El tablero de juego legal de las grandes operaciones da muchas vueltas y el de la entrada de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica ofrece paradojas como que Sebastián Albella, expresidente de la CNMV, sea ahora socio de Linklaters y asesore al Grupo Saudí. Y es que cómo se ha podido comprar una participación del 9,9% sin que se advirtiera ni comunicarlo al mercado hasta el 5 de septiembre es un misterio que la CNMV analiza desde este viernes con poco entusiasmo. Hasta el momento no ha cuestionado la operación y según ha desvelado Vozpópuli, se abre a avalarla.
El comunicado final de STC a la CNMV de este viernes pretende que se compró una participación del 4,9% desde el 21 de mayo sin comunicar ni alertar, junto con un 5% de instrumentos financieros, un 9,9%, que aseguran haber alcanzado el 5 de septiembre.
En concreto, Green Bridge Investment Company, radicada en Luxemburgo y controlada por STC, y actuando a través de su socia Green Bridge Management. En último término, el fondo soberano saudí, Public Investment Fund (PIF), dueño del 64% de STC.
Fuentes jurídicas y fuentes no oficiales próximas a la CNMV plantean dudas sobre la legalidad de una operación cuyos perpetradores han trasladado que a la órdenes de Morgan Stanley y asesoramiento de Allen & Overy se han ido comprando en los últimos meses pequeñas participaciones disgregadas en una arquitectura sofisticada para eludir la obligación de informar, lo que estiman que viola no sólo el espíritu de la normativa de control de mercados de capitales sino también la letra.
Una normativa que Albella defendía con mano de hierro cuando presidía la CNMV, según puede constatarse en folletos y comunicaciones de operaciones. Uno de los casos más emblemáticos es la opa de LetterOne sobre Dia en 2019, en la que ejerció un férreo control sobre las posiciones de Goldman Sachs, a quien obligó a informar en todo momento sobre éstas y sobre sus intenciones y a detallar qué partes pertenecían a su cartera de clientes y cuáles no.
La CNMV ha sugerido que no ve necesaria ahora una vigilancia estricta. Se abre a que la operación encaje en "algunas especificidades y exenciones parciales". Y apunta además a que el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores, contiene exenciones en su artículo 33 que permiten a los bancos no informar de posiciones en empresas por encima del 3% para trading siempre que no superen un 5%.
Fuentes jurídicas habituadas a este tipo de operaciones cuestionan la legalidad de este proceder y recuerdan que esta excepción se aplica a la actividad comercial de los bancos, a su cartera de varios clientes, ya que por su naturaleza pueden tener un margen más amplio para operar sin necesidad de informar que otros operadores.
Pero advierten de que esta exención no aplica a las posiciones que adquieran para un único cliente ni a la función de intermediarios para administración y custodia de valores. El deber de información del banco como persona interpuesta y del cliente y responsable final de la compra también se regula con precisión en los artículos 23 y 24. Tampoco escapa al deber de comunicar
Sobe el uso de derivados y productos de todo tipo para sortear el control, el artículo 28 estipula que "la obligación de notificar se aplicará también a toda persona que posea, adquiera o transmita, directa o indirectamente, otros instrumentos financieros".
En una entrevista en El País en diciembre de 2018 como presidente de la CNMV, Albella decía, tras ser preguntado por si hay suficiente reproche social sobre el uso de información privilegiada: "El reproche social por el uso de información privilegiada es bajo, pero se han logrado avances. Hay más conciencia de que esta práctica supone jugar con ventaja, aunque conviene seguir haciendo pedagogía. Es una infracción que no debemos aceptar porque mucha gente invierte sus ahorros con la esperanza de que el mercado es limpio".
Albella, abogado del Estado, desempeñó esta posición en el Ministerio de Economía en los años 80 y fue director del Servicio Jurídico de la CNMV. Desembarcó en 1994 en la abogacía de los negocios como socio en Ramón y Cajal, y en 2006 dio el saltó a Linklaters. En 2016 fue nombrado presidente de la CNMV a propuesta de Luis de Guindos y Luis Garicano y su nombramiento estuvo cerca de recibir una reprobación, no vinculante pero expresiva, del Congreso ante las críticas a los conflictos de intereses que tenía por su asesoramiento a empresas.
El trance se salvó in extremis por el voto del PNV y en su comparecencia, Albella prometió que no volvería a tener relaciones laborales con Linklaters. Dejó el cargo en diciembre de 2020 para incorporarse en abril de 2021 como of counsel en Latham & Watkins, despacho que abandonó en julio de 2022, y aunque había anunciado su intención de abrir una boutique, finalmente volvió a Linklaters.
En su perfil en el despacho, Albella dice de sí mismo: "Valoro mucho los precedentes y las soluciones estandarizadas y consolidadas, pero siempre me gusta considerar posibles mejoras o alternativas y pensar fuera de lo común [think out-of-the-box, en inglés]".
La opa de SIX sobre BME
Durante su presidencia de la CNMV, Albella tuvo que inhibirse en casos como la resolución del Popular. Tras su vuelta al sector privado, se han planteado otras operaciones paradójicas, como que meses después de que culminara la opa de SIX sobre BME que se produjo durante su Presidencia de la CNMV, en marzo de 2021 Albella fichó por Latham & Watkins, asesor de BME, para lo que pidió permiso al Gobierno. Y en septiembre de 2022 volvió a Linklaters, que aconsejó a SIX.
El pasado marzo, cuando se desataron los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a Ferrovial por la decisión del Consejo de mudarse a Países Bajos para cotizar en Ámsterdam y EEUU, algunas voces próximas a la empresa acusaron a Nadia Calviño de quitar atractivo a la Bolsa española por la opa de SIX sobre BME en 2019. Consideran que la venta de Bolsas y Mercados Españoles al grupo suizo en lugar de a Euronext fue un grave error que además de un fracaso para España y el parqué español penaliza a las empresas españolas, que no pueden disfrutar de los criterios y facilidades de las bolsas europeas.
Las diferencias entre lo que ofrecían SIX y Euronext eran evidentes, subrayan las fuentes citadas, que culpan a Calviño, en primer lugar, y a Albella, entonces presidente de la CNMV, de que no se intentara convencer a BME de que optara por una operación de mayor proyección.
Operadores del sector consultados por Vozpópuli advierten de que el error se va haciendo más patente con el tiempo. Alertan de que el valor de la Bolsa española va mermando.