Feijóo tendrá apenas un mes para modificar el plan de los fondos UE si gana el 23-J

El próximo Gobierno tendrá un margen de maniobra muy limitado en la adenda al Plan de Recuperación que ha enviado el equipo de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la Comisión Europea este miércoles. En el mejor de los casos (dando por sentado que esté formado ya a mediados de septiembre) contará con apenas un mes para negociar con Bruselas modificaciones en las inversiones y reformas que ha comprometido el Ejecutivo actual.

El plazo para enviar dicha adenda, con la que España puede captar otros 94.300 millones de euros, expira el 31 de agosto. Si no pide antes, se pierden los recursos. Con el adelanto electoral, la única manera de retrasar esa fecha era que Bruselas hubiera reformado el Reglamento y dado más margen ante tal contexto político. Sólo entonces el Gobierno podría haber esperado y haber dejado la tarea de diseñar el nuevo Plan al siguiente Ejecutivo. Sí podría haber negociado los hitos y objetivos con la oposición y las comunidades autónomas, algo que, según el PP, no han hecho.

Tras el envío de la adenda, el artículo 19.1 del Reglamento establece que la Comisión tiene ahora un plazo de dos meses para evaluarla, pero "podrán convenir la prórroga del plazo de evaluación por un periodo de tiempo razonable" para dar algo de tiempo al próximo Ejecutivo. Sin embargo, ese plazo será limitado, pues la adenda debe pasar por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), que cuenta con un plazo de cuatro semanas, y para que entren en vigor el 31 de diciembre como tarde.

"De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento RRF, el apoyo a los préstamos puede concederse hasta el 31 de diciembre de 2023. En consecuencia, todos los acuerdos de préstamo deben entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Por tanto, antes de esa fecha, la Comisión y los Estados miembros interesados deben firmar los contratos de préstamo y la Comisión debe recibir los dictámenes legales que certifiquen que se han cumplido todos los requisitos constitucionales y legales relacionados con la entrada en vigor de estos contratos", reza el Reglamento.

Esto no significa que España tenga que recibir los 84.000 millones de préstamos (a los que también se suman 7.700 millones que estaban pendientes de transferencias no reembolsables y 2.600 millones del RePowerEU) antes de 2024, pues, tal y como refleja el Reglamento, "se abonarán en tramos supeditados al cumplimiento de hitos y objetivos", igual que se ha hecho hasta ahora.

Cómo se gestó el Plan

El primer Plan de Recuperación se envió por el Gobierno a Bruselas el 30 de abril de 2021 y la Comisión Europea dio a conocer su evaluación positiva el 16 de junio, algo menos de dos meses después. El Consejo (Ecofin) aprobó el Plan el 13 de julio y, tras la firma del Acuerdo de Financiación entre España y la Unión Europea (para lo que también se cuenta con un plazo máximo de dos meses, tal y como informa el Ministerio de Hacienda), en agosto de 2021 se recibieron 9.000 millones en concepto de prefinanciación.

Finalmente, ya el 10 de noviembre de 2021 la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, acordaron y firmaron las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, el documento técnico que establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan.

La historia se repite ahora con la segunda parte del Plan, en el que el Gobierno ha comprometido con Bruselas una batería de nuevas inversiones y reformas para poder solicitar otros 94.000 millones de euros, que se sumarán a los 69.500 millones que ya estaban adjudicados a España en la primera parte (aunque de momento sólo se han recibido 37.000 millones).