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Economía

Las empresas infractoras 'deben' 1.084 millones de euros en multas a la CNMC

El 87% de esa cantidad está suspendida judicialmente, según expresa el Tribunal de Cuentas expresa en un reciente informe

Cani Fernández es presidenta de la CNMC
Cani Fernández es presidenta de la CNMC EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una especie de árbitro de los sectores regulados y vigilante de la economía, donde tiene la misión encomendada de buscar y sancionar prácticas anti-competitivas. Sin embargo, su efectividad se encuentra condicionada por las dificultades a las que se enfrenta para cobrar las sanciones que impone. Así se deduce del último informe publicado por el Tribunal de Cuentas, en el que se aprecia que las empresas adeudan 1.084,5 millones de euros a esta institución.

Desde que la CNMC inicia un expediente sancionador hasta que cobra el importe de la multa pueden pasar varios años. Primero, porque la instrucción de cada caso tiene sus tiempos; y, segundo, porque las empresas sancionadas cuentan con la posibilidad de iniciar un camino judicial que se desarrolla en dos fases: primero, con un contencioso la Audiencia Nacional y, segundo (en tal caso), con un recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Según el Tribunal de Cuentas, las empresas sancionadas por la CNMC -entre las que se encuentran algunas de las principales del Ibex 35- deben un total de 1.084,5 millones al 'regulador', de los que 946 millones (el 87%) se corresponden con sanciones cuyo pago se encuentra pendiente de una resolución judicial.

Sanciones de Competencia

Con datos del 23 de septiembre, el sector de competencia era el que acumulaba un mayor número de sanciones recurridas y pendientes de resolución. En total, eran 403 con 1.202,7 millones de euros en juego. Es decir, una cantidad mayor de la que se debía el 31 de diciembre, según los propios datos del Tribunal de Cuentas.

En esa fecha, Cani Fernández acababa de asumir -dos meses atrás- la presidencia de la CNMC y de su Sala de Promoción de la Competencia. Es decir, se deduce que esa cantidad procedía de la anterior etapa, cuando José María Marín Quemada estuvo al mando de ese departamento.

En el ámbito audiovisual, el pasado 31 de diciembre había once sanciones en litigios por un importe de 2,4 millones; mientras que en el de las telecomunicaciones, otras diez, por un montante de 23,6 millones.

Dentro del sector postal, la CNMC está pendiente de la decisión de los tribunales sobre dos de sus expedientes, por 140.001 euros, mientras que en el de la energía espera el resultado de diecisiete, cuyo importe asciende a 59 millones de euros.

Recomendaciones a la CNMC

El Tribunal de Cuentas también incluye en su informe una serie de recomendaciones para mejorar la efectividad de la CNMC. Entre otras cosas, le pide que trabaje para “uniformar las actuaciones que se realizan, su duración, las formas de incoación y designación de los instructores, los procedimientos de contabilización y cobro de las sanciones”. Todo ello, para evitar “disparidades”. En sus alegaciones, la CNMC afirma que ya ha modificado algunos de los aspectos que se señalan anteriormente.

A juicio de la entidad fiscalizadora, la CNMC debería instar a las autoridades correspondientes para que se dé cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de su ley de creación ya que, después de más de siete años desde su entrada en vigor “aún existen procedimientos sancionadores en el ámbito de la energía cuya instrucción corresponde a la Dirección de Energía de la CNMC mientras que su resolución compete a distintos órganos de la Administración General del Estado".

Asimismo, la CNMC debería insistir en homogeneizar los tres sistemas distintos de gestión del cobro y contabilización de sus multas que utiliza en sus diferentes ámbitos sancionadores, tal y como recomienda el Tribunal.

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  • C
    Causticae

    La CNMC es el instrumento que usa el Régimen para dar visos de legalidad a la opacidad de los mercados oligopolistas que hay en España. Siempre capitaneada por inútiles nepóticos ,e integrada por un ejército de enchufados, no tiene la autoridad legal para evitar que los oligopolios abusen de los consumidores y PYMES. Sus sanciones, generalmente con defectos de forma y fuera de plazo, son recurridas a los tribunales ordinarios que son al final quienes deciden. Siempre a favor de los sancionados.
    Es una vergüenza nacional.