Los trabajadores no están para fiestas (salvo los funcionarios)

Una auténtica fiebre empleadora. Eso es lo que ha vivido el sector público desde que Pedro Sánchez derrocó inesperadamente a Mariano Rajoy. La buena salud laboral de las administraciones es más que conocida. Pero el debate sobre qué españoles deben asumir la factura de la guerra vuelve a poner el foco en los trabajadores con nóminas públicas. Y en los pensionistas, por supuesto.

“En algún momento, el Gobierno, éste o el siguiente, tiene que aplicar ‘aceite de ricino’”, comenta con ironía un economista que tuvo escaño en el Congreso de los Diputados. “Por mucho que aumenten los ingresos fiscales, es imposible atajar el gasto. Por eso hay que aligerar muchas partidas”.  Y entre las mayores facturas que soportan los Presupuestos están los salarios de los jubilados, de los funcionarios y del resto de empleados públicos (incluida la inmensa pléyade de asesores).

La subida de las pensiones con el IPC está garantizada por ley; de hecho, se revalorizarán en torno al 6% en 2023, según los cálculos del Gobierno. Los segundos, por el contrario, han sufrido una merma del poder adquisitivo durante la pandemia. Sin embargo, se han beneficiado a cambio de un fuerte tirón de la contratación. Quienes han sufrido con toda intensidad la doble crisis (la Covid primero y la guerra después) son los trabajadores y las empresas del sector privado. Un repaso a la estadística demuestra que los unos y las otras no tiene demasiado que celebrar este 1 de mayo.

“España ha tenido un proceso de reducción de costes de los empleados privados, adaptándose con flexibilidad a las condiciones del mercado de trabajo en la era de la crisis y de la poscrisis”, escriben los economistas Lorenzo Bernaldo de Quirós y Maria Gómez Agustín en el informe ‘Un Estado caro, ineficaz e ineficiente’. “Sin embargo, este proceso no se ha producido en el empleo público, en el que los años en que se mantuvieron congelados los salarios fueron compensados con posterioridad”, añaden en el documento, difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Según este estudio, el coste para el Estado de cada empleado público a las arcas del Estado ha registrado un crecimiento progresivo, desde una media anual de 40.000 euros en 2005 a los 58.000 en 2020. “La cifra del gasto en 2001, año en que comenzó el proceso de transferencia del Estado a las autonomías, era de 60.011 millones; ahora, supera los 140.000 millones; es decir, en 20 años se ha duplicado”.

Son, precisamente, las comunidades autónomas las que han protagonizado el ‘boom’ del empleo público en los dos últimas décadas. Lo que ha sucedido durante la legislatura de Pedro Sánchez es un buen botón de muestra. Lo refleja con claridad la estadística del INE.  

El segundo trimestre de 2018 (último de Rajoy al frente del Ejecutivo) concluyó con 3,1 millones de personas trabajando para las administraciones. En el mismo periodo, se ganaban la vida en el sector privado 15,7 millones de personas. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves, el número de empleados públicos ascendía ya a 3,46 millones, y eso que entre enero y marzo sufrió un ligero retroceso. Fuera del ámbito administrativo trabajan 16,61 millones. Desde que llegó Sánchez, por tanto, las plantillas públicas han crecido un 11,2%, frente al 2,4% del sector privado. 

El colectivo de empleados públicos se amplió considerablemente en lo peor de la pandemia, por las contrataciones imprescindibles en la sanidad. “El problema es que se han mantenido muchos ‘vicios’ desde entonces. En su día se flexibilizó, por la urgencia del momento, las condiciones de contratación, de bienes y de personal. Esa dinámica se ha mantenido en parte y tiene que empezar a cambiar”, reflexiona un alto funcionario con gran conocimiento de la Hacienda Pública. 

Más empleados públicos y funcionarios

Desde que arrancó la pandemia hasta hoy, el sector privado ha aumentado sus efectivos un 1,1%, frente al 6,7% del público. Pero la crisis sanitaria no justifica tamaña brecha en la actualidad, cuando los españoles viven ya -o casi- sin mascarillas. La última EPA refleja que la mayoría de las administraciones tienen hoy plantillas muy superiores a las del inicio de la Covid. 

A la cabeza están las comunidades autónomas. Pese a llevar meses rescindiendo contratos de personal sanitario, cuenta con 313.000 trabajadores más en nómina. Lo mismo sucede con los ayuntamientos (43.000 más), y las empresas y entes de carácter público (otros 10.000). Las únicas dos excepciones se encuentran en la Administración Central (6.000 empleados menos) y en la Seguridad Social (que ha perdido otros 1.400). La EPA incluye datos tan significativos como el siguiente: el personal administrativo del sector público ha aumentado en casi 35.000 personas desde el primer trimestre de 2020. 

La expansión de las administraciones en los últimos años es tan evidente que hasta la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se entretuvo este viernes en remarcar que las administraciones han perdido entre enero y marzo más ocupados que el sector privado. Le faltó sacar pecho. En efecto, en el primer trimestre el empleo público creció un 2% en términos interanuales, frente al 5% del privado.

El ministerio de Economía confía en que esta tendencia se afianzará en los próximos meses, gracias al tirón de la inversión empresarial. No lo tienen tan claro, sin embargo, quienes critican el peso excesivo del Estado. En el mencionado informe, Bernaldo de Quirós y Gómez Agustín advierten de que España es cada vez más "improductiva". Y este hecho, denuncian, “constituye una potencial fuente de conflictividad, en tanto que las generaciones futuras que trabajen en actividades ligadas a las economías de mercado se verán forzadas a financiar a un volumen de población cada vez mayor que depende del sector privado”.

El debate sobre quién debe asumir los ajustes que requiere un Estado cada vez más endeudado implica plantear cuestiones desagradables. Por ejemplo, si las pensiones deben subir o no con el IPC. O si las comunidades autónomas deben meter la tijera a sus plantillas de empleados públicos. Y si el Estado debe predicar con el ejemplo y adelgazar sus propias instituciones. Nada invita a pensar que Sánchez vaya a dar un paso al frente en sentido. ¿Se atreverá Alberto Núñez Feijóo, funcionario en excedencia, a reformar el sector público?