Bruselas fuerza a Sánchez a devolver casi 4.000 millones del rescate bancario

España devuelve más dinero del rescate bancario de 2012. El Tesoro Público hizo un pago de 3.643 millones el pasado 12 de diciembre y ya ha reembolsado a la Unión Europea más de la mitad de los fondos inyectados para recapitalizar el sector financiero en plena crisis de la deuda soberana, como trasladan fuentes gubernamentales a Vozpópuli. Es el primer pago obligado que se hace después de diez abonos voluntarios por un importe total de 17.612 millones entre julio de 2014 y octubre de 2018.

De hecho, el último repago del préstamo de la Unión Europea fue el primero y único que se ha realizado a iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez durante sus dos legislaturas. En ese momento se interpretó como un gesto hacia el mercado para dar una imagen de fortaleza financiera y de capacidad de recuperación de la economía. Se trataba de lanzar un mensaje a los inversores de que se iba a mantener una política económica predecible.

Una señal que se ha borrado en los últimos meses con los nuevos gravámenes a los bancos y energéticas, y el impuesto a los ricos. Estas medidas fiscales, de hecho, han extendido la incertidumbre de los inversores y ha generado una sombra de inseguridad jurídica por los cambios repentinos.

Sánchez se 'olvidó' durante cuatro años del rescate financiero y ha apurado hasta el primer pago obligado para continuar en los reembolsos. El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con Bruselas un calendario de devolución del dinero a tipos muchos más bajos que los exigidos por el mercado, de una media del 0,8%. Los pagos se difirieron en seis años, con 2022 como punto de partida.

El Estado inyectó casi 60.000 millones al sector financiero, de los que solo ha recuperado el 10%, según los últimos datos del Banco de España"

Este año precisamente se cumplió una década del rescate bancario, en un momento en el que la evolución de la prima de riesgo se seguía a pie de calle. El Estado inyectó unos 60.000 millones al sector financiero, entre ayudas directas e indirectas, de los que solo ha recuperado un 10%, apenas 6.000 millones, según los últimos datos del Banco de España.

Bankia, que fue el detonante de las dudas sobre la solvencia de España y que desencadenó el rescate, percibió más de 24.000 millones, de los que está por ver cuánto se recupera. El Gobierno confía en la revaloración del 16% que retiene en CaixaBank como herencia tras la fusión con Bankia en la era Covid. El Estado tiene hasta finales de 2023 para salir del accionariado del banco catalán, aunque se da por descontado que alargará en breve el plazo.

2027 es la fecha límite para devolver los 20.078 millones pendientes. Son cantidades anuales manejables teniendo en cuenta que el Tesoro Público prevé emitir deuda por casi 260.000 millones en 2023, un 8,2% más que el año anterior.

Se desaprovechó un buen momento de mercado

Pero es cierto, como señalan fuentes financieras, que el Ejecutivo de Sánchez ha desaprovechado un buen momento de mercado, en el que las condiciones de financiación eran muy favorables, sobre todo, por la flexibilidad introducida en la pandemia. De hecho, ahora es previsible un empeoramiento con la nueva hoja de ruta del Banco Central Europeo (BCE) para corregir la inflación de la zona euro.

Sin ir más lejos, el Eurobanco acaba de llevar el precio del dinero al 2,5%, en máximos de finales de 2008, cuando la crisis financiera de Estados Unidos amenazaba con entrar en Europa. En la última reunión de política monetaria del año, Christine Lagarde, la presidenta del banco central, lanzó un mensaje contundente para refrendar su lucha por atajar la inflación y afirmó con rotundidad que las cuatro subidas de tipos en medio año, algo nunca visto en la zona euro, "no son suficientes".

Lagarde fue más allá y apuntó a otros dos incrementos del precio del dinero de medio punto en febrero y marzo, con lo que el techo de los tipos se situaría en el 3,5%. Siempre y cuando se consiga doblegar la inflación en la zona euro, que ronda el 10%. El BCE proyecta que la crisis de precios se prolongará al menos hasta 2025, cuando estima que el IPC de la región se reducirá al 2,3%.