gobierno ha gastado demasiado dinero público para lo poco que ha conseguido. "La mayor parte de las medidas fiscales adoptadas en España en los últimos trimestres para hacer frente a la crisis energética y al repunte de los precios tendrían un carácter eminentemente generalizado, en lugar de estar focalizadas en los hogares o las empresas más vulnerables", señala la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos.
Las ayudas desplegadas desde 2021, que tendrán efecto hasta 2025, han costado 40.000 millones de euros. Sólo 7.000 millones irán a parar directamente a las familias que lo llegan a fin de mes. Son esos hogares los que están propiciando el repunte de la morosidad bancaria o los desahucios. El Banco de España admite que los hogares más vulnerables se han visto beneficiados de la rebaja del IVA de los alimentos, y de las medidas para suavizar la factura de la luz y el gas. Sin embargo, esas ayudas han beneficiado igualmente al resto de los bolsillos. O sea, desde el ciudadano que acude a un comedor social a un consejero delegado del Ibex.
Es en esta paradoja donde concentra el Banco de España su principal reproche: "Medidas alternativas, focalizadas en los hogares vulnerables en función de su renta, podrían lograr niveles de protección similares a los alcanzados con las medidas ya desplegadas, pero con un menor coste presupuestario y evitando distorsiones en las señales de precios".
La limosna de los cheques
El Gobierno vendió como un hito la concesión de un cheque para las familias con más aprietos. El problema es la cuantía y la duración de la ayuda. Se trata de un sólo cheque de 200 euros. Es una mera limosna para quienes están sufriendo en el recibo hipotecario la escalada de los tipos de interés. Y, sobre todo, para quienes están soportando subidas medias del precio de los alimentos del 15%.
La inflación de la cesta de la compra afecta mucho más a los hogares más vulnerables, ya que la factura alimentaria tiene un peso mucho mayor en sus gastos totales. El impacto de los precios de la energía es similar. "De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que los hogares con menor renta se habrían visto expuestos a una mayor tasa de inflación. A modo de ejemplo, la inflación experimentada por el 30% de los hogares de menor renta habría sido de aproximadamente el 11,3 %, frente a un 9,7 % en el caso del 30 % de los hogares de mayor renta", recalca el Banco de España.
Por todo ello, desde que arrancó la crisis inflacionaria, numerosos economistas vienen reclamando una concentración de las ayudas a los colectivos más desfavorecidos. El Ejecutivo podría haber entregado más cheques y de mayor cuantía. Pero se quedó en un aguinaldo navideño testimonial.
Gasolina subvencionada para los ricos de La Finca
De todas las ayudas aprobadas es la de los carburantes la que más críticas ha cosechado. Por su ineficacia y por los beneficiarios. Cualquier vecino de La Finca, la urbanización más lujosa de Madrid, pudo llenar el depósito de sus coches de alta cilindrada con combustible subvencionado. Durante nueve meses (de abril a diciembre de 2022), las rentas más altas de España pagaron por la gasolina y el gasóleo el mismo precio que quienes residen en los barrios más deprimidos.
Esta medida contribuyó a mantener intacta la demanda de combustible, en un momento en el que el petróleo estaba disparado por la guerra de Ucrania. La subvención emitía una señal equívoca a los conductores y animaba a seguir consumiendo. Y es que esta ayuda beneficiaba, sobre todo, a las rentas medias y altas, que son las que usan más el vehículo propio. "Los hogares de menor renta dedican una menor proporción de su gasto total al consumo de carburantes", recuerda el Banco de España. Por esta razón, añade el informe, "la bonificación a los carburantes habría beneficiado en mayor medida a los hogares de renta alta".
El Ejecutivo podría haber privado del descuento a una parte importante de los ciudadanos, intensificado las ayudas dirigidas a las familias con menos poder adquisitivo y a los colectivos profesionales más afectados por la subida de los carburantes. Pero no lo hizo.
La quimera del Ingreso Mínimo Vital
La idea inicial era -y es- loable: impulsar un Ingreso Mínimo Vital para llegar a todos los rincones más pobres. Una ayuda bien planificada, focalizada -esta vez sí- a las familias que no pueden cubrir sus necesidades mínimas. El problema es que el Gobierno no supo articularla para que llegara con fluidez. Demasiada burocracia, falta de información, tramitación lenta... demasiados obstáculos para familias en apuros.
Dos años y medio después de su puesta en marcha, el ingreso mínimo ha beneficiado a 1,58 millones de personas, El objetivo de partida era alcanzar a los 2,30 millones. Quedan 720.000 personas que no lo han recibido y, según las estimaciones iniciales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, probablemente lo merecían.
Barra libre con las pensiones
A lo largo de 2022, pocos servicios de estudios económicos negaron las consecuencias negativas que acarreaba una subida lineal de las pensiones, en un escenario de alta inflación. De entrada, inflaba las pensiones máximas, cuyos beneficiarios quedaban fuera del pacto de rentas implícito en el que sí han participado empresas y trabajadores (la mayoría de los convenios se negociaron con subidas inferiores al 3%). Y de salida, la revalorización engordaba la factura de las pensiones que tendrán que pagar los hijos y nietos de los actuales pensionistas.
El Ejecutivo, pese a todo, aprobó una subida del 8,5% para este año. Este incremento propició que la pensión máxima superara los 3.000 euros por primera vez en la historia. De ella se benefician casi 600.000 ciudadanos. Antes de aprobarse el incremento, Fedea difundió cifras esclarecedoras. El organismo planteaba elevar mucho más las pensiones más bajas (un 11%), incrementar gradualmente las intermedias y topar en el 2,5% las máximas.
Según los cálculos de Fedea, esta propuesta, además de beneficiar mucho más a los hogares vulnerables, generaba un ahorro anual de 6.225 millones. Dinero que podría reinvertirse en otras medidas para apoyar a esos mismos hogares o a los futuros pagadores de las pensiones (los jóvenes).
El informe de Fedea, y otros que coincidían en las cifras generales (como el de Esade), acabaron en las papeleras de los Ministerios de Economía y de Seguridad Social. El Ejecutivo sacó adelante la subida generalizada del 8,5%. Pedro Sánchez se lo volvió a restregar este miércoles a Feijóo en el Congreso: “Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, es que ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en este país".
Los ricos también lloran... pero menos
El presidente del Gobierno se refirió exactamente en los mismos términos al presumir de sus nuevos impuestazos. "Cuando ustedes votan en contra del impuesto a las grandes empresas energéticas o las entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien", le espetó al líder del PP.
Ambos impuestos, y también el de las grandes fortunas, obligarán a sus 'víctimas' a rascarse un poco el bolsillo. La cuantía de la nueva carga fiscal cambiará poco el rumbo de las grandes corporaciones y puede espantar a algún rico. Ahora bien, tanto las empresas como los grandes contribuyentes están recurriendo ya -o lo harán- unos impuestos con una armazón jurídica menos sólida de lo que desearía Hacienda. Las posibilidades de tirarlos abajo en los tribunales son tantas que algunos fondos de inversión ya están financiando los pleitos (lo ha contado en Vozpópuli Mercedes Serraller).
Las verdaderas víctimas de una larga crisis que arrancó en Wuhan son los millones de españoles que cobran una nómina -baja, intermedia o alta-, que siguen pagando un IRPF sin deflactar, pese al impacto de la inflación. Es esa resistencia la que ha convertido en ganadora a la Agencia Tributaria, que sigue recaudando a niveles récord. Una millonada que podría redirigirse hacia los hogares vulnerables, gente de bien y bien jodida.
