Bruselas constató este jueves la falta de medidas efectivas en España para corregir el déficit, lo que supone el inicio de un proceso sancionador que puede acabar con una multa de hasta el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones. Aunque la multa no está tan clara, el hecho de que la Comisión haya aprobado este dictamen hace que España entre automáticamente en un "procedimiento agravado” de déficit excesivo, también conocido como "step up", que implica una supervisión reforzada de sus cuentas.
Es decir, que los ‘hombres de negro’ volverán a supervisar cada tres meses las cuentas españolas para asegurarse de que esta vez sí se reduce el déficit. ¿Qué ha motivado esta decisión en Bruselas? La Comisión considera que la política fiscal se relajó mucho en 2015 y eso tuvo un gran impacto en los resultados presupuestarios. En la recomendación que aprobó el jueves cita algunas causas concretas:
1- La rebaja fiscal. El Gobierno puso en marcha una reforma del IRPF y Sociedades en el año 2015 que le impidió dedicar los ingresos extra de la recuperación económica a acelerar la reducción del déficit. Además, impulsó un crecimiento dinámico del gasto en un contexto en el que era prioritario reconducir las cuentas públicas.
2- Pocas reformas en algunos ámbitos. Según Bruselas, las medidas de saneamiento en algunos ámbitos como la reforma de la Administración Pública y el sistema de pensiones no han sido suficientes para compensar el impacto de algunas medidas expansivas, como la reforma fiscal o la recuperación de las pagas extra.
3- La baja inflación. La Comisión reconoce que en el periodo 2013-2015 la inflación española fue muy inferior al escenario macroeconómico de referencia, lo que hizo más difícil cumplir los objetivos de déficit. Sin embargo, este impacto negativo debería haberse visto compensado por un crecimiento del PIB mayor de lo previsto y por la creación de empleo.
4- La no aplicación de la Ley de Estabilidad. Aunque el marco presupuestario español se ha ido reforzando mucho en los últimos años e incluye instrumentos para evitar y corregir desviaciones, no se utilizó en los años 2014 y 2015. Según Bruselas, podría haberse utilizado en mayor medida y solo se empezó a aplicar a raíz de la recomendación de la Comisión de marzo de 2016.
5- Caso omiso a los avisos. Bruselas ha emitido varias recomendaciones a España que el Gobierno no ha tenido muy en cuenta, hasta que el pasado mes de marzo emitió la recomendación autónoma que llevó al Gobierno a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto y a exigir medidas similares a las comunidades autónomas.
Por todo esto, Bruselas concluye que el ajuste presupuestario que llevó a cabo España el año pasado queda muy por debajo de las recomendaciones del Consejo. La falta de medidas efectivas, según expone en el texto, hace poco probable que España logre corregir de manera "oportuna y duradera" el déficit excesivo en 2016.
La multa podría concretarse a mediados de agosto, pero Dombrovskis y Moscovici dejaron caer ayer que la sanción no llegará si se adoptan nuevos ajustes
¿Y qué pasa ahora? El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), que se reúne el próximo martes, tiene que pronunciarse sobre esta recomendación. Si hace el mismo dictamen que la Comisión y pide sanciones, Bruselas dispondrá de un plazo de 20 días para definir la multa, que podría llegar a 2.000 millones (el 0,2% del PIB español) o quedarse en algo puramente simbólico, sin sanción económica. El Gobierno español, por su parte, tendrá diez días para justificar la falta de medidas y explicar los motivos por los que España no merece ser multada.
Si se cumplen estos plazos y el Consejo valida la opinión de la Comisión, el Colegio de Comisarios podría proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego, el próximo 27 de julio. Y a partir de ahí, si el Consejo no se opone al castigo en un plazo de diez días, la multa propuesta se formalizaría a mediados de agosto.
Sin embargo, de las palabras del vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, se puede entender que no habrá multa, puesto que ambos insistieron en varias ocasiones durante la rueda de prensa del jueves en que hay que aplicar el Pacto de Estabilidad “con inteligencia”, teniendo en cuenta la situación actual y sin buscar el castigo. Como contrapartida, España tendrá que adoptar nuevas medidas de ajuste para evitar que se repita la situación.