Bruselas espera para principios de 2023 la armonización fiscal entre CCAA que Sánchez descarta

La Comisión Europea entra en el debate sobre las competencias fiscales de las autonomías que se ha desatado en España esta semana con el anuncio de Andalucía de rebajas de impuestos. Los hombres de negro están de visita en España entre este lunes y este miércoles, en principio para examinar la reforma de las pensiones, pero no olvidan otros compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez en el Plan de Recuperación. Así, fuentes de la Comisión advierten de que esperan que España tenga lista para entrar en vigor a principios de 2023 la reforma fiscal comprometida y han puesto el foco en la armonización fiscal para obligar a la Comunidad de Madrid y otras regiones del PP a subir Patrimonio y Sucesiones, uno de los componentes del Plan. Si esta reforma no está lista cuando se ha comprometido, España se arriesga a perder el tercer pago de fondos, han advertido.

Es la traducción a la realidad nacional de uno de los compromisos fiscales del Gobierno español con la Comisión Europea relativo a una armonización de los impuestos a la riqueza de las comunidades autónomas en aras de la coordinación y para evitar la competencia fiscal. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comisión han pactado que se haga una "armonización de la tributación patrimonial". Es decir, el Gobierno español se compromete a hacer la reforma a cambio de fondos y Bruselas a transferirlos si se cumple la reforma.

"En el ámbito de la imposición sobre la riqueza, se evidencian importantes mejoras a introducir, tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar una política redistributiva coherente a nivel nacional", explica el Componente 28 del Plan de Recuperación acordado entre Sánchez y Ursula von der Leyen.

"Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA", insiste el Plan. Esto trasladado al escenario nacional implica que Sánchez ha prometido a Bruselas una armonización al alza de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones que obligaría a la Comunidad de Madrid, Andalucía y otras a subirlos.

Pues bien, desde la Comisión han puesto este miércoles el foco en este reforma precisamente en el día en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ha descartado. Estaba ya guardada en un cajón, pero justo la ministra se ha pronunciado ante el debate creciente sobre las bajadas de impuestos de las comunidades del PP. En declaraciones a los medios en el Congreso, Montero ha dicho que el Gobierno "explora esta armonización" pero ha advertido de que sólo podrá hacerse "en el contexto de la reforma de la financiación autonómica", reforma de gran complejidad que esta en mantillas y que no va a hacerse. Estaría muy ajustada de tiempos y de consensos políticos pero con las elecciones autonómicas el 28 de mayo y las generales en diciembre se da por sentado que no va a realizarse.

Esta reforma para armonizar al alza tributos autonómicos es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Sánchez y Montero convocó a un comité de expertos para que le asesorara con este fin. Los expertos entregaron el pasado 3 de marzo su informe en este sentido pero ese mismo día, con la guerra de Ucrania que acababa de estallar, la ministra advirtió que nada de esto se iba a hacer en el corto y medio plazo.

A partir de entonces, el Ejecutivo español se ha refugiado en la incertidumbre de la guerra para no acometer esta reforma, lo que mantiene hasta hoy.

Pues bien, fuentes de la Comisión han subrayado que el Componente 28 del Plan "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023, con medida de coordinación de distintos tributos a nivel autonómico para que no haya competencia fiscal".

"Tenemos que coordinarnos a nivel regional, estamos empezando a trabajar con las autoridades españolas, pero no puedo decir nada sobre la reforma en sí porque no la hemos visto. Está en el horno. Es  muy importante porque hay que dar apoyo a los hogares más necesitados y mitigar el impacto de la guerra. Hacen falta recaudar impuestos para los gobiernos y hacen falta ingresos para todos, que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible y hay que adecuar el sistema fiscal. Es un trabajo en curso y estamos trabajando estrechamente con las autoridades", han trasladado las mismas fuentes.

Impuestos verdes

Desde la Comisión también se ha aludido a los impuestos verdes comprometidos. El Gobierno español prometió subir la fiscalidad del diésel para equipararlo a la gasolina y otros tributos medioambientales antes del pasado 30 de junio. Es decir, a tener al menos un proyecto avanzado y en marcha. También se acordó una reforma al alza de los Impuestos de Circulación y Matriculación, además de los impuestos a plásticos y residuos. Sólo están listos estos últimos, cuya entrada en vigor se ha retrasado a enero.

A un total de 15.023 millones de euros asciende la subida de la fiscalidad del diésel y otros carburantes que proponen los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que el asesore en la reforma fiscal. Además de la armonización fiscal al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos, es la única medida clara que plantean.

Diésel y gasolina, gas natural, una modificación del Impuesto de Circulación y Matriculación, gravar combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, el pago por uso de infraestructuras viarias y la creación de un impuesto a los billetes de avión son sus propuestas.