Los enfrentamientos dentro del Gobierno dificultan la renovación de los ERTE

El Gobierno ha escenificado esta semana, una vez más, las discrepancias que existen entre sus miembros para abordar políticas tan importantes como la renovación o el fin de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que dejarán de proteger a 700.000 personas dentro de diez días a menos que haya un acuerdo al respecto.

Aunque la negociación es tripartita -entre el Ejecutivo, CCOO-UGT y la CEOE-, los agentes sociales señalan al Gobierno como el culpable de que no se haya alcanzado un acuerdo y apuntan, en concreto, al hecho de que cada ministro quiera imponer una visión diferente. 

La única que aparentemente no pone problemas a las peticiones de la patronal y los sindicatos -que quieren que se renueven los ERTE para todos los sectores económicos que todavía no han podido retomar la actividad- es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para quien no es un problema mayor el incremento del gasto público que supondrá una prórroga automática de todos los ERTE, y quien se ha esforzado desde su toma de posesión en sacar adelante todas las medidas con el apoyo del diálogo social.

"Ella no es la que quiere dejar fuera a la hostelería, por ejemplo", apuntan a este medio fuentes de Trabajo, que señalan al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como el autor de la lista de sectores beneficiados. En el entorno cercano del ministro no quieren pronunciarse sobre las negociaciones mientras éstas duren.

La postura de Escrivá

Escrivá, que con frecuencia ofrece información sobre la evolución de los ERTE en sus redes sociales, se muestra partidario de alargar estos esquemas sólo en aquellos sectores que podrían tener en el futuro problemas explícitos para retomar su actividad. Ésta es su postura oficial, pero contradictoria con las declaraciones de Díaz que sigue insistiendo en que "se prorrogarán los ERTE donde sea necesario". 

La Seguridad Social es el ente que está sufriendo más directamente el coste de los ERTE. Por un lado, está asumiendo el pago de las prestaciones por desempleo, para lo que ha contado con un préstamo extraordinario de 15.000 millones del Estado, y por otro lado sufre el impacto de la exoneración del pago de cotizaciones sociales, principal fuente de ingresos del sistema. 

Es por ello que el ministro se ha mostrado partidario, desde que se empezó a retomar la actividad, de que se diera ese premio (la exoneración de cuotas) a las empresas que hicieran el esfuerzo de rescatar a trabajadores del ERTE, y no a aquellas que tuvieran que seguir suspendidas.

Este planteamiento ha contado siempre con la oposición de empresas y autónomos que no veían sentido a que se ayudará a las empresas que sí podían abrir y pagar sueldos, y se diera la espalda a las que ni siquiera podían hacerlo. Ahora, este planteamiento sigue generando debate en la mesa de negociación, pese a que el Gobierno ha accedido a subir las exoneraciones por encima del 80% para las empresas de los sectores más afectados. 

Además de la clasificación por sectores y las exoneraciones, también es motivo de controversia entre Díaz y Escrivá el hecho de que el cobro de la prestación por desempleo empiece a computar o no en el periodo máximo de dos años.

Maroto y Calviño también toman parte

También se ha metido en las negociaciones la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, quien insiste junto a Escrivá en la necesidad de prorrogar los ERTE sólo para algunos sectores. Ambos cuentan con el apoyo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, uno de los miembros del Ejecutivo que es más consciente de la necesidad de contener el gasto público todo lo posible para evitar que el déficit público y la deuda sigan descarriándose.

UGT ha culpado directamente a los tres ministros socialistas de que el acuerdo no salga adelante: "La intromisión de los Ministerios de Economía y de Turismo, en relación a que el acuerdo afecte a sectores concretos, y la cerrazón del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, que insiste en incentivar, con exoneraciones, la reincorporación de las personas trabajadoras de los ERTE a una actividad, impiden que se pueda cerrar un acuerdo amplio y beneficioso para empresas y personas trabajadoras, en el que no se deje a nadie a nadie atrás".

Este sindicato dice entender las "limitaciones presupuestarias" y por eso anima al Gobierno a quitar las exoneraciones con las que premia a las empresas que vuelven a la actividad y rescatan a trabajadores, a cambio de concedérselas a las que necesiten seguir en ERTE.

Mientras los miembros del mismo Gobierno se ponen de acuerdo, 700.000 personas aguardan expectantes para saber si el miércoles 30 de septiembre se acabará su ERTE y tendrán que volver a trabajar y cobrar su sueldo, o si seguirán suspendidos y cobrando la prestación por desempleo durante más tiempo.