Bruselas hace la vista gorda con la subida fiscal al diésel prometida por Sánchez

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado esta semana que espera que el desembolso del segundo tramo del Plan de Recuperación, que asciende 12.000 millones de euros, se efectúe "en los próximos días", después de que la solicitud superara la evaluación del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea (EFC, por sus siglas en inglés).

En este segundo tramo, además de la reforma laboral y la primera parte de la de las pensiones, se incluye la Ley de Residuos, que crea los impuestos a plásticos y residuos, que deberían entrar en vigor en este semestre. Pues bien, la ley salió adelante con una enmienda que tuvo que transaccionar el Grupo Socialista por la que los impuestos no entrarán en vigor al menos hasta enero de 2023, asunto con el que Bruselas va a hacer la vista gorda, según ha podido saber Vozpópuli.

A esto se suma lo que la Comisión está pasando por alto respecto a lo comprometido en el tercer tramo que acabó el pasado 30 de junio: a saber, las subidas de la fiscalidad del diésel y de los impuestos de matriculación y circulación que estaban comprometidas ahora y que no se han hecho y ni siquiera se han contemplado.

Este tramo no se analizará formalmente por la Comisión hasta el segundo semestre de este año, pero la evaluación es continua y cabe deducir que la parálisis en estas reformas está consultada con Bruselas.

El Gobierno no ha planteado que se trate de un retraso por la crisis que ha originado la guerra en Ucrania, simplemente las citadas subidas se han volatilizado, como si nunca hubiera existido el compromiso.

De hecho, España va doblemente retrasada en la subida del impuesto de matriculación que reclama Bruselas, ya que en 2021 congeló la que estaba vigente desde enero y en 2022 ha entrado en vigor la subida prometida de un año antes.

Respecto a la creación de peajes en autovías, anunciados para 2023 en base a un desarrollo en 2022, ha sucedido parecido.

Todo ello, cuando la Comisión Europea prevé, por una parte, relajar el control de las emisiones para compensar la falta de gas ruso pero, a la vez, ha lanzado el Plan REPowerEu para avanzar en la autonomía energética a través de las energías renovables en el contexto de la guerra en Ucrania.

Pasa de largo por las reformas de Escrivá

Otras de las reformas sobre las que Bruselas pasa de puntillas son las del Ministerio de Inclusión. Por una parte, la que debería hacer sostenible la reforma de las pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que José Luis Escrivá aprobó antes del 31 de diciembre pero que está agendada para justo dentro de un año, para diciembre de 2022. Pues bien, la Comisión Europea advierte de que no ve sostenible la reforma, pero ha aceptado la estrategia de Escrivá y ha anunciado que no la va a analizar hasta dentro de un año, hasta julio de 2023, a las puertas de la campaña electoral de las elecciones generales que Pedro Sánchez ha anunciado para diciembre.

Otra reforma fuera de plazo es la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales. Debía haberse aprobado el pasado 30 de junio y se ha llegado a un acuerdo in extremis la semana pasada. Eso sí, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto de desarrollo del armazón de la norma.

Todo esto, a la espera de ver si las tensiones financieras previstas para otoño y una inflación persistente no llevan al BCE y a la Comisión Europea a endurecer sus controles y exigir más condicionalidades de las que ya ha apuntado el supervisor comunitario.