La banca reta a Calviño a publicar el informe sobre el impuestazo que pide el BCE

Órdago de la banca al Gobierno. Las entidades piden a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, que publique el análisis sobre el impacto del 'impuestazo' en el crédito y en la solvencia del sector que pide el Banco Central Europeo (BCE) en su reciente dictamen. "Si han hecho un estudio, que lo muestren en público antes de que siga la tramitación parlamentaria", trasladan fuentes próximas a los bancos consultadas por Vozpópuli.

Los banqueros dan por hecho que la nueva carga fiscal restringirá el crédito y lo hará más caro, como también ha puesto de manifiesto el supervisor único. Y critican el impacto en la competencia que puede tener si la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista y Podemos se mantiene sin cambios.

"La imposición de impuestos o gravámenes ad hoc a las entidades de crédito con fines presupuestarios generales debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real", advertía el BCE en su dictamen hecho público la semana pasada y firmado por Christine Lagarde, la presidenta del banco central.

El Gobierno salió en tromba a defender el plan sobre el nuevo gravamen la semana pasada. Incluso la vicepresidenta económica garantizó que el Gobierno ya había analizado "las cuestiones que suscita el BCE" a la hora de diseñar el gravamen. Un extremo que en el seno de las entidades al menos se cuestiona. "El impuesto se improvisó de un día para otro", critican fuentes bancarias. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos no hicieron comentarios sobre si el departamento se plantea hacer público dicho análisis y se remitieron a las declaraciones de Calviño.

El BCE dio un toque de atención severo al Gobierno en su plan de gravar con el 4,8% los ingresos del negocio típico y las comisiones por la venta de productos financieros en España. Advirtió de que podría dañar el crédito y la competencia, e instó a las entidades a repercutir el impuesto a los clientes.

"Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades", exigió el banco central, que aclaró que la subida de precios a los clientes son "legítimos".

Puntos de fricción entre la banca y el Gobierno

El Gobierno se abre a incluir "mejoras" en el gravamen durante la tramitación parlamentaria en aras de la estabilidad financiera. De hecho, desde el sector no se descarta que el Grupo Socialista introduzca una enmienda parcial a la proposición de ley, que serviría, al menos, para suavizar el 'impuestazo'. El punto de mayor fricción es la obligación de que los bancos no trasladen a sus clientes el coste por el gravamen temporal entre 2023 y 2024. Las entidades descuentan que se provocará un encarecimiento del crédito, entre otras razones porque están obligados por la normativa actual, como recordó el BCE.

Otra de las quejas de los banqueros se centra en la "distorsión" de la competencia. La proposición de ley fija un listón de 800 millones de euros sobre la base de ingresos por intereses y por las comisiones en la venta de productos financieros. El texto recoge 2019 como la fecha de referencia, el último ejercicio pre Covid.

Las entidades presionan para que se rebaje el umbral y se reparta así la carga fiscal entre todo el sector, incluidos bancos extranjeros como Deutsche Bank e ING, que en principio quedarían fuera del perímetro del impuesto. "Tiene que cubrir a todos. Esperamos que en el trámite parlamentario se tenga en cuenta al menos la neutralidad dentro del sector", reclamó hace unos días César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell.