La banca amenaza al Gobierno con congelar la compra de deuda pública por el impuestazo

Escalada de tensión entre la banca y el Gobierno por el 'impuestazo'. Las patronales bancarias AEB y CECA negocian con el Ejecutivo suavizar la nueva tasa para recaudar unos 3.000 millones en dos años y han lanzado una advertencia de peso como medida de presión: congelar la compra de deuda pública española, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. La intención es forzar una corrección del impuesto aprovechando que el BCE tiene ahora menos predisposición a adquirir bonos de los países del euro.

Los bancos españoles son uno de los grandes tenedores de la deuda pública nacional. Atesoran una cartera de más de 140.000 millones de euros a cierre de 2021, según las estadísticas del Tesoro. Más del 80% la controlan las cinco grandes entidades del Ibex 35 (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter). En la primera mitad del año, los bancos han aumentado su posición en deuda soberana de España en otros 18.000 millones en la antesala de las subidas de tipos en la eurozona.

Las entidades recurren a la deuda pública como herramienta para gestionar los riesgos de liquidez a través de las conocidas como carteras Alco y se aprovechan para obtener ingresos en momentos oportunos de mercado.

El BCE, por su parte, tiene 407.267 millones en deuda pública española a junio. Es el gran tenedor ante la apuesta del organismo por proteger las primas de riesgo por la fuerte volatilidad desde la pandemia. Ya ha dado de baja el 'salvavidas' de 750.000 millones de euros que lanzó a las economías del euro en marzo de 2020, el conocido como Programa de Compras de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP, según sus siglas en inglés). Pero el banco central se reservó la posibilidad de seguir reinvirtiendo los fondos de este programa hasta 2024.

Los grandes bancos batallan con el Gobierno para extender el nuevo gravamen también a bancos extranjeros con presencia en España, como ING o Deutsche Bank"

Estas reinversiones también se acompañarán del nuevo mecanismo para proteger las primas de riesgo de los países más vulnerables, el denominado TPI (Transmission Protection Instrument) . Aunque, en este caso, el apoyo financiero exigirá más condiciones para poder beneficiarse, como cumplir con el marco fiscal de la UE y disponer de "políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles".

El aviso sobre un menor apetito por la deuda soberana se ha deslizado en las reuniones que están manteniendo las patronales con el Ministerio de Economía para intentar suavizar el 'impuestazo'. Los grandes bancos batallan para que el nuevo gravamen se extienda también a los bancos extranjeros con presencia en España, como ING, Deutsche Bank y BNP Paribas. Se trata de repartir los 3.000 millones de recaudación entre más entidades. El listón de la proposición de ley es de 800 millones sobre la base de ingresos por intereses y por las comisiones del ejercicio 2019, el último antes de la pandemia.

En las conversaciones con Economía los grandes bancos también han pedido una compensación fiscal a través del Impuesto de Sociedades, que en el sector es del 30%. La intención es computar el impuesto extraordinario como gasto deducible, lo que conllevaría a una rebaja de la base imponible de Sociedades en unos 900 millones y que se repartirían en los cuatro pagos previstos.

La banca confía en el BCE

Aunque hay contactos con el Gobierno, también para estudiar medidas de protección a las familias vulnerables por la subida abrupta de las hipotecas variables, el posible cambio se tendría que articular a través de los socios del Ejecutivo: el Grupo Socialista y Podemos. Estos partidos fueron los que presentaron la proposición de ley con los nuevos gravámenes a las energéticas y a los bancos, y son los que tendrían que articular los posibles cambios en la fase de enmiendas.

Pedro Sánchez quiere convertir en ley los nuevos impuestos antes de final de año. Y está previsto que el dictamen del BCE pueda llegar a tiempo antes de que termine la tramitación parlamentaria. El 'impuestazo' ya está en el buzón de Francfort, que examinará durante al menos un mes sus particularidades. En principio, podría chocar con la normativa europea, que obliga a las entidades a tener en cuenta todos los costes, incluidos los impuestos, en sus productos. El Gobierno quiere evitar un choque frontal con el BCE, que en 2019 fue muy duro con Lituania por aprobar una tasa similar sin contar con su opinión.