Malas noticias para el Gobierno en su 'guerra' con los fondos de inversión de energías renovables. La Justicia británica ha ordenador embargar un instituto español en Londres, para hacer frente al impago de un laudo. La decisión judicial tiene que ver con las derrotas que está sufriendo el Estado en los tribunales internacionales de arbitraje, por el recorte a las primas de las renovables aplicado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El embargo ordenado en Reino Unido tiene que ver con una denuncia formulada por el fondo de inversión luxemburgués Antin. El laudo, pendiente de pago, fue dictado por la corte del CIADI hace casi cinco años 2018. Pero el proceso viene coleando desde 2013.
Según fuentes conocedoras del caso, España está obligada a asumir el arbitraje "por ser un país miembro del Tratado de la Carta de la Energía y por ser socio firmante del Convenio del CIADI". El proceso, alargado por el cruce de recursos, ha desembocado en el pago de una indemnización mucho mayor de la ordenada inicialmente. La 'condena' inicial era de 101 millones, a los que se suman ahora 20 millones por intereses de demora otros seis millones por las condenas en costas.
Por tanto, las obligaciones asociadas a este caso ya superan los 127 millones de euros. Quien se embolsará la indemnización -si el Gobierno español cede finalmente- será otra firma, Center Brigde, que adquirió los derechos de cobro al fondo Antin.
El edificio embargado está situado en los números 317-318 de la calle Portobello Road, en Londres. Se trata de la sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un centro lectivo situado en el barrio de Kensington, propiedad del Estado español. El edificio que acoge al instituto es un antiguo convento dominico, con capacidad para 550 alumnos. Los estudiantes que acuden al colegio siguen el plan de estudios español, desde la etapa primaria hasta el bachillerato.
Los fondos, a la caza de otros activos
Todos edificios y activos españoles son susceptibles de embargos, en el marco del proceso de recuperación de activos que han puesto en marcha los fondos afectados por los impagos. En Reino Unido también se ha autorizado de forma cautelar el embargo de la sede londinense del Instituto Cervantes, así como la incautación de una cuenta bancaria del Reino de España y un edificio de acción exterior de la comunidad autónoma de Cataluña.
En Australia, la Corte Suprema ha emitido una sentencia que abre la puerta a medidas similares. En los próximos meses se espera el anuncio de los primeros embargos que afectarán a bienes españoles en el país oceánico.
El pasado mes de abril, el fondo Blasket (titular del caso Infrared) también activó una cláusula que declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones de euros. La financiación del Tesoro se ha encarecido un 15% en los dos meses transcurridos desde entonces.
