El chantaje de Calviño y el fiasco de Ribera con la luz

Nadia Calviño avanza en su viraje hacia posiciones que ni Pablo Iglesias habría imaginado cuando vestía el traje de vicepresidente. Lo han constatado con sorpresa esta semana los agentes sociales, sindicatos incluidos. La titular de Economía, cuya prudencia y sensatez han alabado las patronales desde que tomó la cartera ministerial, enseñó los dientes este miércoles. Y se despachó con una amenaza en toda regla a los empresarios: su plantón a la subida del salario mínimo será tenido en cuenta a la hora de negociar la inminente renovación de los ERTE y las prestaciones de los autónomos. 

En poco más de medio año, Calviño ha pasado de frenar las andanadas de Yolanda Díaz a presionar a los líderes patronales con una herramienta demasiado parecida al chantaje. El entrecomillado de la vicepresidenta económica no deja resquicio a las dudas: "Los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad de también mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos", aseguró durante una entrevista en Onda Cero. "Sobre todo, cuando en el curso del mes de septiembre se va a tener también que decidir qué hacemos con los ERTE y la prestación de los autónomos", remarcó. 

¿Qué ha sucedido para que se 'radicalice' la ministra que tantas veces ha frenado los pies a Díaz y al propio Iglesias? ¿Por qué defiende con ahínco hoy la misma subida salarial que rechazó de plano al cierre del pasado año? 

Calviño tiene sus razones. La vicepresidenta primera asegura que las tornas han cambiado en la economía. El PIB está rebotando al ritmo esperado tras la recesión (según la previsión oficial, crecerá un 6,5% en el conjunto del año) y el paro está experimentando caídas "sin precedentes" (agosto registró el mayor descenso de la serie histórica). También ha retrocedido el número de afectados por los ERTE, hasta los 260.000 personas. 

La obcecación del Gobierno refuerza la tesis de quienes acusan a Sánchez de usar el SMI como cortina de humo: para calmar los ánimos ante la bochornosa subida de la luz y tapar la ineficaz gestión de Ribera

Ningún empresario pone en duda que la recuperación esté en marcha. Ahora bien, además del malestar por las formas de la vicepresidenta, ponen sobre la mesa otras variables que desaconsejan -a su juicio- subir ya el salario mínimo interprofesional. A la cabeza está la escalada histórica del precio de la luz, que está encareciendo la factura energética de miles de negocios, grandes y pequeños. También los últimos coletazos de la pandemia, que sigue entorpeciendo la actividad en muchos sectores. 

Pero, por encima de todas las cifras, quienes se oponen a la subida del SMI coinciden al formularse una pregunta: ¿Por qué el Gobierno sacrifica la paz social aprobando con urgencia un incremento salarial sólo para tres meses? La propia Calviño ha recordado que la subida no tendrá efectos retroactivos; es decir, beneficiará a los 1,5 millones de trabajadores que lo cobran en octubre, noviembre y diciembre.

El Ejecutivo podría haber arrancado un compromiso a las patronales para elevar el salario mínimo en 2022. O buscar soluciones alternativas para ayudar a los colectivos que más necesitan esa subida, como los jóvenes, las empleadas del hogar o los empleados eventuales del campo. Por ejemplo, introduciendo bonificaciones a través del IRPF, como ha planteado la CEOE.

La obcecación del Gobierno refuerza la tesis de quienes acusan a Pedro Sánchez de usar el SMI como cortina de humo: para calmar los ánimos de la ciudadanía ante la bochornosa subida de la luz y tapar la ineficaz gestión de Teresa Ribera.

La titular de Transición Ecológica ha sido incapaz de poner freno a los precios desbocados de la electricidad. Y eso que la escalada del megavatio arrancó antes del verano. Sorprende que Ribera, quien conoce bien los vericuetos del opaco sector eléctrico, no haya taponado la herida hace semanas, siendo consciente de que el problema de base (el encarecimiento del gas y los derechos de emisión) no tiene solución por ahora.

Sánchez tiene claro que el fin (arrebatar a Unidas Podemos el tanto del SMI) justifica los medios (agrietar el diálogo social)

La ministra se ha limitado a impulsar a corto plazo dos medidas fiscales que apenas han tenido impacto (la rebaja del IVA y la suspensión temporal del impuesto a la generación). Y a emprender otras reformas que sólo se notarán en el recibo más adelante (el fondo de sostenibilidad o el recorte de los beneficios caídos del cielo).

La impotencia de Ribera está dañando a marchas forzadas la imagen del Gobierno, minando la confianza de los hogares y restando futuros votos. De ello es plenamente consciente Pedro Sánchez, quien ha desplegado una estrategia que bien podría llevar la firma del desterrado Iván Redondo.

Por un lado, sus ministros económicos están remando en bloque, sin fisuras sobre asuntos sobre los que antes había desavenencias. "Tenemos que negociar en los próximos días la prórroga de los ERTE, y en un momento como el actual, con todo el esfuerzo que el Gobierno ha puesto en la negociación de los ERTE o en las ayudas directas a empresas", aseguraba esta misma semana José Luis Escrivá, otro de los ministros más moderados y preparados del gabinete. Al igual que hizo Calviño, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reclamó a los empresarios "sensibilidad y empatía" para respaldar una subida "moderada" del SMI. También quitó hierro al encarecimiento de la luz, asegurando que tendrá un efecto "mínimo" en el recibo.

Paralelamente, Sánchez ha tomado una doble decisión. La primera: sacar adelante el SMI con o si beneplácito de los empresarios, ya que el fin (apuntarse un tanto deseado por Unidas Podemos) justifica los medios (agrietar el diálogo social). La segunda: taponar la sangría del recibo eléctrico bajando de nuevo los impuestos.

El próximo martes, Teresa Ribera comparecerá tras el Consejo de Ministros. Si no hay cambios de última hora, sacará adelante medidas fiscales para suavizar la factura. Lo más probable es que rebaje el gravamen directo sobre la electricidad (del 5,11%), mal que le pese a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tendrá que compensar de algún modo a las comunidades autónomas (la recaudación está cedida).

Para Sánchez, la jugada será redonda si logra aprobar en el mismo Consejo de Ministros la subida del salario mínimo. A juzgar por lo que aseveró este viernes Yolanda Díaz, el Gobierno podría forzar la carambola. La titular de Trabajo manifestó su "tristeza" por la actitud de los empresarios. "Es verdad que hay una parte que se ha sentado en esa mesa sin negociar, que ha dicho que quiere cero euros, y sale de la mesa diciendo que quiere cero euros. Eso no es negociar", se quejó; y prometió que habrá un aumento salarial sí o sí.

La subida del salario mínimo dará un pequeño desahogo a colectivos de trabajadores vulnerables como los jóvenes, muy azotados por la crisis económica. El problema es que la medida también añade un hándicap a colectivos empresariales igualmente vapuleados por la pandemia, como los autónomos con trabajadores a su cargo. De ahí que la solución que abandera ahora Calviño pueda generar otro problema: desincentivar la contratación de quienes necesitan más un trabajo que una subida simbólica del sueldo.