Luis Garicano: "El regulador eléctrico, liderado por el marido de la ministra, ha desaparecido en esta crisis"

La Comisión Europea ha lanzado esta semana su paquete de propuestas para que los países miembros adopten medidas para frenar la crisis energética. Una comunicación que llega un mes después de que el polémico decreto del Gobierno. El economista y jefe de la delegación de Ciudadanos Europa, Luis Garicano, atiende a Vozpópuli desde su despacho en Bruselas para analizar cómo casan ambas estrategias.

Pregunta: ¿Cómo se vive esta crisis energética desde la Comisión Europea?

Respuesta: Hay muchas diferencias entre los países de la Unión Europea. Por ejemplo, Suecia no está teniendo ningún tipo de problema energético, Francia acolcha el problema de precios con su despliegue nuclear y España está en el extremo de países más expuesto a esta crisis. 

P: ¿Por qué España está en este extremo?

R: Principalmente, porque los españoles dependemos más del gas y no tenemos capacidad para almacenarlo. De ese tema no se está hablando. Hay otros países de la Unión Europea con las mismas necesidades de gas que España, pero recurren a su stock. Si no almacenas recurres a un mercado que está desbordado.  

P: Además de los altos precios, ¿cómo valoras las alertas de problemas de suministro? 

R: A esta poca capacidad de almacenaje en España se añade la crisis diplomática de nuestro principal proveedor de gas (Argelia) con Marruecos y nos condena a la compra de barcos de gas. Es una situación de mucha vulnerabilidad, repito, por nuestra escasa capacidad de almacenamiento. 

P: ¿Y cómo ha recibido las medidas que ha puesto en marcha de urgencia Moncloa? 

R: El diagnóstico que ha hecho el Gobierno de ‘cambiar el mercado’ no se comparte en la Comisión Europea. Bruselas apuesta por subsidios a vulnerables o ayudas fiscales, pero no hace mención en ningún caso a los impuestos retroactivos a las eléctricas que ha puesto en marcha el Ejecutivo español. 

Ese tipo de medidas tienen poco recorrido con la legislación europea. La sensación es que la mayoría del decreto será rechazado por un tribunal. La estrategia del Gobierno español es lo que denomina ‘patada a seguir’. Se pone en marcha y si luego les obligan a rectificar ya habrán dicho que se ha resuelto la crisis. Tampoco tiene recorrido la compra centralizada de gas desde Bruselas, porque por mucho que se compre gas no se soluciona el lugar para almacenarlo. 

P: Las empresas confían mucho en que Bruselas tumbe este decreto, ¿cómo valoras esta esperanza? 

R: Tengo mis dudas de que consigan muchas cosas de la Comisión Europea. Pero Bruselas siempre va a proteger el mercado único y que funcione con unas reglas preestablecidas. Aunque tampoco vamos a decir que las eléctricas tienen un gran aliado aquí (Bruselas), porque las empresas en España han tenido mucho control con los reguladores.

Voy a hacer todo lo posible, y como ya se registra en sus propuestas, para que Bruselas aumente la vigilancia sobre la competencia en el mercado eléctrico. En España, el regulador eléctrico, con el marido de la ministra a la cabeza (consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Mariano Bacigalupo), ha estado desaparecido en esta crisis. Él es responsable de vigilar la competencia del sector y llegó a decir que ‘los mercados eléctricos eran una bobada y que no entendía como abrían los telediarios todos los días’. Una duda que le deberían resolver todas las empresas que quiebran por estos precios eléctricos. 

P: El sector también denuncia que la oposición política no ha tenido suficiente capacidad para denunciar estos bandazos regulatorios. 

R: Son temas muy técnicos. Yo y otros compañeros hemos intentado hacer una crítica razonada. La realidad es que ha sido una chapuza tras otra los bandazos regulatorios y lo que se ha demostrado, principalmente, es la falta de conocimiento tanto de la ministra Ribera como del resto del Gobierno.

P: ¿Qué medidas para frenar la crisis energética echas en falta tanto en España como en Bruselas? 

R: La crisis que estamos viviendo tiene un factor estructural. Existe una gran dependencia por el gas tras el abandono del carbón y de las diferentes centrales térmicas. El aumento de los precios del CO2 y la inestabilidad de las fuentes renovables frente a las tradicionales han descontrolado la situación.

España, por ejemplo, en plena transición energética apuesta por cerrar la nuclear que es una tecnología que no emite CO2 y da estabilidad al sistema. Por último, hay que regular mejor la competencia del mercado y existe una alta concentración del mismo con empresas con una importante posición de dominio. 

P: Problemas estructurales que dan la sensación que se ha ido muy deprisa con la transición ecológica.

R: Lo que ha pasado es que no se ha comunicado bien esta transición. No hay ningún político que haya salido en público a decir que esta senda verde no es gratis. Parece obvio, pero no. Tenemos que decirle a la gente que irse cinco veces al año en Ryanair a Ibiza igual no es sostenible. Tampoco lo es conducir a todas partes ni tener la calefacción a tope en invierno. 

Hay que buscar fuentes de energía alternativas sin poner en peligro el suministro. Y hay que exigir que se unan a esta transición a los productores de gas y petróleo. Noruega es un ejemplo, ya que tiene un fondo soberano que invierte ‘de forma verde’ mientras se financia exportando gas y petróleo. Va a ser muy complicado convencer a otros países como Arabia Saudí para que no sigan extrayendo y exportando estas materias primas,

P: Una cosa que nadie entiende en esta línea es que los consumidores finales paguen la especulación en los derechos de emisión. ¿No habría que limitar la entrada de fondos en este mercado verde? 

R: La explicación de la especulación tiene mucho que ver con que los políticos no quieren ver lo que es el funcionamiento normal del mercado de derechos de emisión. Cada año vamos a reducir estos derechos hasta que no haya. Es normal que el precio suba y que las empresas innoven para no tener que contaminar. 

Lo que no tiene sentido es que exista una tarifa regulada como la española que se ve afectada por los precios del gas y por esta limitación de los derechos de emisión, la tarifa regulada debería estar estabilizada y sin tanta volatilidad por estos factores.