El pasado año fue un buen ejercicio para el empleo. No tan bueno como 2021, pero hay que tener en cuenta que la comparación de los datos se hizo entonces sobre los de 2020, un ejercicio sobre el que es inútil hacer cualquier comparación estadística, por sus especiales características.
El Gobierno no ha dejado pasar una sola oportunidad para alardear de las cifras. En el conjunto del año, el paro se redujo en 268.252 personas, hasta 2,8 millones; se crearon 471.360 empleos netos y la fotografía fija del mercado laboral de diciembre pasado fue la mejor de ese mes desde hace quince años.
En 2022 se firmaron 18,31 millones de contratos, un 5,54% menos que en el ejercicio precedente, pero el número de contratos indefinidos, algo más de siete millones, aumentó en nada menos que un 232,5%; es decir, se triplicó, a costa de una reducción de la firma de contratos temporales de casi seis millones.
Dicho así, con los datos más relevantes de 2022, parecería que el mercado laboral español ha dado un giro de 180 grados y está a punto de resolver el eterno problema de la precariedad que acompaña a las estadísticas desde hace varias décadas. Pero no es así.
Seis de cada diez contratos que se firmaron el pasado año tuvieron carácter temporal. En algunas comunidades autónomas como País Vasco y Navarra, y en otra media docena de provincias, tres de cuatro nuevos contratos suscritos vienen con fecha de finalización. Pero hay algo más grave aún, que pasa desapercibido para los menos aficionados a la estadística: para que una persona saliera de las listas de parados del Servicio Público Empleo Estatal (SEPE) el pasado año fue necesaria la firma de 68 contratos. En 2021 bastaron 25.
El año pasado se firmaron en España un total de 18.310.343 nuevos contratos, casi 1,1 millones menos que en el año anterior. El 61,62% de ellos tuvieron carácter temporal y el 38,38% restante, indefinido. Son las consecuencias de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021, que entró en vigor, en sus nuevas formas de contratación, el 30 de marzo pasado, con el objetivo de evitar la temporalidad.
El nuevo texto legal establece como prioritario el contrato indefinido. De ahí se explica el que el pasado año se firmaran 7,13 millones de contratos sin límite de caducidad, casi cinco millones más que en 2021. También, por la misma razón, el número de contratos temporales que se firmó fue de 11,28 millones, un 34,67% menos que en 2021, lo que equivale a hablar de 5,99 millones menos.
Fijos discontinuos
Pero hay algo más. La reforma equipara los derechos que amparan a los trabajadores fijos discontinuos a los del contrato indefinido, incluida la indemnización por despido. Se trata, según la firma Wolters Kluwer, de dirigir hacia este tipo de relación laboral las actividades económicas que hasta ahora habían recurrido a la contratación temporal.
Así se explica que una de cada tres contratos indefinidos firmados el año pasado fueran fijos discontinuos: un total de 2,32 millones, cuando en 2021 se rubricaron menos de 263.000, nueve veces menos.
Con esta inversión de los datos llama la atención que la tasa de temporalidad de los contratos firmados se mantenga en el 61,62% y que en nueve comunidades autónomas se supere esta cifra media, entre ellas Andalucía, que protagoniza el 22,22% de las firmas de contratos en 2022, con más de cuatro millones de compromisos firmados.
Hay dos regiones donde la proporción de temporalidad llama poderosamente la atención: País Vasco y Navarra. En la primera, el número de contratos temporales firmados el pasado año alcanzó el 75,48%. Es decir, tres de cada cuatro nuevos contratos suscritos, tres tuvieron una vigencia limitada. En la provincia de Álava, la temporalidad superó el 78%, aunque Vizcaya (75,52%) y Guipúzcoa (73,65%) no estuvieron muy lejos. En Navarra, los datos fueron casi idénticos a los de Álava. Hay además provincias como Palencia (80,7%), Guadalajara (74,2%), Jaén (72,42%), Zamora (72,1%) y Badajoz (71,25%) con cifras muy por encima de la media nacional.
Volatilidad de la contratación
¿Tiene alguna explicación? Más allá de la incentivación de la firma de contratos indefinidos fijos discontinuos que hace la reforma laboral, no. Los expertos piensan que en Navarra y el País Vasco, especialmente en Vitoria, el peso de las Administraciones Públicas es muy elevado y la forma de contratación de estas ya no es la de un puesto de trabajo para toda la vida. Únicamente el sector público del País Vasco tiene un 45% de tasa de temporalidad. Lo mismo, más o menos, sucede en Navarra.
Los datos de contratación en España tuvieron una volatilidad extraordinaria durante el pasado año. Entre los meses de enero y mayo se firmaron más contratos que en el mismo periodo de 2021; en junio, julio y agosto, apenas unos pocos más, y desde septiembre, muchos miles menos. En el mes de noviembre, por ejemplo, se llegaron a registrar hasta 500.000 menos.
En el caso de los contratos temporales, en enero y febrero se firmaron más que contratos indefinidos. Desde abril, estos últimos han mostrado la prevalencia a la que aspira el Gobierno, llegando a duplicar los números de los temporales en los cuatro últimos meses.
