Los partidos políticos siguen ajenos a la realidad del país y cuidan poco la estética del gasto público. A pesar de que el Gobierno va a tener dificultades en encajar las cuentas públicas de este año, el Congreso y el Senado han duplicado este año las aportaciones de dinero público que vienen realizando en los últimos años a los planes de pensiones privados de los asesores de los grupos políticos en ambas cámaras, y también a los funcionarios. Ambas instituciones tienen habilitadas unas partidas de gasto inicial en los presupuestos de este año de casi 700.000 euros, que pueden llegar al millón a fin de año, ya que han empezado a ampliarse los créditos en la nueva legislatura por el aumento exponencial del número de efectivos de este personal de confianza.
Por primera vez en la historia parlamentaria ya hay más personal contratado ‘a dedo’ que diputados. Todo ello sucede cuando aún no hay actividad legislativa real ante las dificultades existentes para la formación de un nuevo Gobierno, mientras se mantiene aún la duda de una nueva convocatoria de elecciones generales. Esa cifra supera con creces los 336.300 euros dedicados conjuntamente el año pasado a esta financiación y los 146.347 euros en 2021.
Mientras, el personal funcionario y el laboral fijo de ambas cámaras suma otros 2,2 millones de aportaciones públicas a planes de pensiones, frente a los 1,2 millones del año pasado y los 517.000 euros en 2021. En total, la financiación a estas pensiones privadas de estas instituciones se acerca ya a los tres millones. De momento, ‘sus señorías’ no se han restaurado todavía este abono, que en su momento incluía un seguro de vida, otro de invalidez y un pago indemnizatorio al llegar a la edad de jubilación. No se descarta a medio plazo. La partida figura en los presupuestos, pero con cero euros en el saldo crediticio.
Se trata de una dádiva que, en la actualidad, no percibe ningún otro empleado público del Estado. Fue instaurada en 2004 para todas las nóminas públicas, incluyendo a los 615 representantes de los partidos en las Cortes. Pero fue suprimida mediante un decreto de Rajoy a partir de en 2012 por la crisis económica y presupuestaria, y también por el cerco al Congreso del movimiento del 15-M. Sin embargo, estas instituciones han retomado estas aportaciones a su personal de confianza y demás empleados públicos a partir de 2021, en plena pandemia, aunque el Senado siempre la ha mantenido de forma testimonial con unos 31.000 euros anuales.
Aunque tiene la misma estructura y clasificación de los Presupuestos Generales del Estado, el poder legislativo dispone de autonomía presupuestaria para no seguir las consignas de las demás actuaciones públicas. Además, sus empleados tienen un Estatuto de Personal propio, a pesar de que existe una norma de rango superior como es la Ley Básica del Empleado Público, que se supone que debería afectar por igual a todos los trabajadores públicos. Según fuentes del Congreso, estas aportaciones a planes de pensiones, junto a la actualización de las nóminas este año con el IPC medio, se han acordado en el proceso de negociación colectiva como compensación de la pérdida de poder adquisitivo.
Lo que es evidente es que ‘sus señorías’ necesitan cada vez más asesores o asistentes, ajenos a las Administraciones, para realizar su labor. La mayor parte procede de los propios partidos, e incluso de amistades y compromisos, y de ellos sólo se conoce su nombre porque su nombramiento se publica en el Boletín Oficial de las Cortes. Pero, sus méritos académicos, profesionales o curriculares son una inmensa laguna informativa. Su sueldo pude oscilar entre 35.000 y 65.000 euros.
Nueva eclosión de 'enchufes'
En esta nueva legislatura que acaba de comenzar se está produciendo una nueva eclosión de contratados ‘a dedo’, con el añadido de que los partidos pueden llegar al número que quieran, mientras no se supere el ratio de uno por diputado en el caso del Congreso. Así, a la espera de nuevas contrataciones de asesores que se avecinan, el Congreso, con 350 diputados, ya dispone de 386 personas de confianza (355 de los diputados directamente y 31 de los órganos de gobierno de la cámara).
La cifra se incrementará hasta al menos 407 cuando se formen las Comisiones de trabajo parlamentario (en la anterior legislatura había 21). Es decir, el ratio es ahora de 1,1 contratados ‘a dedo’ por cada parlamentario si se tiene en cuenta a los que ha nombrado la Mesa; y llegará a 1,2 cuando se constituyan las Comisiones, que dispondrán de un asesor más por cada una.
El grupo del PP dispone ahora de 137 personas de confianza; el del PSOE, de 121; el de Vox, de 33; y el de Sumar, 31. Es decir, tienen el mismo número de asesores directos que diputados, pero el resto de grupos (ERC tiene 8; Junts Per Catalunya, 8; Bildu, 7; PNV, 6%; y el Mixto, 4) dispone de un asesor más respecto al número de diputados. Por tanto, el ratio de sus asesores de los grupos supera ya ese 1% fijado inicialmente.
De momento, el coste previsto de estas nóminas más el complemento de pensiones privadas, que irá subiendo, alcanza en los presupuestos iniciales los 16,5 millones, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo del empleador. Este coste no lo sufragan los partidos políticos, aunque disponen de casi 12 millones para su financiación directa en esta cámara, sino que corre a cargo del erario público.
Asesores del Senado
En cuanto al Senado, los 265 senadores cuentas con 129 asesores (frente a los 76 de años anteriores) incluyendo los órganos de gobierno de la institución. Sale un ratio de 0,5 personas de confianza por parlamentario. El grupo del PP, con mayoría absoluta, dispone de 48 contratados, mientras que el PSOE tiene 36 y el resto de grupos dispone de cuatro cada uno. El coste de sus nóminas, incluyendo la financiación de las pensiones privadas (unos 200.000 euros con un aumento ya del 20% de los créditos iniciales), es de unos seis millones, sumando también las cotizaciones. Mientras, los partidos políticos perciben casi ocho millones de subvenciones directas.
En su conjunto, la actividad parlamentaria del Estado cuenta en la actualidad con al menos 515 asesores con un gasto total de más de 20 millones, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social y los fondos de pensiones. Mientras, los grupos políticos reciben casi otros 20 millones de subvenciones, que acaban en las arcas y en las sedes de los partidos.
