Las acusaciones de parcialidad del Tribunal Constitucional (TC) están generando malestar en el seno del tribunal de garantías, ahora mismo, por la sentencia sobre el CGPJ en funciones, que se ha convertido en enfado esta semana ante la filtración del borrador de sentencia que avala el impuesto a grandes fortunas frente al recurso de la Comunidad de Madrid. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha estallado este jueves en su discurso precisamente en las XXIX Jornadas de la Asociación de Letrados del TC que se han celebrado en Vigo, en el que ha defendido la independencia y la imparcialidad de jueces y magistrados como pieza esencial del Estado de Derecho, y ha pedido a todos los representantes públicos que respeten las leyes vigentes y que den cumplimiento a las sentencias de los órganos judiciales.
Conde-Pumpido ha destacado que en las instituciones jurídicas, como es el caso del TC y de todo el Poder Judicial, la independencia es un principio indispensable e inseparable de la función jurisdiccional. La ausencia de la misma, ha apuntado, supone "un claro retroceso en la calidad democrática y la división de poderes".
Este discurso se produjo después de que este jueves distintos medios avanzaran el sentido del borrador de ponencia de sentencia de grandes fortunas, cuando ni siquiera ha empezado la deliberación. El texto entero circula por varios canales desde este jueves. Filtraciones de esta amplitud y en este punto no son habituales y han generado un descontento importante en el TC, según ha podido constatar Vozpópuli.
Varias pantallas por delante
En estos momentos, a cuatro días de que empiece una deliberación -que podría no finalizar siquiera la semana que viene-, algunos medios ya están analizando los efectos de la sentencia y del resto de vías para atacar el impuesto disponibles. Este miércoles, el TC informó de que se ha fijado este comienzo de deliberación para el Pleno del próximo martes, fecha que también se comentaba que iba a ser la elegida desde hace días.
Llama la atención la rapidez, cuando la propia Comunidad de Madrid ha recurrido otras normas en recursos admitidos hace justo un año de los que todavía no hay noticia, y cuando el de grandes fortunas fue admitido el pasado abril. Contar con un fallo a finales de octubre permitirá al Gobierno tener margen para tomar decisiones respecto a este impuesto de cara a 2024. Con todo, expertos y abogados admiten que la celeridad en las sentencias es un dato positivo.
Este verano circuló un rumor alentado por un despacho de que el TC iba a fallar sobre el impuesto en un pleno de urgencia a finales de julio, lo que llevo a muchos a impugnar su liquidación. El 21 de septiembre, Cinco Días avanzó que el TC pretendía tener sentencia antes de que acabara el año, lo que Vozpópuli pudo confirmar, y dio alas a una última avalancha de impugnaciones para poder acogerse con seguridad a una poco probable declaración de inconstitucionalidad del impuesto en el caso de que se produjera, como trasladaban asesores y asociaciones.
Y es que la mayoría progresista y el bloque de siete a cuatro que se viene reproduciendo están avalando las medidas del Gobierno que se analizan. En el bloque progresista destacan, además de Conde-Pumpido, el ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
Manuel Ollero, magistrado emérito del TC conservador y ponente de la sentencia que tumbó la amnistía fiscal del PP, lo ha lamentado en una entrevista con este periódico.
Fuentes jurídicas conocedoras trasladan que antes se producían cambios en posiciones de algunos magistrados en la deliberación que ahora parecen muy poco probables. Tampoco ayuda el sistema que sigue el actual presidente del TC, que no propicia el debate ni lleva al Pleno asuntos en los que hay cierto consenso, sino que estos se llevan ya con el sentido que plantee el bloque de la ponencia, y el otro redacta su voto particular, como se está produciendo con grandes fortunas. En contrapartida, este sistema agiliza las sentencias.
El propio Campo es ponente del recurso contra el impuesto a grandes fortunas de Andalucía, que aunque se presentó en segundo lugar por detrás del de Madrid, fue el primero en admitirse. Andalucía pidió su recusación, que no se ha tenido en cuenta. Finalmente sí se ha respetado el turno de admisión para la primera sentencia, la de Madrid, aunque se dice que se hace por ser el recurso más completo, una vez que el TC ha decidido no acumular los cinco recursos que se han planteado.
Aunque hay matices, estos cinco recursos son similares. El borrador de ponencia del de Madrid muestra que de momento el texto de María Luisa Balaguer no admite ninguno de los cinco motivos de inconstitucionalidad que se alegan. No supuso una invasión de competencias de la comunidad, ni alteró el régimen de cesión de tributos, ni es confiscatorio ni atenta contra la capacidad económica, ni es inconstitucional -a pesar de otros fallos del TC que sí lo creen- crear un impuesto en una enmienda de una proposición de ley de otros asuntos vinculados a la crisis energética.
Tampoco ve tacha en que afecte a 2022, lo que se conoció en noviembre y se aprobó el 29 de diciembre -y Hacienda anunció en septiembre cuando decidió crear el impuesto que afectaba a 2023 y 2024-. Algunos expertos creían que el TC avalaría el impuesto para 2023 pero lo tumbaría para 2022 por este motivo.
Recado al PP por el CGPJ
Con todo, el discurso de Conde-Pumpido este jueves en Vigo manda un recado al PP, al que parece responsabilizar del bloqueo en la renovación de CGPJ. Según la nota que ha emitido el TC, su presidente "ha reivindicado el imperio de la ley".
"Las leyes están para cumplirse, y que el hecho de que no nos guste una ley o deseemos cambiarla, no puede ser excusa para el incumplimiento de la Ley vigente y menos para un incumplimiento prolongado, que amenaza con ser indefinido. Existen procedimientos democráticos para cambiar las leyes; pero mientras no se modifiquen, las leyes vigentes nos obligan a todos, jueces, ciudadanos y al resto de los poderes públicos".
Ha defendido la legitimación democrática de todos los Poderes del Estado y ha recordado que la Constitución establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". Todos los poderes del Estado, ha explicado, incluido el judicial, como proclama expresamente el artículo 117 cuando comienza estableciendo que "la Justicia emana del Pueblo".
Asimismo, ha resaltado la importancia del respeto entre los Poderes del Estado y las instituciones así como el principio de no injerencia. Cada poder, ha explicado, debe desempeñar con independencia su función propia y evitar las descalificaciones públicas de las actuaciones de los demás poderes, que sólo contribuyen a debilitar la fortaleza del conjunto del sistema, y que deben ser ajenas a un entendimiento democrático de cada función.
Este viernes el TC ha publicado una nota de prensa para defenderse de las críticas a la sentencia sobre el CGPJ en funciones en la que acusa a los críticos de no saber leer.