Más empleo público... pese a que tres de cada 10 españoles viven de una nómina del Estado

A finales de la era franquista y durante los primeros años de la transición política, el sueño de cualquier familia era que sus hijos entraran de botones en una entidad bancaria, porque era sinónimo de puesto de trabajo vitalicio. La crisis financiera de 2008 acabó con ese mito, pero la mayoría de afectados por la reducción del número de bancos y oficinas estaba ya, para su tranquilidad, a las puertas de la jubilación. A comienzo de los años setenta aún no existían las comunidades autónomas (las primeras elecciones tras la muerte del dictador se celebraron en abril de 1979) y los ayuntamientos eran una caricatura de lo que son en la actualidad.

Hoy, casi medio siglo después, las únicas ofertas de empleo que se publicitan proceden de la Administración General del Estado o de los gobiernos regionales. Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda ha convocado una oferta pública de empleo de cerca de 45.000 plazas, de las que la mitad, aproximadamente, son de nueva creación.

Cataluña ha anunciado también que, antes de que acabe el año, convocará cerca de 47.000 plazas para consolidar interinos; la Comunidad Valenciana, otras 22.700 (la mayor de su historia) con similar objetivo; Madrid, 2.348 plazas más. Antes, lo hizo Andalucía, en enero, con 29.000 plazas. Y las que vendrán en las próximas semanas y meses, porque no hay que olvidar que en 2023 hay elecciones autonómicas en todos los territorios no históricos, salvo en Andalucía, que las ha adelantado al 19 de junio.

A nadie puede extrañar que, a día de hoy, cerca de 14,2 millones de españoles vivan del sector público, del que reciben la pensión, el salario o la prestación por desempleo cada mes. El dato en términos absolutos cobra aún más fuerza cuando se relativiza: los ingresos de tres de cada diez españoles dependen del sector público. En los años que Pedro Sánchez lleva en la presidencia del Gobierno la proporción ha aumentado un punto porcentual, lo que equivale a hablar de 473.000 ciudadanos, teniendo en cuenta que, según el INE, la población española era en julio del pasado año, últimos datos disponibles, de 47.326.687 personas.

En España, con datos del mes de abril, hay 9 millones de pensionistas que cobran más de 10 millones de pensiones, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social; cerca de 3,5 millones de ocupados públicos, de acuerdo con la EPA del primer trimestre del Instituto Nacional de Estadística, y casi 1,7 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que no de parados, cuya cifra es mucho más alta.

En 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy, en España había 13,58 millones de personas que dependían de una “nómina” pública. Son 586.990 ciudadanos menos. Sin embargo, en 2012, había 14,3 millones de “dependientes” del Estado.

Asturias tiene la mayor proporción de pensionistas sobre población total; Extremadura, de beneficiarios de paro, y Aragón, de ocupados en el sector público

Las cifras varían notablemente de un año a otro en función, sobre todo, de la situación económica por la que atraviese el país. Las mayores oscilaciones se dan en el número de perceptores de prestaciones por desempleo. Mientras en abril de este año había algo menos de 1,7 millones, en el mismo mes de 2012 se contabilizaban 2,92 millones debido al agravamiento de los problemas de la economía española.

Otra de las cifras que más ha variado en el último decenio ha sido la de ocupados en el sector público. Según los datos del INE, en marzo de 2012, el total de ocupados en España era de 17,76 millones, de los que 3,2 millones pertenecían al sector público, el 18,01%. En marzo de este año, último dato publicado, la economía española ocupaba a 20,1 millones de trabajadores, de los que 3,47 millones dependían del sector público, el 17,2%.

Evolución del empleo público

Se da la circunstancia de que a pesar de que el sector público ha crecido en 267.700 trabajadores, su peso en el conjunto de ocupados ha disminuido 0,8 puntos porcentuales. Y es que cuanto más gente esté trabajando (+2,32 millones) menos se nota la proporción de las administraciones públicas en la economía.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el número de ocupados públicos se ha incrementado en 362.400, aunque no toda esa variación es achacable a su responsabilidad. El número de empleados públicos en las Comunidades Autónomas ha crecido en casi 284.000 personas en estos cuatro últimos años, según el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que edita el Ministerio de Política Territorial.

El caso de los pensionistas es más estable. Con algunas excepciones, como la ocurrida durante la pandemia del coronavirus, su número viene incrementándose en alrededor de 100.000 personas cada año, al haber aumentado la esperanza de vida y mejorado las condiciones sanitarias en los países desarrollados. En 2012 había 8,18 millones de pensionistas y hoy hay 9 millones.

En los años que Pedro Sánchez lleva en la presidencia del Gobierno la proporción ha aumentado un punto porcentual, lo que equivale a hablar de 473.000 ciudadanos

¿En qué regiones es mayor la dependencia de las Administraciones Públicas? Hemos dicho que el 30% de la población española recibe sus ingresos mensuales del Estado, pero hay comunidades autónomas donde la proporción es mayor. Son los casos de Asturias (38,02%), Extremadura (37,75%) o Galicia y Castilla y León, donde se sobrepasa el 35%. En mejores condiciones, si por ello se entiende una menor dependencia del dinero público, se encuentran Baleares (24,1%), Murcia (25,42%) o Madrid (26,03%). En Andalucía, que tiene el porcentaje medio de España, son más de 2,5 millones de personas las que dependen de una nómina pública, y en Cataluña, 2,25 millones.

En el conjunto del país, quienes reciben una pensión representan el 19,02% de la población total; los beneficiarios de una prestación por desempleo, bien en forma contributiva o asistencial, son el 3,59%, y los ocupados en el sector público, el 7,33%. Pero también aquí hay muchas variaciones entre unas regiones y otras.

En Asturias, el 26,86% de su población percibe una pensión; en Galicia, un 25,3%. Sin embargo, en Canarias, solo un 14,35%; un 14,7%, en Baleares, y un 15,2%, en Murcia. En Extremadura y Andalucía, los beneficiarios de una prestación por desempleo suponen el 6,96% y el 5,64%, respectivamente, de su población total, mientras en Baleares es apenas el 2,07%, o el 2,27% en el País Vasco. La mayor proporción de empleo público sobre el total de población se da en Aragón (8,7%) y Cantabria y Castilla y León, (8,58%). En el otro extremo de la balanza se encuentran La Rioja (6,36%) y Cataluña (6,38%).