Cataluña aplica un nuevo impuesto sobre CO2 a más de dos millones de vehículos

Ha tardado más de lo previsto, pero Cataluña estrena un nuevo impuesto sobre el maltratado sector del automóvil que ya en 2017 intentó poner en marcha cuya aplicación se ha ido retrasando hasta ahora entre otras cosas por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno y por las gestiones que ha tenido que realizar con la DGT para poder tener acceso a la base de datos de vehículos.

Y es que este nuevo impuesto catalán está basado en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas, y se aplica en función de los datos que le facilita la Dirección General de Tráfico.  Un duro golpe al automóvil con la creación de este nuevo impuesto que se une al doble impuesto a la hora de la compra –IVA y matriculación–, al impuesto de circulación –el que cobra cada ayuntamiento– y ahora este nuevo en base a los niveles de emisiones.

Y aunque más tarde de lo esperado, la Agencia Tributaria de Cataluña ha abierto ya esta semana el plazo para pagar este nuevo impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos de tracción mecánica, que deberán pagar unos 2,2 millones de vehículos en Cataluña, propiedad de 1,6 millones de contribuyentes.

Un impuesto que se aplica a turismos, furgonetas y motocicletas sobre la base de emisiones de CO2 del año 2020, y que ya se puede consultar en la sede electrónica de la ATC el padrón definitivo de los vehículos afectados, que podrán empezar a abonar el impuesto esta misma semana. No obstante, a partir de octubre el contribuyente recibirá una notificación con la carta de pago en la cual constará la cuota que le corresponde pagar, según ha informado el Departamento de Economía en un comunicado.

Casi 70 millones de recaudación

A finales de abril el Govern dio a conocer que en este primer año de aplicación los turismos afectados pagarán una cuota media de unos 35,1 euros anuales, por unos 26,4 euros en el caso de las motos.  La Generalitat prevé recaudar 65,9 millones por este impuesto, unos recursos que se destinarán a partes iguales a un fondo climático y a otro de patrimonio natural.

Por tanto, la recaudación por este nuevo impuesto servirá para invertir en acciones de mejora del entorno y del transporte público, para fomentar las energías renovables y los vehículos limpios, y para impulsar la movilidad sostenible. Este primer año el impuesto grava las emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro, tanto de los turismos como de las motos, pero para el año que viene ese límite se rebajará a 95 g/km, lo que aumentará la base de contribuyentes.

El impuesto afecta también a las furgonetas con emisiones superiores a los 160 g/km, que de media pagarán este año unos 21,5 euros. Están afectados por este nuevo impuesto los turismos hasta un máximo de 9 plazas, las furgonetas de hasta un máximo de 3,5 toneladas y las motocicletas. En cambio, quedan fuera de tributar por este impuesto los vehículos 100% eléctricos, los turismos con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro, las furgonetas que emiten menos de 160 g/km, los ciclomotores, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares y los vehículos usados a transportar más de nueve personas, incluido el conductor.