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Abengoa reduce su plantilla en 15.115 personas en menos de un año

Planta solar de Abengoa.

Abengoa ha reducido drásticamente la plantilla en menos de doce meses, pasando de emplear en el mundo a más de 32.000 personas a 17.000 en la actualidad; en España el grupo ha despedido en el mismo periodo a más de 2.000 trabajadores.

El grupo energético se declaró en preconcurso de acreedores el pasado mes de noviembre, y en marzo presentó en el juzgado mercantil de Sevilla, a cargo del proceso concursal de la empresa, un acuerdo alcanzado con la mayoría de sus acreedores para seguir negociando la refinanciación de su deuda. El juez ha permitido a Abengoa disponer de otros siete meses para alcanzar un acuerdo definitivo que evite la declaración de concurso. Inversores en bonos emitidos por la compañía, la aseguradora Zurich Insurance, o el fondo estadounidense de infraestructuras EIG han solicitado la impugnación de dicho acuerdo.

De acuerdo al escrito presentado el mes pasado por los abogados de Abengoa, el despacho Cortés Abogados, al mercantil de Sevilla para oponerse a la petición de impugnación del acuerdo de homologación de refinanciación, la compañía ha reducido en 15.115 personas su plantilla en los últimos meses.

Abengoa dice que el concurso acarrearía graves efectos económicos y sociales en España

En su escrito, al que ha accedido Vozpopuli, el despacho contratado por Abengoa explica que la compañía, sus accionistas, sus proveedores, y sus acreedores han realizado sacrificios importantes para evitar el concurso del grupo. Y también sus trabajadores: "Por parte de los trabajadores se han asumido también importantes sacrificios en favor del proceso de refinanciación", dice. "Desde el comienzo del proceso de reestructuración del Grupo ha disminuido la plantilla total, pasando de 32.157 personas a 17.042 personas". Por lo que se refiere a España, indican, en el mismo periodo la plantilla ha pasado de 6.841 personas a 4.805 personas. Además, Abengoa ha llevado a cabo "otras medidas, como suspensiones de contratos a través de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, traslados de centro de trabajo, establecimiento de licencias sin sueldo y aplazamientos de salarios".

Nómina de julio

Abengoa ha dejado de pagar por vez primera a su plantilla desde el inicio de la crisis que ha llevado al grupo a rozar el concurso de acreedores. La compañía energética debe todavía la nómina de julio al 40% de sus empleados, de acuerdo a fuentes de la empresa. La multinacional con sede en Sevilla, que tampoco ha pagado la extra de julio, asegura que a lo largo de agosto entregará los salarios debidos.

Las fuentes consultadas en la compañía explican que Abengoa ha pagado el 100% de la nómina de julio a los empleados que menos cobran, que suponen aproximadamente el 60% del total de la plantilla, y que el resto, a partir de determinada cantidad, no ha percibido todavía el sueldo del mes pasado. El grupo prevé cerrar antes del próximo día 10 de agosto un acuerdo con sus acreedores y fondos de inversión una inyección de capital para afrontar el pago de las nóminas y mantener la actividad.

Abengoa apela en ese escrito enviado al juez de Sevilla a las consecuencias negativas que la declaración de concurso tendría "para España", para reclamar que no se admita la impugnación del acuerdo de refinanciación. "Los administradores están desarrollando, conforme a su diligencia debida, un esfuerzo extraordinario para mantener en funcionamiento las actividades empresariales esenciales y alcanzar un acuerdo de reestructuración global que facilite la conservación de la empresa y evite un concurso de acreedores que, sin ninguna duda, sería el más grande de los declarados, hasta este momento, en España y que tendría, con toda seguridad, efectos perjudiciales para todos los colectivos implicados: Acreedores financieros, proveedores comerciales, trabajadores, y accionistas".

La defensa de Abengoa termina su escrito advirtiendo que cabe afirmar, "sin temor a equivocarse", que un eventual concurso del grupo "acarrearía en España, y particularmente en Andalucía, graves efectos económicos y sociales, que podrían incluso calificarse como sistémicos".