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Economía

Facua denuncia a cinco supermercados por limitar la compra de aceite de girasol

La organización también ha detectado que en los últimos días se ha registrado un alza desproporcionada de los precios de este producto en diferentes cadenas

Facua denuncia a cinco supermercados por limitar la compra de aceite de girasol
Mensaje en un supermercado advirtiendo de la limitación por persona del aceite de girasol. Europa Press.

La organización de consumidores Facua ha denunciado a los supermercados DIA, Mercadona, MAS, El Jamón e Hiperdino por limitar a los clientes el número de unidades de aceite de girasol que pueden adquirir en cada compra. En un comunicado, la organización de consumidores afirma que ha comprobado que las cinco empresas han colocado mensajes en los que avisan de dicha limitación.

"La venta de aceite de girasol se limita a 3 unidades de un litro o una garrafa de 5 litros por cliente y día", advierten carteles colocados en DIA. "Máximo 5 L por cliente", dicen los de Mercadona. "Limitamos la venta de aceite de girasol y semillas. Máximo 5 litros por cliente y día", indican en MAS, la cadena andaluza del grupo IFA. Por su parte, la también andaluza El Jamón señala que "la compra de este producto está limitada a 5 unidades de 1 litro por cliente y día", mientras que en la canaria Hiperdino puede leerse que "se limita la compra por cliente y día a un máximo de 1 ud. x 5 l o 2 uds. x el resto de formatos".

Facua ha detectado además que en los últimos días se ha registrado un alza desproporcionada de los precios de este producto en diferentes cadenas y ha registrado importes de hasta 2,98 euros el litro en el establecimiento que vende el producto a mayor precio.

Ley

El artículo 9.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que "los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen".

Además, la ley recoge como labor de las administraciones públicas comprobar "el cumplimiento de lo dispuesto" en la legislación para "cuyo fin podrán desarrollar las actuaciones inspectoras precisas" y podrán "sancionar las infracciones cometidas".

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