El Ministerio de Fomento se ha pronunciado oficialmente por primera vez sobre el estado de las concesiones de autopistas de peaje en quiebra que asumió su antecesor el pasado año y no ha sido, precisamente, en términos positivos. El departamento que dirige José Luis Ábalos se ha encontrado con que las ocho autopistas que ya están siendo operadas por la empresa pública Seitt presentan un déficit de mantenimiento que sería necesario cubrir con inversiones que se aproximan a los 400 millones de euros, si se incluyen los impuestos. Un esfuerzo que deberá asumir el Estado pero que Fomento estima que deberían haber realizado las empresas propietarias de las concesiones.

Así se recoge en un informe que el Ministerio de Fomento solicitó a la ingeniería pública Ineco, a través de una encomienda, para evaluar el estado de las autopistas una vez que el Estado asumió el control de las concesiones, lo que en la mayoría de ellas se produjo el pasado mes de marzo.

El documento considera que para que las autopistas alcanzaran de nuevo un estándar adecuado, con el que en estos momentos no cuentan, deberían acometerse inversiones por valor de 295 millones de euros, sin impuestos. En este cálculo se incluye una estimación referida a la AP-41 (Madrid-Toledo), toda vez que su control aún no ha sido asumido por el Estado ya que su proceso de concurso y liquidación ha tenido unos tiempos diferentes al del resto de concesionarias en quiebra.

Nuevas tarifas para los peajes

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó las nuevas tarifas para los peajes correspondientes a 2019, medida en la que se incluye la ya anunciada rebaja media del 30% en las autopistas quebradas, así como su carácter de gratuitas entre la medianoche y las seis de la mañana.

En la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras que recoge este acuerdo, el Ministerio puntualiza que el resultado del informe de Ineco concluye que "es necesario llevar a cabo inversiones importantes en las autopistas para que estas recuperen el estándar adecuado, entendiéndose que era responsabilidad de cada Sociedad Concesionaria haber acometido esas inversiones con carácter previo a la reversión al Estado".

Otro obstáculo para la relicitación

Un gasto que, a vistas del Gobierno, debió correr a cargo de las empresas privadas y que ahora tendrá que ser acometido por el Estado, que ha establecido un calendario a cuatro años, hasta 2022, para llevar a cabo las actuaciones necesarias en cada autopista. En concreto, de acuerdo con el informe de Ineco, el 44% de esta inversión deberá destinarse a actuaciones de conservación y mejora de infraestructuras, mientras que un 35% irá a parar a rehabilitación y mejora de firme. En un segundo escalón se sitúan las inversiones medioambientales (6%), en instalaciones y sistemas (5%) y en contención y otros sistemas de drenaje (4%).

De esta forma, el Estado prevé destinar cada año cantidades que van desde los 73 a los 84 millones de euros para realizar las mejoras necesarias en las autopistas con el fin de que alcancen los mencionados estándares sin los que, en principio, las concesiones no podrían volver a ser licitadas en el mercado.

El plan trazado por el Gobierno anterior preveía la inmediata relicitación de las concesiones para que éstas estuvieran el menor tiempo posible bajo el control público. Incluso, las estimaciones más optimistas hablaban de finales del presente año para realizar la operación, por la que el Ministerio de Fomento que por entonces comandaba Íñigo de la Serna pretendía obtener ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros.

Crítica velada al anterior Gobierno

Tras el cambio de Gobierno, Ábalos asumió en principio el plan establecido aunque poco después ya admitió que la relicitación no podría realizarse de forma tan inmediata. Posteriormente, el titular de Fomento anunció una rebaja significativa en los peajes de las vías para estimular el incremento de los tráficos, con el fin de hacer más atractivas las concesiones.

Las auditorías de Ineco suponen un nuevo obstáculo a la hora de poner las concesiones de nuevo en el mercado, toda vez que ningún inversor querrá asumir su control hasta que las vías no alcancen el estándar adecuado.

Además de un tirón de orejas a las sociedades concesionarias, la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras también encierra una crítica velada al Gobierno anterior, toda vez que no debió permitir que se le entregaran las autopistas en ese estado.