El PSOE suma una nueva derrota: el Congreso aprueba la rebaja de los alquileres de Aena

El Congreso ha aprobado este jueves, con la abstención del PSOE y de Podemos, la enmienda que rebaja los alquileres de Aena. Esta propuesta de CC está incluida en el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y fue aprobada la semana pasada en el Senado con el apoyo de PP, ERC, Bildu y JxCat. A los de estos partidos se han sumado los 'síes' de PNV, Cs y Vox en el Congreso.

Según informan fuentes cercanas a la compañía semipública presidida por Maurici Lucena, el PSOE habría intentado salvar el resultado de la votación, pero la abstención de Podemos y el 'sí' del PNV han provocado que finalmente sólo 16 diputados se hayan opuesto a la enmienda.

El voto de Podemos era clave, pero ha decidido abstenerse "no porque esté en contra", sino porque hubiera preferido que la rebaja "fuera fruto de un acuerdo" entre las partes afectadas, ha comentado el representante de la formación morada, José María Guijarro. En este sentido, ha querido mandar un mensaje a Maurici Lucena: "Tiene usted que negociar", ha dicho.

En concreto, el Congreso ha aprobado la enmienda con 178 votos a favor, 152 abstenciones y 16 votos en contra. Esta es la segunda gran derrota del PSOE en el Congreso tras la del decreto de los remanentes municipales hace un año.

1.500 millones menos en ingresos

La enmienda tendrá un perjuicio multimillonario para Aena, que estima una reducción en los ingresos comerciales de, aproximadamente, 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025, según ha informado la propia empresa, de la que es propietario el Estado en un 51%, en un comunicado a la CNMV este jueves.

En base a a la caída de tráfico de pasajeros respecto a 2019, la enmienda impone una rebaja en la renta mínima garantizada anual (RMGA) que pagarán los inquilinos de los comercios y restaurantes ubicados en los aeropuertos españoles a partir de este mes de septiembre.

Aena había ofrecido a sus inquilinos una rebaja del 50% entre junio de 2020 y este mes de septiembre, cuando volvería a cobrar el 100% de las rentas. No obstante, algunas empresas (entre ellas, las multinacionales Dufry, Areas y SSP, que representan el 75% de su facturación comercial) habían rechazado esta oferta y habían recurrido a los tribunales para resolver el asunto de forma particular.

En cualquier caso, la enmienda deja sin efecto los acuerdos alcanzados entre las partes y obliga a Aena a aplicar rebajas proporcionales a la caída del tráfico de viajeros hasta que se recuperen los niveles de 2019. Una medida que Aena considera "inconstitucional" y que genera "inseguridad jurídica", según informan a Vozpópuli fuentes cercanas a la compañía semipública.

Aena analiza las vías de recurso

Ahora Aena ha contratado a PwC como asesor legal para preparar la batalla judicial que puede arrancar para intentar tumbar esta modificación de la ley. "Aena está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía", ha avanzado en el comunicado a la CNMV.

Fuentes cercanas a la empresa semipública aseguran a este medio que el Gobierno estudia recurrir la decisión al Tribunal Constitucional. Aena también contempla llevar el asunto a la Comisión Europea al considerar la medida como "ayudas de Estado a las empresas".

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las ayudas de Estado que beneficien a determinadas empresas y falseen la competencia, aunque en ciertos casos pueden ser autorizadas. En este caso, serían los inversores (entre ellos, el Estado) los que deberían registrar la demanda de arbitraje ante Bruselas.

La cuantía total que está en juego asciende a 2.000 millones, según las estimaciones realizadas por el Banco Santander. Sólo las multinacionales se ahorrarán hasta 1.500 millones de euros gracias a la enmienda aprobada este jueves por el Congreso, tal y como ha avanzado Vozpópuli. Los partidos que han apoyado la enmienda han destacado que de ésta depende también el futuro de 14.000 puestos de trabajo de las concesionarias que podrían haberse visto obligadas a cerrar.