"Se trata de una empresa que le debe todo a España", ha asegurado Nadia Calviño en su andanada contra Ferrovial por la salida de España de su matriz. En la misma línea se ha pronunciado Yolanda Díaz, que ha subrayado que ha crecido al albur de "enormes contratos" con la Administración Pública. Sin embargo, Calviño no ha concretado a qué se refiere exactamente cuando se le ha preguntado por esta aseveración, que pone en el foco las ayudas de Estado que otorgó José María Aznar a las grandes empresas españolas para su internacionalización.
La compañía británica BAA aceptó en la madrugada del 6 de junio de 2006 una oferta de venta de Ferrovial por 10.300 millones de libras (más de 14.600 millones de euros) por la que se hizo con los siete aeropuertos británicos, entre ellos, Heathrow, y se convirtió en el mayor gestor de aeropuertos del mundo.
Desde su fundación en 1952, Ferrovial tuvo vocación internacional, con proyectos en Latinoamérica y África, pero es en 2002 cuando se produce un giro copernicano como protagonista en las operaciones más importantes de Reino Unido y EEUU.
Ferrovial no estaba sola. En 2004, Santander compró Abbey National por 13.199 millones. En 2005, Telefónica adquirió la británica O2 por 26.665 millones de euros. En 2006, Iberdrola hizo lo propio con Scottish Power por 17.200 millones.
Este momento dorado de las empresas españolas en el extranjero se debe a un potentísimo incentivo fiscal a la internacionalización, las ayudas por el fondo de comercio que creó el Gobierno de José María Aznar en 2002, por el que se ha estimado que se regó a las empresas con más de 30.000 millones. Recogido en el artículo 12.5, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las empresas españolas pueden amortizar el fondo de comercio financiero, la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el valor real de mercado, que resulta de la adquisición de participaciones significativas en empresas extranjeras durante los veinte años siguientes a la adquisición.
La Comisión Europea abrió una investigación en 2007 a España tras haber recibido varias denuncias y preguntas de eurodiputados, especialmente británicos, que sostenían que el régimen español es ilegal. Las quejas ponían en la diana la actividad de las empresas españolas en Reno Unido, pero también las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra para la concesión de las autopistas en Francia.
En 2009 lo declaró ilegal por considerar que distorsionaba la competencia y otorgaba una "ventaja injustificada a las empresas españolas, especialmente en el contexto de las ofertas públicas de adquisiciones competitivas". Por ello, el Ejecutivo comunitario consideró que "el trato favorable de las adquisiciones españolas en otros Estados miembros era discriminatorio y, por consiguiente, injustificable". Esto fue confirmado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2016.
Catarata de ayudas
Además, el Ejecutivo comunitario reclamó a España que recuperara toda la ayuda ilegal concedida en virtud de dicha disposición respecto a las adquisiciones europeas a partir del 21 de diciembre de 2007, fecha en que se publicó la decisión de la Comisión de iniciar una investigación, lo que dejó fuera las principales operaciones. En 2011, la Comisión declaró ilegales las ayudas para la adquisición de empresa de fuera de la UE, y en 2014 rechaza un intento de salvar este tipo des ayudas bonificando la compra de empresas extranjeras a través de sociedades interpuestas.
Estos procesos contra España dan cuenta de todas las ayudas a la internacionalización que se pusieron en marcha en España al principio de los años 2000. Las empresas también se podían deducir gastos financieros sin límite, lo que el Gobierno de Mariano Rajoy topó en 2012 entre sus subidas de impuestos al llegar al poder en plena emergencia económica.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este viernes en un argumento similar al del Gobierno y ha reprochado a Ferrovial su decisión, que le parece que "es una falta de patriotismo y de respeto al país que la ha hecho que sea hoy lo que es".
Porque, según ha puntualizado, "no solo ha gozado de privilegios desde el punto de vista de la contratación pública en España, sino que estamos hablando de los años 60, no estamos hablando de en estos momentos, en los que los contratos tienen otro tipo de transparencia".
Álvarez ha aludido también a la labor del Rey Emérito como colaborador en la internacionalización de las empresas españolas en viajes sufragados con dinero público en los que conseguían contratos.