La opinión pública insiste en que Teresa Ribera tiene ‘una guerra abierta’ con grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola o Naturgy. El denominado ‘impuestazo’ o el límite a los 'beneficios caídos del cielo' son algunas de las medidas que marcan este conflicto. Pero las pequeñas compañías no comparten esta teoría. Las comercializadoras de luz independientes denuncian que con los movimientos de la ministra para la Transición Ecológica los grandes beneficiados son las grandes compañías eléctricas.
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) han firmado un manifiesto para que quede constancia que, desde septiembre de 2021, las medidas adoptadas por el Gobierno en materia eléctrica han castigado la competencia del sector eléctrico.
Esta asociación está integrada por pequeñas eléctricas, que no pequeñas energéticas. Acciona a través de su comercializadora, Repsol con su negocio de venta de electricidad y gas, Cepsa, Engie, BP, TotalEnergies son algunas de las 23 empresas que han dejado por escrito que “los grandes” se están beneficiando de los bandazos regulatorios.
“Nadie duda de que la falta de competencia es perjudicial para el consumidor porque a medio plazo los monopolios u oligopolios siempre conllevan un control del mercado y provocan aumentos de precios y bajadas de la calidad de servicios”, denuncia el manifiesto de ACIE. “Si no se modifica la normativa actual, en pocos meses, se destruirá la mayoría de la competencia en el mercado eléctrico y retrocedemos muchos años en la liberalización del mercado”, añade la asociación que preside Asier Gorostiza, Director General de Enara Energía.
Su declaración de intenciones se basa en que desde el Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se ha incentivado que las empresas dominantes verticalmente integradas, como es el caso de Iberdrola o Endesa, vendan a su cliente minorista a un precio inferior al del mercado mayorista (antes de devolver sus beneficios extraordinarios, prefieren ofrecer con ellos buenos precios a los clientes).
“El resultado es que las comercializadoras que compran en el mercado mayorista toda o buena parte de sus necesidades de suministro no pueden competir”, protestan. La situación que denuncian se ha agravado aún más porque, como señalan, estas compañías utilizan su energía barata (67 euros/MWh) para captar nuevos clientes mientras que en las renovaciones de los clientes que ya tenían ofrecen precios de mercado (150-200 euros/MWh).
“De esta forma no solamente se reparte injustamente las bajadas de las energías más baratas, sino que las demás compañías no pueden competir en el mercado minorista”, comentan. Su denuncia se complementa con sus datos de evolución de clientes (nuevos clientes menos bajas) desde 2013 hasta marzo 2022 (no se dispone de datos más recientes de la CNMC puesto que este organismo ha dejado de enviar datos provisionales por el momento) frente a los de estos grandes grupos. La línea naranja muestra la suma de evolución de clientes de Iberdrola, Endesa y Naturgy y la línea verde la suma del resto de las compañías.
Dos exigencias para Ribera
Estas empresas piden a Ribera que elimine la exención del mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico para nuevos contratos. “Entendemos que esta es la raíz del problema causado posteriormente”, defienden. Con ello, consideran que se lograría obtener los ingresos previstos por el exceso de retribución, y se podría repartir entre todos los consumidores por igual, sin hacer la clara discriminación entre ellos, que se comentaba previamente.
Un hecho que no se va a cumplir. Es más, la minoración finalizaba el próximo el 31 de diciembre y el Gobierno ha decidido esta semana extenderla durante todo 2023 en sus medidas para afrontar la crisis energética. Otra de las exigencias para Ribera es que “cumpla la Ley” y realice las subastas del 25% de la energía inframarginal de las compañías generadoras dominantes, tal y como está publicado en el real decreto de septiembre de 2021.
