En defensa de Mercasa

Este diario ha venido publicando en los últimos meses informaciones relativas a Mercasa y al consorcio Mercasa Incatema que apuntaban a un comportamiento impropio de un grupo estatal, controlado por la Sepi y el Ministerio de Agricultura. Las noticias de las últimas semanas sobre la Operación Lezo y los registros en Mercasa han mostrado que las informaciones publicadas por Vozpópuli no iban mal encaminadas.

Vozpópuli seguirá informando sobre Mercasa y el proceso judicial abierto. Pero eso no impide que desde este diario se recuerde también que el grupo encargado de gestionar los mercados de abastos en España, Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia..., cuenta con una sufrida plantilla de unas 85 personas, algunas de ellas con décadas de experiencia en la compañía pública que sienten un gran cariño por su empresa y que están viviendo con profunda desilusión el daño causado por unos pocos. Y que Mercasa es una compañía con 51 años de historia, con un modelo de negocio imitado en el exterior, de la que prácticamente procede la mitad de los alimentos frescos consumidos en España. Si no fuera por Mercasa, es posible que los menús a 9, 10, o 11 euros que los trabajadores españoles consumen a diario fueran más caros y peores, o que grandes multinacionales se hicieran con el control de la alimentación básica del país.

El viernes Sepi anunció la disolución de Defex por el daño reputacional sufrido

La actividad comercial mayorista que se realiza en la red de 23 Mercas genera un volumen de negocio superior a los 10.600 millones de euros al año; hay 3.200 empresas instaladas en los mercados gestionados por Mercasa y los respectivos ayuntamientos, que atienden diariamente a 75.000 clientes. Todos ellos están detrás del mercado o la tienda de alimentación del barrio, que permiten una experiencia de compra que de acuerdo a las encuestas supera en satisfacción a cualquier otra, o de los menús ofrecidos en bares y restaurantes. En cuota de mercado sobre el consumo total en España, el 55% de las frutas y verduras consumidos en el país proceden de los Mercas, el 45% de los pescados y mariscos, y el 25% de las carnes.

El viernes la Sepi informó haber acordado solicitar al Consejo de Ministros autorización para la disolución de Defex, la empresa de exportación de armamento controlada por el organismo público en un 51%, una propuesta que procede del Ministerio de Defensa. El caso Defex tiene cierta vinculación con Mercasa, pero la medida adoptada no debería ser la misma.

En 2014 la Guardia Civil detuvo a diez personas, entre ellas al expresidente de Defex, implicadas en una supuesta red de desvío de decenas de millones de euros de un contrato de la empresa pública española con Angola. El ciudadano portugués Guilherme Taveira sería la persona que intermediaría en ese contrato en nombre del Gobierno angoleño, según las investigaciones del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, al frente del cual está el juez José de la Mata.

Mercasa creó en el año 2002 el consorcio Mercasa Incatema, participado por la compañía privada de ingeniería Incatema, para desarrollar mercados de abastos en el exterior. Mercasa Incatema ha levantado un mercado de abastos en República Dominicana y está terminando otro en Luanda, capital de Angola. Para este último, el consorcio también contrató al prófugo de la justicia española Guileherme Taveira como intermediario. El papel de Taveira en la actuación de Mercasa Incatema parece haber provocado las investigaciones del juez De la Mata sobre Mercasa, que han coincidido con las que el juez Eloy Velasco efectúa sobre el Canal de Isabel II. Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, era consejero del consorcio Mercasa Incatema.

El pago de sobornos a funcionarios en países pobres perpetúa dictaduras

Sepi informó el viernes que la decisión de liquidar Defex se ha tomado después de "constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional".

También es obvio el daño reputacional sufrido por Mercasa con las informaciones de las últimas dos semanas. Pero caer en la tentación de seguir el mismo camino en Mercasa que en Defex por las supuestas prácticas irregulares de Mercasa Incatema en Angola, o de Pablo González, sería injusto y desleal con la plantilla de la compañía que ha gestionado durante más de medio siglo los mercados de abastos españoles.

Es tarea ahora del Gobierno, de la Sepi y del Ministerio de Agricultura, limpiar la imagen de Mercasa, distanciarse de lo sucedido pero tampoco mirar hacia otro lado, depurar responsabilidades y expresar con contundencia la confianza en la empresa pública. De paso, es momento de acometer dos reformas que se han ido retrasando y que no deberían tener más demora.

La estructura de Mercabilbao acordada en 2011 puede ser el modelo a seguir

Es necesario formalizar el negocio en el exterior de Mercasa. No parece necesario que la compañía requiera de un consorcio como Mercasa Incatema para desarrollar Mercas en el exterior. Da la impresión, precisamente, que la existencia de Mercasa Incatema responde a la necesidad de pagar comisiones ilegales en países pobres. Que para hacer negocio en un país pobre o en una dictadura no haya más remedio que sobornar a funcionarios públicos no lo justifica, y menos aún en el caso de un grupo participado por una empresa pública. Los sobornos perpetúan las dictaduras y empobrecen aún más a la población sometida.

La compañía privada Incatema podría comprar las acciones de Mercasa en el consorcio y tratar de seguir ella sola su camino. Las posibilidades que tiene Mercasa de instalar su modelo de negocio en economías en vías de desarrollo son elevadas. Países de América Latina o de Asia son potenciales clientes de Mercasa, regiones que posiblemente vivan un desarrollo económico mucho más acelerado del que España y Mercasa han vivido conjuntamente en los últimos cincuenta años.

Por último, es hora de que el Gobierno, Mercasa y los Ayuntamientos decidan el modelo conjunto de los Mercas. Los mercados de abastos de Madrid, Barcelona, Valencia... tienen un contrato con los ayuntamientos en los que están implantados por los que en un determinado periodo de tiempo la propiedad del Merca revertirá en el ayuntamiento. Se trata de una patata caliente que nadie aparentemente está dispuesto a digerir. No parece la mejor idea que la gestión de Mercamadrid o Mercabarna recaiga totalmente en los gobernantes de turno de los respectivos ayuntamientos.

El modelo a seguir podría ser el que lograron acordar en 2011 el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna Urreta -fallecido en 2014, considerado como "el mejor alcalde del mundo"- e Ignacio Cruz Roche, entonces presidente de Mercasa. Ambos firmaron un acuerdo por el que Mercabilbao se instauró como gestor directo del servicio sin límite temporal, como una sociedad de capital íntegramente público, cuyos accionistas son el Ayuntamiento de Bilbao (60%) y Mercasa (40%), garantizando así la continuidad en la prestación del servicio público de los mercados mayoristas.